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La implementación de la medida también es importante

19 agosto de 2016

por Gabriel Caamaño Gómez (Consultora Ledesma)

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) frenó el aumento de tarifas de gas para los usuarios residenciales, confirmando un fallo de la Cámara Federal de La Plata y estableciendo que las tarifas deben retrotraerse a los niveles previos. Asimismo, mantuvo la tarifa social y excluyó de su decisión a los usuarios comerciales y residenciales.

En el comunicado de prensa, la CSJN remarcó que las audiencias públicas son obligatorias, un paso que el Gobierno omitió al tomar la medida. También mencionó la necesidad de dar parte al Defensor del Pueblo de la Nación, quien todavía no ha sido designado. Un falló salomónico, al decir de muchos.

Ahora bien. Más allá de algunas contradicciones de criterio del propio fallo y de la gran cantidad de artículos e informes que hemos producido en los últimos años alertando sobre la necesidad avanzar rápidamente en la corrección de los cuadros tarifarios como elemento indispensable para reparar la devastada matriz energética local, racionalizar el consumo y superar el enorme déficit fiscal heredado (causa última de insustentabilidad macro), es cierto que el fallo era esperable (y hasta sano). Invalida el ajuste tarifario, no porque el mismo esté mal, sino porque no se cumplió con el procedimiento correcto. Apuntando a un error de implementación injustificado por parte del Poder Ejecutivo, ya que las audiencias no son vinculantes.

En ese sentido, creemos que el Gobierno debería reaccionar con rapidez, y evitar el recurso la victimización tan frecuente en la administración anterior (cuando encontraba algún límite judicial, político o hasta económico y/o social a sus decisiones). Léase, debería dejar de discutir si se equivocó (o no) y hasta justificarse. Asumiendo el error de implementación y avanzando nuevamente con el ajuste, pero ahora respetando el procedimiento que le pide la CSJN.

Esa sería la mejor forma de minimizar el costo para el equilibrio macroeconómico local y, al mismo tiempo, construir institucionalidad. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el parche que habían implementado (tope de aumento) era muy contraproducente y también puede ser una oportunidad de enmendarlo.

Respecto del IPC, habrá una corrección a la negativa en este rubro en agosto. Sin embargo, si el Gobierno no pierde tiempo, ese efecto sería transitorio ya que antes del fin de año volvería a implementarse el aumento tarifario, impactando el mismo sobre el índice.

No hay dudas de que en el corto-mediano plazos va existir un impacto negativo sobre el déficit fiscal, las inversiones en el sector energético, el endeudamiento público, la emisión monetaria y, por lo tanto, en el sendero futuro de inflación y crecimiento. Pues nada en economía es gratis.

Aún a pesar de lo cual, y de cara al largo plazo, creemos que era peor la indefinición en la que estábamos o, incluso, atentar contra la consolidación institucional que tan importante fue en la plataforma electoral de Cambiemos. En ella, los límites judiciales a los actos indebidos del Poder Ejecutivo, por fondo y/o forma, son clave. Nos gusten más o menos, sean más o menos funcionales a los equilibrios macroeconómicos de corto plazo.

Concluyendo. Lamentablemente, el Gobierno está aprendiendo de la peor manera una máxima, no ya económica, sino de sentido común: la correcta implementación de una medida es tan importante como el diagnóstico del problema, su diseño y su justificación.

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