(Columna de Ariel Barraud, economista del Insitituto Argentino de Análisis Fiscal -IARAF-)
Argentina se encuentra en recesión, y todo indica que resultará más pronunciada de lo que se avizoraba a comienzos de año. Una respuesta de política económica ante este diagnóstico es tratar de amortiguar la contracción de la economía mediante acciones contracíclicas. Esto es, las autoridades pueden contribuir a aumentar la demanda total de la economía por dos vías, que pueden ser emprendidas o no en conjunto: por un lado, reduciendo la presión tributaria legal (lo que aumenta el ingreso disponible) y, por otro, aumentando el gasto público, lo que acrecienta la absorción interna. Claramente, en el caso argentino se decidió centrar el “poder de fuego” en el lado del gasto.
Las estadísticas fiscales de los últimos años muestran que la continua expansión del gasto no necesariamente surge como respuesta ante una fase recesiva, sino que más bien forma parte del ADN del manejo de las finanzas públicas. En efecto, desde el año 2007 el gasto corriente nacional creció siempre a tasas superiores al crecimiento de los ingresos. Independientemente de si se estaba en un año de auge, de crisis, eleccionario o de transición, las erogaciones se incrementaron a una velocidad siempre mayor a la que lo hacían las fuentes necesarias para sustentar dicho comportamiento.
Por más que resulte obvio, conviene recordar que el sector público, como todo agente económico, está sujeto al principio básico y fundamental de la economía que es la escasez de los recursos, que se refleja en lo que se conoce como restricción presupuestaria: existe un límite para los inagotables deseos de gasto o inversión pública, por más loables que éstos sean.
Pasado, presente y futuro
Un indicador de la restricción presupuestaria que enfrenta el Gobierno Nacional es cuánto de su gasto corriente puede cubrir con sus ingresos “habituales”. Considerando a estos últimos como la suma de todos los ingresos nacionales excepto las rentas de la propiedad (utilidades del BCRA y rentabilidad del FGS de la Anses, que en teoría no son “habituales”), puede apreciarse que mientras entre 2004 y 2008 “sobraban” 20% de ingresos para destinar a gastos no corrientes (por ejemplo a inversión en obra pública), en 2011 la totalidad de los ingresos se agotaron en cubrir los mencionados gastos, y a partir de 2012 hay un faltante de recursos para cubrir los gastos corrientes, que llegará al 10% aproximadamente en 2014.
Resulta claro entonces por qué se debió recurrir cada vez en mayor medida al financiamiento de la Anses y del BCRA (denominado rentas de la propiedad). Los datos del primer semestre de 2014 muestran que el resultado primario del sector público nacional mutaría de un superávit ($2.202 millones) a un déficit de $48.546 millones si no se contabilizaran las rentas.
Nivel y sostenibilidad
El punto clave es cómo se financia un determinado tamaño del gasto (y del Estado), es decir, hasta dónde llegan los límites de la restricción presupuestaria, y cómo se la puede “mover” para hacer lugar a una decisión de aumentar el gasto. En primer lugar, como se dijo, el crecimiento en las erogaciones se financiaría a través de una mayor recaudación. Aquí hay que tener en cuenta que si el sector público gasta $100 extra, la contrapartida es que el sector privado se queda sin la parte que aporta vía impuestos, lo que compensa en parte el impacto multiplicador sobre la actividad del mayor gasto estatal.
En los últimos años el gasto creció por encima de los ingresos totales, por lo que a la brecha que aun restó financiar, se la cubrió en gran parte con emisión de pesos por parte del BCRA, empleando otra vía de financiamiento ?el impuesto inflacionario? que también disminuye el ingreso disponible de los ciudadanos y reduce el impacto de la expansión estatal sobre la actividad económica. Si se quiere agregar una visión temporal, debe notarse que la estructura del gasto público nacional tiene como principal componente a los subsidios económicos y sociales, y las remuneraciones a activos y pasivos, con lo cual se encuentra ligado a la propia dinámica inflacionaria, lo que por sí solo lleva a aumentar nuevamente el gasto público simultáneamente con las “nuevas” políticas de gasto contracíclicas. Para afrontar esto hay que obtener de algún lado los ingresos que habiliten a escapar del políticamente incómodo corset de la restricción presupuestaria. Con la vía del financiamiento crediticio cada vez más obstruida, para cerrar la brecha fiscal, el Gobierno tiene que recurrir, además de las rentas de la propiedad, a una emisión de pesos cada vez mayor. Así, se proyecta una emisión de $174.000 millones para todo 2014, lo que generará presiones inflacionarias adicionales o presiones sobre el tipo de cambio.
Para morigerar estos efectos, la opción que se vino empleando es la esterilización, lo que a su vez convalidó una sensible suba en la tasa de interés, que chocó con los esfuerzos contracíclicos originales, en una suerte de círculo vicioso en el que se profundizan los desequilibrios macroeconómicos, en lugar de atenuarlos. Un villano conocido La “tiranía” de la restricción presupuestaria nacional se manifiesta claramente en el momento en que la escasez de financiamiento para el sector público deja en evidencia que los ingresos nacionales habituales no resultan suficientes para sostener en el tiempo un determinado tamaño del Estado, y el empeño en sostenerlo utilizando otras fuentes de fondos, como el financiamiento monetario, resulta dañino para la economía en su conjunto. Lo relevante es tanto la magnitud de los desequilibrios como la dinámica de los mismos.
De tanto intentar borrar la restricción presupuestaria, se omitió el principio básico de que los gastos no pueden crecer a una tasa sensiblemente mayor que los ingresos por demasiado tiempo. Si el diagnóstico resulta claro, también lo es la solución, aunque la misma resulte políticamente tan deseable como la recomendación del comienzo de una dieta a quien gusta de los placeres de la comida. Hace ya un tiempo que es lunes.
