"En las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso".
Si este fragmento de los "Discursos sobre la primera década de Tito Livio" de Maquiavelo inspiró los recientes cambios ministeriales y las primeras medidas que tomó tanto el Gobierno Nacional como el bonaerense, solo Dios lo sabe.
No obstante, el puntapié inicial del nuevo jefe de Gabinete emparenta con plena legitimidad al filósofo florentino con el gobernador tucumano. "Estamos transitando el fin de la pandemia", Juan Manzur dixit.
¿Qué mayor razón de Estado puede existir que terminar con los encierros en un país cuya informalidad laboral, siendo generosos, alcanza al 50% de la fuerza de trabajo y donde los múltiples planes sociales contienen apenas al 20% de los 2 millones de trabajadores de la "economía popular"?
En ese contexto, nuestro Estado no tiene como sostener un confinamiento indeterminado, aún castigados por las siete plagas egipcias. Sin perjuicio de las razones psicológicas, inclusive sanitarias, todas las herramientas de asistencia gubernamental conocidas, sean planes, becas, programas sociales, tarjetas alimentarias, asignaciones universales, tarifas diferenciadas, IFE, subsidios o asistencias directas a empresas bajo el formato Repro, pierden efectividad a medida que el alejamiento del circuito formal es cada vez mayor.
Aun cuando Argentina contase con los recursos fiscales para estimular la economía o, en el peor de los casos, atenuar su caída como lo hizo Estados Unidos, gran parte de los países europeos y algunos de Oriente, como Japón, no podría hacerlo ante la imposibilidad de identificar a los destinatarios de la asistencia social, menos aún a sus ingresos no facturados, barrani (in honorem Carlos Maslatón).
En ese marco, los trabajadores informales, microemprendedores o simplemente sobrevivientes de la diaria, no tienen como saltar el muro económico entre la formalidad y la informalidad sino es por vía de servicios o transacciones al paso que, en un contexto de encierro, simplemente dejan de suceder.
Sin ir más lejos, el aforo trucho del 50% para el superclásico River versus Boca del domingo pasado, sobrepasado en 20% mínimo, seguramente le dio algún respiro a toda la industria informal y, porqué no, de la pequeña y mediana criminalidad asociada a cualquier espectáculo deportivo o musical de envergadura.
Esto que quizás pueda herir algunas almas, el primero en no comprenderlo fue el propio Gobierno con una política de encierro a la australiana. En dicho país, la pobreza es de 13%, mientras que el desempleo es de 4,5%, a la par que el subempleo es de 9,3%. Disneylandia en comparación a Argentina.
100% de aforo para el peronismo
En ese plano, si a la caída de 10% del PIB que sufrimos en 2020 la proyectáramos sobre algunos sectores cuya supervivencia depende de que el Google Maps registre algún tipo de desplazamiento humano, el desplome seguramente sería mucho más impactante.
Una tarea pendiente para algún economista curioso. ¿Alberto Fernández no pudo, no supo o no quiso salir de la trampa de la cuarentena eterna? Desde el punto de vista político tuvo algún sentido que el gobierno se aferrara al confinamiento, en el momento que éste le representaba indicadores de popularidad cercanos al 80%. Abril o mayo de 2020. Inclusive no sólo a la Nación sino también al propio Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que, a caballo del aislamiento, proyectaba hacia el resto del país tanto la imagen de Horacio Rodríguez Larreta como de su ministro de Salud, Fernán Quirós, en simultáneo a la conversión de los infectólogos en rockstars mediáticos.
Sin embargo, quedó claro en abril de 2021 que, a través de la presentación de un recurso de amparo por parte del Gobierno porteño para que la Nación desactivara la prohibición de las clases presenciales en el AMBA, la cuarentena había dejado de pagar políticamente. El líder con mejor nivel de imagen en el ámbito nacional así lo atestiguaba.
En tal aspecto, Rodríguez Larreta no lo corría al gobierno nacional por derecha ni por izquierda, sino que lo corría por el andarivel del sentido común. Tanto tirios como troyanos no querían estar más recluidos. Los chicos, las madres, los padres, los comerciantes, las pymes, los promotores de espectáculos, los clubes de fútbol y continuaban las firmas. "Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos". Una buena lápida para Fernández. Quedaron los pobres y, además de pasar los 100.000 muertos, también la triste ubicación en el top-10 mundial de muertos por millón.
La intervención del Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires por parte del peronismo territorial no hizo más que blanquear el funeral de los dos mariscales visibles de la derrota, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Ambos, en un contexto radicalmente diferente al de mediados de 2020, continuaron aferrados al proceso de vacunación, cuando la agenda de problemas referida al empleo, la pobreza y la inflación concentraba todo el foco de atención ciudadana. En ese contexto, plantearon una campaña totalmente alejada de la realidad.
¿Qué anclaje sólido podía tener el slogan "la vida que queremos" para un Gobierno que no solucionó ninguno de los problemas que sacaron de la cancha a Macri en 2019 y que, de cierta forma, le posibilitaron el regreso a una fuerza política con doce años de desgaste encima que tuvo que echar mano a un ex jefe de gabinete jubilado que se dedicaba a pasear a su perro? El fracaso de esta experiencia no dejó más alternativa que apretar el botón de pánico y llamar a la mano de obra profesional, a los feos, sucios y malos, in memoriam Ettore Scola. Ahora es tiempo de un Gobierno con 100% de aforo para el peronismo. El Grupo de Puebla puede esperar.
