(Columna de Juan Gabriel Flores, abogado y magíster en Política y Gestión Pública)
Según el “Panorama Gráfico de la Argentina”, confeccionado por la oficina de Cepal en Buenos Aires, el PIB per cápita, a dólares del 2000, se acercaba a los U$S 6.000 en 2007, similar al que teníamos en los '70 pero todavía muy por debajo de los U$S 9.000 de la década de los '90. Es innegable la recuperación poscrisis que se aprecia desde el 2002, pero entiendo que no ha sido producto de una mayor competitividad no costo sino, más bien, por un tipo de cambio fuertemente depreciado, superávit de cuenta corriente y fiscal holgados, expectativas inflacionarias bajas, una economía mundial floreciente y la reutilización de la capacidad ociosa instalada.
Pero desde el 2008 y hasta la fecha, comenzó a notarse una fuerte disminución en la tasa de crecimiento, una paulatina pero constante pérdida de competitividad guiada por una aceleración de la apreciación del tipo de cambio real por vía de la inflación, una disminución del superávit de cuenta corriente, el surgimiento de déficit fiscales crecientes y expectativas inflacionarias en ascenso. También, se ha disparado el costo laboral. Hoy tenemos el salario mínimo vital en dólares más alto de América Latina y en términos absolutos estamos encimándonos a España y Portugal en cuanto a niveles salariales al tipo de cambio oficial. Y, como sabemos, los costos laborales son uno de los componentes sustanciales de la competitividad precio de una empresa, sector o país.
La estrategia oficial
El Gobierno ha elegido el camino de la devaluación para lograr competitividad. Ha tomado el camino de la solución coyuntural. Tras varios años de haber utilizado el tipo de cambio como un ancla antiinflacionaria, y en contra de lo que suele argumentar públicamente de un ajuste en la materia, el equipo económico comenzó a acelerar el ritmo de devaluación del peso. La cotización del dólar oficial en julio subió 2,19%, la tasa de devaluación mensual más importante de los últimos 51 meses. Pero para el mediano y largo plazos, entiendo que es necesario ampliar la escala del mercado interno mediante el aumento del poder adquisitivo de los salarios y no reduciéndolo a causa de la inflación.
También, la Argentina debe buscar nuevos socios comerciales y, en especial, tender puentes con la recién constituida Alianza del Pacífico que, en términos de PIB, representa el 40% de la región. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el incremento de la inversión a los fines de aumentar el stock de capital disponible y, en especial, en infraestructura, reduciendo los costos fijos medios del transporte, los energéticos y otros costos relevantes referidos a la competitividad. Falta, además, lograr una mayor eficiencia en la organización productiva, así como innovación tecnológica que redunde en mejores bienes de capital generadas endógenamente por el aparato productivo, permitiendo de esa manera ahorrar costos e incrementar la productividad.
Y, por último, aunque tal vez debería ser lo primero, garantizar el Estado de Derecho: predictibilidad, bases imponibles estables, respeto de los contratos y garantía de libre comercio, que es lo que genera la inversión en la industria. Sobre todo, se hace necesario articular de una vez por todas el tema de la coparticipación federal, toda vez que las economías regionales se ven afectadas por la falta de previsibilidad de costos por el aumento de la presión tributaria.
¿Dónde estamos?
Bajo este panorama, la pregunta sería dónde se encuentra la Argentina en términos de competitividad sistémica a nivel regional y mundial. De acuerdo con el relevamiento del Foro Económico Mundial, en materia de competitividad sistémica el país ocupa el puesto 94 de 144 países relevados. En la región sudamericana, la Argentina ocupa el séptimo lugar detrás de Chile (33º), Brasil (48º), Méjico (53º), Perú (61º), Colombia (69º) y Uruguay (74º).
Pero lo preocupante es que no sólo se ubica en el puesto 94º a nivel mundial y séptima puesto a nivel regional sino que es el peor país de la región en cada uno de los tres subíndices que conforman el índice de competitividad sistémica. En requerimientos básicos, ítem más importante dentro de la competitividad sistémica, la Argentina en la región está última “cómoda”, ocupando el puesto 96º a nivel mundial.
En definitiva, uno de los problemasmás importantes a resolver en la Argentina es la muy baja competitividad, que hoy se ubica por debajo de la de sus socios y competidores de la región. Justamente, la macroeconomía de nuestros países vecinos puede convivir y funcionar “bien” con tipos de cambio reales más bajos que los de la Argentina, porque sus economías presentan una competitividad sistémica mayor que la que tiene nuestro país. Además, esta mayor competitividad sistémica se traduce generalmente en más inversión, mayor creación de puestos de trabajo, más baja tasa de desempleo y crecimiento económico menos volátil y más sustentable.
Y creo que la seguridad social tiene algo que aportar para lograr una mayor competitividad. Los sistemas de protección social son una herramienta poderosa para combatir la pobreza y la desigualdad, ya que no sólo impiden que las personas y sus familias se empobrezcan o permanezcan en la pobreza sino también contribuyen al crecimiento económico mediante el aumento de la productividad laboral y la mejora de la estabilidad social. Y unos de los pilares fundamentales de la seguridad social es el seguro de desempleo, según lo establecido en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Creo que es necesario transformar el seguro de desempleo para que deje de ser meramente asistencial y se convierta en un seguro de desempleo con formación profesional. Con este esquema, el trabajador desocupado podrá obtener la preparación necesaria para el reingreso a un mundo laboral, que hoy está condicionado en gran medida por el desenvolvimiento de la economía internacional. Hay que usar la educación como matriz y motor de la empleabilidad para vincular a la sociedad con la empresa, como lo ha manifestado la OIT en las notas sobre trabajo decente en la Argentina de junio de 2012.
Hoy, la normativa de la seguridad social establece que el empleado se encuentra obligado al pago del 17% de su haber para el financiamiento de los subsistemas de salud y previsión social, mientras que el empleador se encuentra obligado al pago del 33% para el financiamiento del sistema de salud, previsión social, asignaciones familiares y seguro de desempleo. Además, la seguridad social cuenta con recursos de diferentes fuentes impositivas, como el 15% de la masa de impuestos coparticipados, el 20% del Impuesto a las Ganancias, el 11% del IVA, el 21% del Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural, la totalidad de los impuestos que gravan en forma específica el gasoil, diesel- oil, queroseno y gas natural comprimido, el 70% del monotributo y el Impuesto Adicional de Emergencia sobre Cigarrillos.
Además, el gobierno federal, los gobiernos provinciales y municipales, las organizaciones gremiales, las cámaras empresariales y algunas empresas desarrollan líneas de capacitación y formación continua, destinando presupuesto para dicha actividad. Escuelas primarias y secundarias, escuelas de formación profesional, planes de empleos como el “Más y Mejor Trabajo” y el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) son ejemplos de estas acciones en pos de lograr mayor competitividad. Y no hay que dejar de mencionar a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que otorga, bajo condición de regularidad en el estudio y en los controles sanitarios, una prestación monetaria hasta los dieciocho años.
Como se puede apreciar, la creación de un seguro de desempleo universal con formación profesional tendría fuentes de financiamiento. Sólo hay que redireccionar el presupuesto de la seguridad social y coordinar el gasto de todos los niveles del gobierno federal. Nación, provincias y municipios logrando mayor eficiencia y eficacia en el objetivo de generar mayor competitividad sistémica.
