La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció ayer que pedirá al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que revoque la prisión domiciliaria que otorgó al represor Miguel Etchecolatz por considerar que los fundamentos aportados por médicos del Servicio Penitenciario Federal “no se compadecen con la realidad o por lo menos presentan dudas”. Esto sucede luego de las protestas de los organismos de derechos humanos ante la posibilidad de que el cambio en las condiciones de su detención se concretase y de la repercusión que el caso tuvo en los medios extranjeros.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, confirmó que la Secretaría a su cargo, querellante en las causas en las que Etchecolatz fue beneficiado con prisión domiciliaria, presentará hoy un escrito al TOF 1 de La Plata en el que pedirá que se revoque esa decisión. “Es un pedido de revocación, no una apelación porque la ley nos lo prohíbe”, señaló Avruj en alusión a la imposibilidad de cualquier querella de apelar en lo que respecta a la ejecución de penas. “Esta es la evaluación que surge de nuestro equipo de abogados y entendemos que es la posición que tenemos que llevar adelante”, señaló. Desde la Secretaría también señalaron que el organismo, en calidad de querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, “no deja de apelar” cuando lo considera pertinente pero subrayaron que “en este caso lo tiene expresamente vedado”. Respecto del otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a represores, “que es una facultad de la Justicia, nuestra postura es evaluar caso por caso y eso estamos haciendo en el caso Etchecolatz”, concluyeron.
El excomisario Miguel Etchecolatz tiene seis condenas por crímenes de lesa humanidad y está sospechado de la desaparición, en democracia, de un testigo en su contra, Jorge Julio López, en 2006. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata consideró que, por “razones humanitarias” y “etarias” ?tiene más de 70 años?, Etchecolatz puede continuar cumpliendo tres condenas a prisión perpetua en su casa de Mar del Plata. Esa posibilidad fue objetada por los organismos de derechos humanos, con reclamos al gobierno de Mauricio Macri y a la Secretaría que encabeza Avruj. “La Justicia sabe quien es este hombre, porque ya lo juzgó y lo condenó”, había señalado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, días pasados, en conferencia de prensa.
