Con la visita del ministro de Justicia, Germán Garavano, por la comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, se puso duda y se generaron cuestionamientos acerca de la la adaptación de los proyectos que envió el Ejecutivo y los que ya se trabajan tanto en el Senado como en Diputados.
El funcionario se refirió a “la difícil transición entre dos procesos” y agregó que desde su cartera se está tratando de “generar un sistema penal que dé respuestas a las demandas de la población sin afectar los sistemas de garantías”. El objetivo de su visita, era presentar las modificaciones que se le introducirán al Código Procesal Penal, que fue sancionado durante la gestión kirchnerista. En ese sentido, remarcó: “Nuestra impresión es que el Código estaba pensado más para la lógica de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los desafíos era tratar de que sirva para la Justicia Federal de todo el país”. Añadió, a su vez, que “desde el Ministerio de Justicia tenemos un proyecto muy ambicioso y preferimos optar por cambios específicos”. Ante los reclamos sobre los efectos adversos que estos cambios podrían provocar, manifestó que “queremos hacer la menor cantidad de retoques posibles. Si uno modifica mucho un Código puede hacer perder la lógica, y es algo que ha pasado mucho cuando se empiezan a hacer parches”.
Entre las novedades que dejó el paso de Garavano por el Congreso, se anunció que el Gobierno postergará la aplicación de los juicios por flagrancia, aprobada por los legisladores, y que le agrega agilidad al proceso. La medida fue tomada a partir de reclamos por parte de fiscales, que manifestaron la “incapacidad logística” de la Justicia para avanzar en este tipo de mecanismos. El plazo para su aplicación, será definida por el ministro en su próximo encuentros con representantes del Poder Judicial.
