Por Héctor Rubini Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
Entre hoy y mañana las dos cámaras del Congreso aprobarán con mínimas modificaciones el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica que engloba una serie de medidas complementarias a los decretos de la semana pasada. El combo es bastante complejo y habrá que esperar varias semanas para ver como se van ajustando las expectativas y los presupuestos a esta primera batería de medidas económicas. Los objetivos básicos son tres: a) recuperar iniciativa para sostener al menos un resultado fiscal primario (sin computar egresos por intereses) positivo y eliminar la necesidad de emitir dinero para para financiar el Fisco, b) preservar reservas internacionales para pago de vencimientos de la deuda pública, y c) transferencias a las personas de menores ingresos.
La batería de medidas es claramente heterogénea, y tiene efectos asimétricos y en algunos casos contrapuestos que tornan muy dudoso lograr de esos objetivos. Yendo a las medidas en particular.
Precios regulados:
Congelamiento de tarifas por 180 días.
Acuerdo con las cámaras farmacéuticas para retrotraer los precios de los medicamentos a los del 6 de diciembre pasado (rebaja promedio del 8%) y su congelamiento hasta fin de enero próximo.
Aumento de presión tributaria:
Suba de retenciones a exportaciones agroalimentarias (Decreto 37/2019 más suba adicional en el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Económica). No se derogarían las retenciones a las exportaciones del resto de bie
nes y servicios.
Impuesto de ”emergencia” por cinco años con una alícuota de 30% a la compra de divisas para atesoramiento u otro destino no especificado, y a toda compra con tarjeta de crédito o débito de divisas o bienes y servicios provenientes de una contraparte no residente en el país. Exenciones: compras al exterior de medicamentos, libros, e insumos de investigadores que de desempeñen en el ámbito estatal.
Condonación de deudas tributarias (incluyendo multas e intereses) y facilidades de pago de obligaciones vencidas por parte de pymes.
Aumento de las alícuotas del impuesto a los bienes personales.
Duplicación de alícuota de impuesto a débitos y créditos bancarios para extracciones bancarias en efectivo de empresas no pymes.
Aumento de Impuestos Internos sobre autos 0 km de precio superior a U$S 28.000.
Aumento de la tasa de estadística para importaciones de 2,5% a 3%.
Medidas de alivio fiscal
Habilitación a la AFIP para establecer un régimen de reintegros impositivos a personas de bajos ingresos y microemprendedores (el proyecto no prevé plazos).
Impuesto a las Ganancias sobre la renta financiera. Quedaría exenta la renta de depósitos a plazo fijo, obligaciones negociables, títulos públicos, cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos con oferta pública. Para las personas físicas quedaría exentos los intereses de cajas de ahorro, plazos fijos en pesos y otros activos que reglamente el BCRA. Seguirán pagando los plazos fijos ajustados por UVA.
Seguridad social
Sustitución por 180 días de uso de fórmula legal para indexar jubilaciones por subas por decreto del PEN.
Pago de un bono de $5.000 para diciembre y enero a jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima.
Anulación de la baja programada de contribuciones patronales para el sector privado prevista en la reforma tributaria de 2017, pero cómputo parcial de las mismas como crédito fiscal del IVA.
Regulaciones laborales
Doble indemnización por despidos por 180 días.
El Poder Ejecutivo quedaría facultado para disponer per se aumentos salariales para trabajadores de empresas del sector privado.
Financiamiento del BCRA al Tesoro con dólares
El Tesoro podrá endeudarse con el BCRA por hasta U$S 4.570 millones, entregando a cambio tres letras a 10 años, y usar esas divisas para pagar vencimentos de la deuda pública.
Financiamiento del FGS-Anses al Tesoro
Se elevará hasta 70% el máximo de la cartera de activos del FGS-Anses que podrá estar invertida en deuda pública del gobierno nacional.
Las características e implicancias del primer paquete de medidas económicas permiten observar que es básicamente un “impuestazo”, con mínimos alivios al sector privado y búsqueda de facilitar el financiamiento al Tesoro para cancelar vencimientos de la deuda. No es claro que contribuya a un sendero sustentable. En el corto plazo podría poner un freno a la caída libre de la actividad y del stock de reservas internacionales del BCRA. Sin embargo, el gravamen a la compraventa de divisas creó lo que desde esta semana se dio en llamar “dólar turista” que puede ser el verdadero termómetro de las expectativas de inflación y de depreciación del peso.
Las medidas de alivio al sector privado son, a priori, irrelevantes y aquellas en materia laboral y de seguridad social tienen tres efectos muy definidos: 1) desalientan la creación de empleo, 2) quedan todos los jubilados y pensionados expuestos a una gran incertidumbre respecto del futuro de sus ingresos en términos reales, 3) crea una marcada incertidumbre respecto de qué ocurrirá a partir del día 181, una vez que varias de estas regulaciones dejarán de tener vigencia. Similar problema emerge del congelamiento tarifario. En cuanto a las retenciones a las exportaciones, su efecto positivo en los ingresos fiscales son bastante inciertos. No ha sido trivial el adelantamiento de liquidación de divisas antes de la entrada en vigencia de esta Ley (probablemente la semana próxima) y la falta de lluvias en buena parte de la pampa húmeda agravará el problema de liquidez de muchos de los productores. Sobre todo, de los pequeños y medianos y de los de la zona de influencia de grandes compradores hoy con problemas de liquidez (de mínima), como son los casos de BLD y Vicentín.
Su aporte, en suma, a la reversión de la dinámica recesiva actual, como de mínimo incierto. Nada asegura que contribuya a la estabilidad permanente de precios, dado que incuba futuros tarifazos para el segundo semestre del año o después. Los controles de cambio y la visible falta de independencia del BCRA tornan altamente dudosa la capacidad de control efectivo de la tasa de interés y del tipo de cambio (aun con cepo). El núcleo de este paquete es una transferencia de recursos del agro, los jubilados y parte de la clase media, al Estado, y de éste a los acreedores del Sector Público. Que esto sea sostenible es, de mínima, dudoso. Su coherencia con el retorno al crecimiento permanente y con inflación en baja, es incierto.
Claramente, serán necesarios varios cambios y una mejor forma de presentación y comunicación. Si algo está claro es que esto lejos está de ser un programa definitivo, creíble y a prueba de nuevas crisis. Faltan ahora los debates (ya iniciados) entre la Nación y varias provincias, y el funcionamiento del futuro Consejo Económico y Social. Su coordinación no parece ser fácil, pero es por demás necesaria. Tanto para evitar el retorno prematuro a nuevos escenarios de crisis, como para encaminar una negociación de la deuda que probablemente insuma mucho más que los 3 meses de los que se hablaba antes del 10 de diciembre.
