El consenso en torno a qué Estado quiere la sociedad argentina también implica un consenso sobre cómo resolver los conflictos, qué niveles de intervención y qué grados de coacción se utilizan para resolver las tensiones del orden público. Qué Estado queremos implica discutir la cantidad de fuerza física que le permitimos aplicar para resolver el conflicto entre individuos y entre distintos grupos sociales.
En los últimos años el tema tuvo una notable presencia en la agenda, al punto que se ha discutido la libre portación de armas o la utilización de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior. A propósito de este debate, desde Pulsar.UBA analizamos las percepciones sociales respecto de cuál debe ser el rol del Estado frente al orden público. En nuestra encuesta nacional de Creencias Sociales preguntamos qué piensan los argentinos sobre una variedad de aspectos relacionados al orden público, la seguridad y el poder de la policía asignado al Estado nacional.
¿La policía (no) debe tener más poder? ¿Hay consenso social para aumentar las penas? ¿Los militares deberían intervenir en el combate al narcotráfico? ¿Qué sucede con la libre portación de armas? ¿Qué pensamos sobre la pena de muerte y sobre la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años?
La discusión en torno al orden público y la seguridad ocupa un rol predominante en la sociedad argentina durante el Siglo XXI. Sí bien es un tema que comenzó a emerger en las preocupaciones pública a fines de los 90, fue luego de la crisis del 2001 donde el adquirió una primacía clara en la agenda pública, desplazando paulatinamente a los temas económicos.
Las preferencias de los ciudadanos en este ámbito reflejan posturas complejas, en las que se entrelazan las posiciones frente a la seguridad personal, los derechos civiles, las fuerzas de seguridad y el combate al narcotráfico.
Pasemos a los datos. Encontramos un amplio consenso social en la demanda por aumentar las penas contra los delitos, 72% de los consultados dice estar de acuerdo con esta propuesta. En paralelo, encontramos una demanda por uno de los puntos más sensibles en la agenda pública actual: la baja de la imputabilidad hasta los 14 años.
Un 69% de los encuestados manifiesta estar "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo". Estos niveles de apoyo se encuentran sólidos en todos los rangos de edad, al igual que entre los distintos niveles educativos. No hay muchas diferencias por destacar.
En lo que respecta a las fuerzas del orden público, la tendencia es consistente. El 72% de la muestra está de acuerdo con la necesidad de aumentar el poder de la policía para lucha contra el delito y 66% respalda la intervención de los militares en el combate al narcotráfico. Lo novedoso es que no solo hay una nueva tendencia en la demanda de aplicación de la fuerza o en el poder de policía sino en el rol de las fuerzas armadas.
La revalorización de su intervención se ancla directamente en un contexto crítico de seguridad pública y en una mejora leve pero constante de su valoración pública. De acuerdo a la información de Latinobarómetro, en1995 el 37% de los argentinos tenía mucho o algo de confianza en las Fuerzas Armadas.
En el 2023 ese porcentaje llegó al 54%. Este cambio se genera un contexto en el que la percepción de inseguridad y el deseo de orden social han ganado protagonismo en la agenda pública.
Hay dos puntos más. A pesar de la existencia de un pedido social por mayor seguridad e intervención del Estado en el combate a los delitos, la sociedad argentina pone límites.
En primer lugar, 1 de cada 2 encuestados considera que "debemos preservar nuestras libertades y derechos individuales, aún si esto dificulta el combate al narcotráfico". Adicionalmente, el rechazo a la libre portación de armas se mantiene fuerte, sólido y estable. El 87% de los consultados manifestó estar "nada" y "poco de acuerdo"
Existe un preconcepto acerca de que las demandas de mayor seguridad suelen provenir de votantes de expresiones de derecha-centro derecha. La evidencia no apunta en esa dirección. Inclusive entre los votantes de Sergio Massa en octubre 2023, las posturas punitivistas tienen un nivel de acuerdo importante. Esto último constituye un desafío para abordar un tema históricamente incómodo para el peronismo y el progresismo.
Hay un claro consenso en favor de un Estado más activo y con mayores capacidades para enfrentar el delito y la inseguridad.
Sin embargo, este respaldo no es absoluto ni ilimitado. Las restricciones a las libertades y derechos y la posesión de armas por parte de privados son una frontera. Si ya sabemos que solo un necio confunde precio con valor, también debiera aplicarse a quien confunde fuerza con poder. Darle al Estado más poder, no es lo mismo que darle el poder de la fuerza al individuo
En las bases del contrato social se presume que el uso indiscriminado de las fuerzas privadas genera un estado de guerra de todos contra todos. Rechazar eso es volver a cero. Hobbes vería este consenso en torno al aumento del poder estatal como una manifestación natural del contrato social.
Donde la inseguridad reina, los individuos ceden parte de sus libertades a cambio de protección y orden. Los resultados de este estudio parecen confirmar la vigencia de un consenso social en torno a la legitimidad del Estado para mantener el monopolio de la fuerza pública.
La sociedad argentina demanda un Estado presente en la provisión de orden público, pero no uno que nos sobrepase.
