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Reforma previsional de Brasil mete presión a Argentina

03 julio de 2019

Por Juan Ignacio Miguez

La previsional es una de las varias reformas que el próximo Gobierno deberá encarar. El Indec indica que, en 2019, hay 6.983.377 habitantes de 60 años y más, y ese gasto es el más pesado en términos del PIB, ya que alcanza el 10%. La bases principales de la crisis son dos: la edad mínima para jubilarse y la baja cantidad de aportantes al sistema en relación a los beneficiaros, que tiene un ratio de 1,4 activos por pasivo. Pero no solo el sistema argentino está en crisis, sino que también lo está en varios países, sobre todo los europeos y latinoamericanos. Dentro de estos últimos se encuentra Brasil, cuya reforma tiene probabilidades crecientes de ser aprobada en los próximos meses y le metería presión a Argentina, sumada a la del FMI, por el compromiso asumido en el acuerdo de realizar una reforma profunda del sistema.

En febrero, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, presentó la propuesta de reforma del sistema previsional, que le permitiría al Estado brasileño ahorrar US$ 312.000 millones en 10 años. El déficit estimado para 2019 es de US$ 60.000 millones. El primer punto de la reforma brasileña es la edad mínima. En la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres con una contribución mínima de 15 años, y también existe la posibilidad de jubilarse sin una edad mínima pero con aportes por al menos 30 años para mujeres y 35 años para hombres. Esto genera que existan casos de personas que comenzaron a aportar a los 20 años, y ya se encuentran en condiciones de jubilarse a los 50. Por su parte, la nueva propuesta establece una edad mínima de 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres, pero con una contribución base de 20 años. La edad mínima es condición necesaria para lograr el retiro.

Otra modificación importante será en la percepción de la jubilación. En la actualidad, los brasileños reciben el 100% al momento que deciden retirarse, pero el nuevo proyecto prevé otro esquema. Con los 20 años de contribución mínima, el trabajador tendría derecho al 60 % del valor de la pensión integral. A partir de ahí, se incrementará 2% por cada año más trabajado. Se necesitan 40 años para recibir 100%.

En tanto, también habría modificaciones en los porcentajes de retenciones. En la actualidad, la alícuota se calcula sobre todo el salario, y va desde el 8% para salarios hasta US$ 461, 9% para salarios entre US$ 461 y US$ 771 y 11% para salarios a partir de los US$ 771. En el nuevo sistema, los cálculos de las alícuotas se hacen sobre bandas salariales, y no sobre el sueldo completo. De esta manera, baja la presión sobre los salarios menores y sube sobre los mayores. Para quien gana el salario mínimo de US$ 270 por mes será de 7,5%. Para aquel que gana más de US$ 10.500 la alícuota es del 16,79%.

Otros cambios destacables son el límite a la acumulación de pensiones o beneficios; habrá trabajadores con edades mínimas diferenciadas para jubilarse, como los rurales, policías civiles y federales y los profesores; habrá cambios en la pensión por incapacidad permanente, que será del 60% del salario medio del trabajador siempre que haya aportado al menos 20 años, y a partir del 2021, irá sumando 2% de jubilación por año.

Por último, se puede mencionar que se habilita la opción de elegir el sistema de capitalización público o el privado. Tendrá las siguientes características: capitalización en esquema de contribución definida, garantía de salario mínimo, libre elección del trabajador en el modo de gestión de las reservas, las reservas serán gestionadas por empresas públicas y privadas habilitadas por el ente regulador garantizando transparencia y posibilidad de cámara nacional con mayor protección al trabajador y menor costo de transacción.

En dialogo con El Economista, Jorge Castro, experto en política internacional, considera que el proceso de aprobación es complejo, pero que Jair Bolsonaro tendría los votos necesarios para su sanción. “Al tratarse de una enmienda constitucional, se necesita la votación afirmativa de 3/5 de la Cámara de Diputados dos veces”, Castro explica que el mayor problema lo enfrenta allí, donde hay 513 integrantes y ningún partido tiene más del 20% de la representación. Por su parte en la Cámara de Senadores sería más sencillo, ya que hay acuerdo con 24 de los 27 gobernadores. Con respecto al impacto que podría tener para Argentina, Castro dice: “Le impacta en un sentido muy concreto: con esta reforma, Brasil podía crecer 3% anual y la regla indica que por cada punto que Brasil crece Argentina crece 0,25 punto adicional”.

Pero, más allá de esa externalidad positiva, los mercados mirarán si Argentina logra avanzar en esa reforma estructural pendiente. Si Bolsonaro y Guedes cumplen su objetivo, el próximo Gobierno tendrá más presión para generar un resultado similar.

Hoy en día la situación del régimen previsional de Argentina es muy precaria. Luego del cambio de la fórmula, el déficit alcanzó 2,4% del PIB, y la mayoría de los jubilados cobran el haber mínimo de $11.534. Una de las grandes causas, más allá de la gran cantidad de jubilados que hay en el sistema, es el alto empleo informal: 35%. Pero la reforma no es nada sencilla, ya que requeriría de un amplio acuerdo político y social, para evitar incidentes como los sucedidos en diciembre del 2017 tras la aprobación del cambio de fórmula.

En relación a esto último, Jorge Colina, presidente de Idesa, indica que en los países desarrollados existe 18% de la población con 65 años o más, y el gasto en jubilaciones significa el 10% del PIB. “En cambio, en Argentina y Brasil, con poblaciones de 65 años o más de 11% y 9% respectivamente, ese gasto alcanza el 12% del PIB, considerablemente más que en los países desarrollados”.

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