por Manuel Adorni
Los cambios que el Gobierno ha intentado implementar desde el comienzo de su gestión en cada una de las distorsiones que presentaba la economía argentina han impactado directamente sobre los niveles de inflación, el nivel de consumo y ha generado movimientos bruscos en el mercado laboral.
El trasfondo del ordenamiento de la economía (al margen de la necesaria búsqueda de la normalidad interna) tiene un único fin: allanar el terreno para generar las condiciones necesarias para que las inversiones comiencen a florecer. Liberar el tipo de cambio, amigarnos con el mundo, solucionar nuestros problemas de deuda soberana para poder regresar a los mercados internacionales de crédito, intentar establecer metas de inflación, dar previsibilidad y demás cuestiones, van tras este objetivo de generación de inversiones que promuevan empleos de calidad que conlleven a mejoras en los niveles de consumo interno decretando finalmente la tan ansiada reactivación económica.
Pero un nuevo cepo está amenazando el camino de la normalidad: la ley antidespidos. Ninguna prohibición ha dado resultados a lo largo de la historia en materia económica. La última gran prohibición a gran escala fue el denominado cepo cambiario, que no generó otra cosa que el efecto contrario de lo que se buscaba, generando la profundización de la salida de divisas, el surgimiento de un mercado marginal para la compra y la venta de dólares y una degradación de la economía argentina en casi todos sus aspectos.
Uno de los inconvenientes que presenta la idea del cepo a los empleos es el cambio en las reglas del juego. Las empresas han incorporado con el paso de los años empleados bajo ciertos costos estimados, entre los que se encuentra el cálculo indemnizatorio. Duplicar la indemnización es modificar el costo laboral previsto.
Otra cuestión que los legisladores deberían tener en cuenta es la viabilidad real de la ley: las grandes empresas seguramente puedan solventar despidos con doble indemnización o hasta incluso retener al empleado por cierto tiempo especulando con que se derogue la ley, por lo que en situaciones similares a estas no se resolvería de fondo el problema de los despidos, sino que sólo se dilatarían las desvinculaciones en el tiempo y se generaría simplemente una distorsión en los indicadores de los niveles del empleo.
El verdadero problema se daría en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Los pequeños empleadores muchas veces penden de la línea entre ser rentables o no serlo y la decisión de tener o no un empleado de más puede marcar la diferencia. Y tal vez, si no se las encuadra dentro de las excepciones de la ley (que al menos hasta aquí este grupo de empleadores no han sido tratados de manera diferencial dentro del proyecto), muchas no serán viables, lo que generará inconvenientes algo más graves y profundos que la desvinculación de un único empleado, ya que se pondrá en riesgo la fuente de trabajo de muchas personas, haciendo aquí que el remedio agrave la enfermedad.
Argentina, con sus aciertos y sinsabores, intenta transformar un país lleno de trabas, cepos y regulaciones mal implementadas, en un ámbito agradable para despertar el apetito inversor y lograr así empleos genuinos de la mano del crecimiento económico. Apetito este que debe alimentarse con mucha razonabilidad. El proyecto de ley antidespidos en caso de convertirse en realidad, no generará otra cuestión que la de mostrarle al mundo que aún somos capaces de cambiar las reglas del juego sin previo aviso, postergando así el crecimiento económico y el desarrollo, dos factores de los cuales dependemos para poder proyectar un futuro mejor.
