por Guido Lorenzo (*)
El “sinceramiento” de la economía era percibido como la simple corrección del tipo de cambio. Esta tarea, si bien nunca es sencilla, fue resuelta con éxito por parte de la actual gestión. El valor del dólar libre estaba acotado en el conjunto de expectativas de los agentes, y eso facilitó la digestión para el sector privado. Pese a esto, el verdadero sinceramiento, el de las tarifas de los servicios públicos, es el gran desafío para el 2017.
Los $ 97.600 millones devengados en el primer semestre del 2016 en el rubro “subsidios económicos” representan una cifra similar a la del primer semestre del 2015. Si bien es cierto que el valor real de los mismos se reduce por el efecto del aumento del nivel general de precios, el mismo aparece como el principal responsable del déficit del resultado económico de la Administración Pública Nacional.
Las trabas por parte de la Justicia y el descontento social para llevar a cabo la corrección necesaria están resultando muy complicados para el Gobierno. El problema político está en el orden inverso al cual suele utilizar una nueva administración. En los primeros tres meses de Gobierno, la sociedad ha recibido buenas noticias: el levantamiento del cepo, el arreglo con holdouts y las relaciones internacionales que el país ha retomado. Desde entonces, el intento por reducir los subsidios económicos provocaron la desconfianza de la sociedad entera (e incluso de los propios votantes de Cambiemos). El costo político fue muy alto en relación al avance en la resolución del problema.
Las buenas noticias han sido dadas todas juntas, y las malas vienen de a poco. Lo contrario a la norma. El problema tarifario seguirá rondando el 2017, año en el cual se renueva un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados.
La apuesta al éxito del blanqueo no parece ser una alternativa viable dado que la misma no soluciona la carga de gasto corriente y las distorsiones generadas por el atraso tarifario.
Estos meses demostraron que el ajuste vía traslado del costo desde el Estado a las familias es difícil de lograr. La otra apuesta es el crecimiento para reducir la presión tributaria y así poder finalmente regularizar la situación de los servicios públicos.
Cuánto puede crecer la economía en 2017 depende hoy en día, principalmente, de cuánto caiga en 2016. Un rebote de la actividad no parece ser suficiente y la tasa de crecimiento de largo plazo del país no supera 3,5%, 2 puntos explicados por el crecimiento de la fuerza laboral y el resto apuntalado por la Productividad Total de los Factores (PTF).
La fuente alternativa para explicar crecimiento de la actividad podrá buscarse en el catching-up hacia el producto potencial de la economía. Las estimaciones privadas estiman el mismo alrededor del 3,5%, contemplando una caída de 2016 de 1%. Suponiendo que la brecha de producto se cierra en tres años, esto no aportaría más del 1% al crecimiento de los próximos años y poniéndole un techo al crecimiento del 4,5%.
Ese crecimiento será el objetivo del equipo económico para el próximo año. La escasa holgura fiscal y monetaria para lograrlo deberán ser compensadas con ganancias del comercio internacional, eficiencia, innovación, mejora de expectativas y una dosis fuerte de fortuna. La distancia respecto a dicho target de crecimiento será la vara con la que muchos medirán el éxito de la política económica actual.
(*) Economista
