Por Guido Lapa Economista
La espera se agotó. El partido de la renegociación de la deuda ya se está jugando. Algunos dirán que empezó cuando Martin Guzmán anunció la propuesta de reestructuración de la deuda con legislación extranjera, otros replicarán que el comienzo formal fue cuando se oficializó en la SEC (la oficina estadounidense dedicada a estos problemas) y un tercer grupo considerará que la pelota empezó a rodar recién el pasado miércoles 22 cuando el Gobierno dejó de pagar por primera vez un vencimiento y entró en tiempo de descuento para ver si finalmente consigue eludir el default o si es incapaz de evitarlo.
La propuesta de reestructuración resulto ser mucho más light de lo que se había insinuado. La quita sobre el capital sería de apenas 5,4% y los nuevos bonos pagarían una tasa de 2,3% de intereses promedio, un rendimiento menor al de una economía quebrada pero considerablemente mayor al de los países solventes. El Gobierno peleó para que el FMI declarará que la deuda era “impagable” y ahora se aferra a pagar lo impagable desconociendo la dinámica de deuda externa y fuga, apurado en oficializarla para que la rueda siga girando.
Por su parte, los fondos de inversión buscan un acuerdo aún más favorable que el presentado y seguramente lo consigan, dado que tanto Alberto Fernández como Guzmán prefieren rescatar una deuda que vale 30 centavos por dólar antes que rechazarla. Recordemos que incluso en caso de que haya acuerdo, se está negociando tan solo un quinto de la deuda pública total de Argentina: la de legislación extranjera. Los bonos con ley nacional ya fueron unilateralmente reperfilados.
Lo que nadie puede dudar es que las condiciones económicas se agravaron. La economía argentina se encuentra virtualmente (como le gusta decir a Fernández) en bancarrota, en parte, por haber sido, gobierno tras gobierno, “pagadores seriales”. Los que reclaman una política de Estado, aquí la tienen.
La propuesta llegó de la mano del Presidente, que consiguió algo inimaginable al comienzo de su gestión: sentar en la misma mesa a Cristina Kirchner, Sergio Massa y los más importantes gobernadores de la oposición, incluido el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Repitió, a nivel ejecutivo, el apoyo que el Congreso (con la sola excepción de la izquierda) le había dado cuando firmó un cheque en blanco en para que Guzmán negocie con los acreedores.
El coronavirus le quitó a la propuesta de canje el protagonismo que había tenido los primeros 100 días de Gobierno pero, aunque se juegue sin los reflectores que merece, el ingreso o no de Argentina en default será determinante política y económicamente, una vez controlada la emergencia sanitaria.
La crisis económica parece no estar en condiciones de esperar hasta entonces, ni hablar de las perspectivas de volver a la situación anterior: la pandemia va a parir una nueva configuración de la economía mundial y nacional. De todas formas, la crisis argentina viene desarrollándose con anterioridad a la pandemia, como lo demuestra el hecho de que en abril se cumpla el segundo aniversario de la recesión en Argentina. O los casi 8 años de estancamiento.
El que no llora no mama
Fernández y su gabinete se juegan en esta renegociación una parte del capital político ganado en las últimas semanas, aunque cada vez más cascoteado. En caso de declararse el default, las posibilidades de endeudamiento en el corto y mediano plazo se verían totalmente anuladas. La cuestión se agrava con el impacto que la pandemia está teniendo a nivel global y la caída de los precios de los productos que el país exporta. Ni que hablar de una Vaca Muerta que está más muerta que nunca.
Sin fuentes de financiamiento (el incierto impuesto a las grandes fortunas no moverá el amperímetro), el Gobierno recurre compulsivamente a la emisión monetaria, intentando sacar pesos de la galera para auxiliar a todos los que se lo demandan. En este contexto de parate generalizado no hay un solo sector que no reclame ayuda estatal: desde los desocupados hasta los grandes empresarios, pasando por monotributistas, autónomos y pymes.
La relación del Gobierno con los empresarios es una frente a cámara y otra cuando se apagan. “Los miserables” saben que por fuera de algún reproche público están habilitados a suspender, aumentar los precios e incluso a despedir, como lo demuestra la homologación del Ministerio de Trabajo a Techint. Sin embargo, ni la reforma laboral de hecho ?según CEPA ya hay 300.000 despedidos o suspendidos- ni el pago de la mitad de los sueldos alcanza si van a tener cerrada la ventanilla crediticia.
Las finanzas provinciales, por su parte, están a punto del knockout, altamente endeudadas y con la recaudación cayendo cerca de 70%. Representantes de distintas provincias ya empezaron a amenazar con la emisión de monedas propias (cuasimonedas) en caso de que no llegue el auxilio del Gobierno Nacional. La falta de pesos sirvió para que Córdoba diera el puntapié inicial pagando a proveedores con un bono, pero una cosa son los proveedores y otra muy distinta los trabajadores. La situación podría escalar significativamente si los gobernadores buscaran pagar los sueldos con una moneda distinta del peso. Sería la manifestación de una bancarrota que nadie quiere mostrar y que recaería sobre empleados públicos, docentes y profesionales de la salud que cobrarían en moneda provincial con una paridad devaluada frente al peso.
Los gobernadores insisten en que la forma de evitar esta situación es que Nación colabore con pesos que no tiene y, entonces, imprime. La emisión monetaria de marzo marcó un nuevo récord: se imprimieron $600.000 millones, un tercio de la base monetaria incluso sin haber pagado el IFE, ni el subsidio a las empresas, solo dejando vencer Leliq y pagando deuda en pesos.
La realidad es que la emisión a gran escala no es inocua. La escalada del dólar Bolsa o el Contado Con Liquidación (CCL) son una consecuencia directa de que una buena parte de esa emisión haya ido a parar a los bancos. El Gobierno soñaba ilusamente con que esa liquidez sirviera para que le presten a las empresas, pero ellos se niegan a prestar porque no saben si sus clientes estarán en condiciones de devolver.
El aumento intempestivo de la moneda estadounidense se ve matizado por el sostenimiento del dólar oficial vía cepo, pero la brecha ya alcanzó los niveles máximos del kirchnerismo y es lógico pensar que la presión devaluatoria se puede trasladar a los precios. Los que descartan esa variante por encontrarnos en medio de una recesión deberían de revisar la historia reciente de nuestro país que viene de un 2019 con 53,8% de inflación y una caída del poder adquisitivo del salario del orden del 10%.
El ojo del huracán
El panorama no parece en absoluto auspicioso para una economía inmunodeprimida. El respirador oficial es de apenas el 3% del PIB, una quinta parte que en otros países. El auxilio aparece en muchos casos mal dirigido, hacia empresarios solventes o incluso financiando a bancos que promueven la fuga de capitales.
Las negociaciones con los acreedores pueden extenderse durante bastante tiempo. La hipótesis que prima es la de una negociación bono por bono con nuevas concesiones dependiendo de quiénes sean los poseedores, cuándo venzan y quién los haya emitido. Un desangre tortuoso.
El Gobierno está jugando el partido de la deuda, el que el Presidente se jactaba de conocer de su etapa como Jefe de Gabinete. En medio de la pandemia parece estar cada vez más lejos de cumplir con su principal promesa de campaña: reactivar la economía.
