Con proyectos que están siendo debatidos en ambas cámaras del Congreso, y luego de una resolución emitida por la Secretaría de Comunicación Pública, la distribución de la pauta oficial se torna nuevamente en una tema de particular interés, en el que se recuerda y se critican las irregularidades de la anterior gestión, y se pone a su vez, la lupa sobre el gobierno de Mauricio Macri.
Luego de un primer semestre en el cual el reparto de pauta no estuvo sujeto a ninguna norma, a fines de este mes comenzará a regir la resolución 247, que establece criterios para definir el “plan anual de publicidad oficial”, así como también los requisitos que los medios deben cumplir para formar parte del régimen. En el Senado, el PRO presentó, por intermedio de la jefa del bloque Laura Rodríguez Machado y Marta Varela, un proyecto de texto similar a la resolución, que busca consensuar con otros proyectos y derivar en una ley que regule la administración de la pauta oficial por parte del Estado.
El 24 de agosto pasado, la comisión de Sistema y Medios de Comunicación del Senado, y su homónima en la Cámara Baja, convocaban a reunión para, en el caso de la Cámara Alta iniciar el tratamiento de proyectos de pauta oficial, y en Diputados difundir, por parte de su presidente Remo Carlotto (Movimiento Evita), un informe con datos de la jefatura de Gabinete que reveló el destino de los gastos de pauta de la primera parte del año. En coincidencia, “y por sorpresa”, relató una senadora, esa misma mañana el Boletín Oficial publicaba la mencionada resolución 247.
Proyectos
La iniciativa oficialismo, dispone una autoridad de aplicación, dependiente de la Secretaría de Comunicación, que realizará un plan anual de publicidad oficial en el que será enunciará cada campaña. Entre los criterios objetivos que se tendrán en cuenta, para asignar las partidas de pauta oficial, el proyecto plantea el alcance del medio, en función de su circulación o audiencia, la zona geográfica, el “fomento del federalismo y la pluralidad de voces” y la pertinencia del mensaje, en función a la especialización del medio. En cada campaña, la autoridad de aplicación “establecerá en cada caso el orden de prioridad de estos criterios ?dice el texto? que en ningún caso podrá superar el 60% de la ponderación total para cada campaña”. A su vez, la Secretaría de Comunicación Pública deberá difundir dos veces al año los informes relativos a la distribución de la publicidad oficial, “consignando quienes resultaron destinatarios de la pauta en relación a la totalidad de los postulantes”.
“Salió de apuro, pero es un paso”, le dijo a El Economista, la senadora y presidenta de la comisión de Sistemas y Medios de Comunicación Liliana Fellner (PJ-FpV). Entre otras críticas, sostuvo que el alcance de audiencia y circulación de los medios no puede basarse en mediciones realizadas por privados, y propuso que esa tarea esté a cargo de universidades. A su vez, y como dice el proyecto de Jaime Linares (GEN), sugiere que, el 10% del presupuesto que el oficialismo plantea destinar a emergencias, sea para respaldar medios chicos. La senadora pide, por caso, que el federalismo y la pluralidad que promueve la resolución del Ejecutivo esté identificada en forma más concreta y menos abarcativa.
Números
En el informe difundido por el diputado Carlotto, semanas atrás, respaldado por números de la jefatura de Gabinete, trascendió que en el primer semestre del 2016 el medio más beneficiado por la pauta fue el Grupo Clarín, al recibir un 17,93% del total, $143.797.764. Luego se ubicaron el Grupo Indalo y el Grupo Olmos, con el 8,39% y el 5,79% respectivamente. Lo que llamó la atención, fue la concentración del 70% de lo destinado al formato web por las empresas Google y Facebook, desplazando a otros medios digitales (ver aparte).
Con respecto a otros años, cuentan a El Economista, que en esta oportunidad hay voluntad de avanzar con el proyecto y podrían haber novedades en las próximas semanas.
