por Julián A. de Diego (Profesor de Derecho del Trabajo y director del posgrado en RR.HH. de la UCA)
El bono de fin de año y el aguinaldo no computable a los fines del Impuesto a las Ganancias puede ser la base de una solución coyuntural, pero hipoteca el 2017 y el futuro de la economía.
Sergio Palazzo, disidente y número uno de la Asociación Bancaria, reafirma que los gremios llevan la cuenta de la carrera entre los salarios pactados en los convenios y la inflación, y si el 2016 termina debajo de ella, el saldo se acumulará a los reclamos del próximo período. Es más, los básicos son para muchas actividades la única fórmula para lograr una mejora en la puja distributiva y, por ende, no van a renunciar en forma pacífica a su aspiración de aumentar el salario real por vía de las paritarias.
La negativa a reabrir las paritarias requiere un nuevo costo político para el Gobierno, ya que corresponde al Ministerio de Trabajo, que rechace los pedidos por resolución fundada, conforme a nuestro régimen vigente de la Ley 14.250 de convenios colectivos y en la Ley 23.546 de Procedimientos de Negociación Colectiva, que no permiten que un acuerdo sea denunciado durante su vigencia.
Las soluciones que se están tratando de construir son eficientes para la coyuntura, pero comprometen la próxima negociación, acumulando diferencias, reclamos pendientes y, sobre todo, incertidumbre sobre cuál va a ser el vehículo de los futuros cambios de los salarios.
También las dos CTA (la Hugo Yasky, por un lado y de Pablo Micheli, por otro) y ATE, los gremios y agrupaciones de izquierda como el Partido Obrero, el PST y el MST, y los movimientos sociales como los “Sin Tierra”, “los pueblos originarios” y otros no aceptan la negociación y se quedaron últimamente sin interlocutores que puedan acceder al Gobierno. Estos últimos son los promotores de un paro general porque ya no tienen herramientas para presionar. En un cuadro como el precitado, no es posible una reformulación del modelo si no se encara una reforma legal que incorpore la productividad y la competitividad como objetivos centrales dentro del proceso de negociación salarial, y que dejen de lado la inflación como única variable de ajuste.
El Gobierno ha dejado de lado para este tramo de su estrategia la reforma legislativa de nuestro sistema de relaciones laborales, olvidando que no resultan exigibles las buenas intenciones y los objetivos planteados, sencillamente, porque no están contemplados dentro de nuestro marco regulatorio. Como ya se ha dicho, el Poder Ejecutivo no contó con una estrategia de corto y mediano plazos razonable para enfrentar a la CGT y perdió, con ello, la iniciativa
Ahora, con la amenaza de un paro, el Gobierno se ve obligado a negociar nuevos ajustes, como un salvataje de emergencia. Un pacto social, un sistema marco de convergencia, son todos instrumentos que requieren seguramente de un plan de acción y de objetivos, que nadie está en condiciones de ejecutar, si no se logra construir un nuevo modelo con reformas sustanciales al régimen vigente.
En las condiciones precitadas, el desafío ya no está centrado en la negociación sino que se basa en la construcción de un nuevo modelo de negociación, que inexorablemente incorpore a nuestra realidad las necesidades de eficiencia, productividad y competitividad que las empresas empleadoras necesitan.
