por Federico González Rouco (Economista)
En pleno debate sobre la situación del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es importante ver qué hay detrás de uno de los sectores que se usó como bandera política a comienzos de año, cuando se sostuvo a Lino Barañao como ministro bajo la lógica de mantener lo que se venía haciendo bien. Las inversiones en CyT son cruciales, ¿pero por qué y qué hace falta para que se pueda aprovechar?
El proceso de destrucción creativa, siguiendo la tradición schumpeteriana, es el proceso por el cual la innovación va generando que antiguos procesos o productos se vuelvan obsoletos debido al surgimiento de nuevos procesos o productos que los reemplazan, ya sea porque satisfacen mejor una necesidad, porque aumentan la productividad de un factor de producción, permitiendo una reducción de costos, o porque, simplemente, satisfacen una necesidad antes no satisfecha. En este proceso, lo obsoleto deja de ser utilizado y lo nuevo pasa a ser lo primordial, dando como resultado productores que ya no tienen participación en el mercado y, entonces, empleados que quedarán sin su puesto laboral, al menos en el corto plazo.
La destrucción creativa generará distorsiones sociales. Esto puede parecer un problema pero, en el largo plazo, promueve incentivos a innovar constantemente, ya que el innovador pasa a obtener un mercado en forma semimonopólica. La mejora constante que se da debido a la estructura de incentivos planteada por este proceso implicará una reducción constante de precios debido a un aumento sostenido de la productividad. En el debe, uno de los problemas del mercado local es la bajísima tasa de patentes que se registran, lo que complica la correcta apropiación de todos estos beneficios. Sistema impositivo, legal y credibilidad aparecen como causas principales.
Una vez que el marco institucional sea tal que promueva el proceso de destrucción creativa, el Estado debe promover la inversión en innovación. El Estado, en los países subdesarrollados tiene un rol clave al dirigir y orientar los recursos hacia la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). Sin embargo, los privados son los que, luego, deben encargarse de la producción y comercialización de la innovación. El hecho de invertir en I+D, con las consecuentes mejoras en productividad, reducción de precios y mejora del nivel de vida, llevará a tener una sociedad más capacitada, más competitiva y, en definitiva, más preparada para los desafíos que la economía mundial pudiera deparar.
Para concluir, en un contexto de competencia imperfecta y crecimiento escalonado de la tecnología (el cual se vuelve continuo una vez que el proceso de destrucción creativa está desarrollado), es imprescindible el papel del Estado para establecer y asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones. Una vez que esto sea conseguido, deberá encausar los recursos hacia la inversión en I+D, lo que acelerará el proceso de innovación que, a la postre, generará un proceso de desarrollo sostenido que se reflejara en el crecimiento económico y de la calidad de vida. La explotación comercial de las innovaciones debe estar a cargo de los empresarios, quienes serán el motor de este proceso por su capacidad de encontrar posibilidades aún no aprovechadas de creación de riqueza. Cuanto menos concentrada este la riqueza y las oportunidades, menores serán los incentivos de los funcionarios públicos a dar lugar a los buscadores de renta y al lobby que, en definitiva, atentan contra el correcto funcionamiento del mercado, dando lugar a privilegios extraordinarios.
En definitiva, el Ministerio de CyT tiene un rol clave a la hora de invertir en capital humano y, más importante, en generar los incentivos para que este siga un sendero creciente y sostenible. Reducir el presupuesto no es una buena idea si se tiene como objetivo un modelo de crecimiento económico basado en la productividad. Si bien el presupuesto 2017 incluye recortes necesarios en muchos ministerios y dependencias, la solución para que Barañao facilite un proceso de destrucción creativa requiere fuerte inversión y una reforma impositiva que promueva las inversiones e investigaciones por parte del sector privado.
