Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
La inexperiencia, la obstinación por figurar o el superficial conocimiento de la realidad suelen ser el gen de notorias sobreactuaciones o subactuaciones de nuestra política exterior. No es la primera vez que una fuerza política del país llega al gobierno con la tentación de exaltar a lo grande su presencia en la Casa Rosada. Los adultos saben que la ostentación o las ganas de hacer lío nunca ayudaron a resolver los problemas que demandan pasión, inteligencia y trabajo cotidiano. Ningún experto desconocía que la idea de recibir la 11va. Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires habría de suponer, bajo las circunstancias existentes, financiar un rito bienal condenado al fracaso, o sea un gasto superfluo y de dudosa prioridad dentro de un presupuesto nacional asfixiado por el déficit. También era previsible que traer en 2018 al país la complejísima actividad anual del Grupo de los 20 (G20), era un compromiso muchísimo más caro, exigente y de alto riesgo, a pesar de que semejante decisión no permitía esperar ventaja alguna en el proceso sustantivo de reinsertar al país en el mundo, el que depende por entero de crear una economía competitiva, dar seguridad jurídica y establecer el clima social necesario para fomentar el aluvión de inversiones y promover con sabiduría profesional el crecimiento de la exportación. Hoy es público que ambas actividades costarán al menos unos $3.500 millones lo que, al presente tipo de cambio, y si los cálculos fueron bien hechos (nunca lo son), equivalen a U$S 175 millones. Digamos U$S 200 millones para cubrir imprevistos.
Por suerte, el Presidente optó por excluir de su reciente informe anual al Congreso el detallado relato de política exterior, ya que le habría sido difícil explicar porque su buen diálogo personal con los líderes de las naciones que controlan la economía y la cooperación del planeta no aporta gran cosa al esfuerzo cotidiano que exigen los foros políticos que son de interés nacional, ni ayuda a la tarea de remover los obstáculos que hasta ahora impidieron concluir, con aceptable y tangible resultado, la negociación de acuerdos multilaterales y regionales de comercio e inversión. Firmar cualquier cosa sería una soberana irresponsabilidad.
El otro hecho que el Gobierno no digiere bien es que la fe en el librecomercio no impresiona a los dirigentes de las naciones que decidieron abrazar soluciones ilegales y mercantilistas de política comercial, una corriente con distinta clase de adeptos entre las naciones de la OCDE, que son las mismas que acaban de habilitar a Colombia, no a Argentina ni Brasil, para negociar la próxima accesión formal a ese foro. El gobierno de Bogotá aún está sujeto a una investigación especial de la Ley de Comercio estadounidense de 1974 por supuestas violaciones a sus compromisos sobre propiedad intelectual y otras costuras sueltas, las que deberían arreglarse al galope antes de que deje el poder Juan M. Santos.
Mientras ello sucede, el amigo Donald Trump acaba de devolverle los galones de asesor estrella al delirante Peter Navarro, un incomprendido divulgador del proteccionismo económico de los Estados Unidos, a pesar de que el oficialismo y el Jefe de la Casa Blanca, acaban de reconocer que fue absurdo haber renunciado a la Asociación Transpacífica en enero de 2017 y que sería una equivalente calamidad desguazar el NAFTA.
Bajo esa perspectiva, resulta utópico imaginar que Argentina podrá jugar al animémonos y vayan cuando medio planeta reacciona con justicia ante la política estadounidense de aplicar al voleo aumentos ilegales a los aranceles de importación de acero, aluminio, paneles solares, lavarropas o restricciones y subsidios discrecionales a la producción y el comercio de biocombustibles. O suscribir, porque hay que firmar ya, el Acuerdo Político Birregional con la Unión Europea, cuyas autoridades anuncian día tras día nuevas e ilegales restricciones sanitarias, ambientales y técnicas a la importación de Estados Unidos, Brasil y Argentina. El gobierno debería entender que las buenas prácticas que sugiere la OCDE y el proteccionismo regulatorio que auspicia la religión verde del Viejo Continente, no son conceptos similares.
