La transferencia de los subterráneos de la Nación a la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un tema central de la agenda pública. El Gobierno Nacional quiere desprenderse del servicio y el de la CABA está dispuesto a hacerse cargo de él pero, pese a esa coincidencia, en la práctica ha resultado imposible encontrar un mecanismo adecuado para realizar el traspaso. La situación del transporte, lejos de entrar en un terreno de cooperación, se ha vuelto sumamente conflictiva.
El tema es complejo pero factible de concretar en la medida en que haya voluntad de los principales actores involucrados. Es difícil que el manejo del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires genere un rédito político en el corto plazo. Cualquier mejora sustancial del servicio, y que sea percibida por los usuarios, necesita tiempo y una gran cantidad de inversiones. Pero los recursos no están y por lo tanto habría que desatender otras áreas. A su vez, cualquier comienzo de solución requiere de aumentos de tarifas que siempre generan malhumor social.
El acuerdo que estaba en marcha comenzó a retroceder luego de la tragedia de Once. En las próximas semanas el Congreso Nacional aprobará con una amplísima mayoría el proyecto del Poder Ejecutivo que le traslada el subte y otros medios de transporte a la ciudad. A su vez, existen muchas posibilidades de que la Legislatura capitalina no acepte el servicio en la medida en que la transferencia no se haga junto con los recursos. Se planteará allí un conflicto y por eso hay quienes no descartan que, finalmente, todo el proceso termine en la Justicia. Sería un retroceso porque la cuestión es esencialmente política y en ese terreno debe resolverse. Por cierto que complica la resolución del tema, que el Gobierno Nacional se sienta cómodo teniendo a Mauricio Macri como su principal adversario político. Es la polarización que prefiere porque le permite presentarse como la cara del “progresismo” frente al “candidato de los medios hegemónicos”. A su vez, Macri procura construir una alternativa política que se diferencie claramente del kirchnerismo de los subterráneos por lo cual esta confrontación favorece a ese posicionamiento.
Pero en el conflicto del subte no hay sólo cuestiones de estrategia electoral sino diferencias concretas que se vinculan con la falta de inversión en muchos sectores y el agotamiento de la política de subsidios. En el macrismo creen que en la Casa Rosada harán todo lo posible para complicarles la gestión y hacerle pagar el costo de los aumentos de tarifas porque la Nación necesita seguir adelante con el recorte de subsidios para que las cuentas nacionales no sigan deteriorándose. A su vez, desde el Gobierno Nacional sostienen que Macri no asume la responsabilidad que le corresponde y esa conducta es incompatible con sus pretensiones presidenciales. Pero ninguno tiene demasiado margen para estirar la situación. El reclamo social es que el transporte mejore y ambos gobiernos pagarán un costo político en caso de que no se logre un avance.
(De la edición impresa)
