por Eduardo De Simone (*)
La cifra provoca máxima alerta: el cambio tecnológico que está reconfigurando la economía global provocará la pérdida de no menos de cinco millones de empleos en los países desarrollados en los próximos cinco años.
La estimación es del World Economic Forum y habla a las claras de la urgencia en trazar políticas coordinadas y de largo plazo para evitar que la transición hacia la economía digital y la nueva revolución tecnológica derive en una explosión de desigualdad y mayores desequilibrios sociales.
Frente al veloz desarrollo de la Internet de las cosas y la digitalización aplicada de manera creciente a la industria y al agro se puede optar por dos caminos: gritar al viento por Justicia universal o asumir que el cambio es indetenible y que es clave la planificación para sostener los niveles de empleo y asegurar mejor calidad de vida a las sociedades.
La innovación, la robótica y la incorporación de tecnología digital avanzan de modo resuelto en el mundo desarrollado. Pero el aumento de la productividad obtenido no ha derramado especiales beneficios para las sociedades. Y muchos creen que la lenta adaptación de los conocimientos laborales actuales a los nuevos horizontes que ya plantea el mundo del trabajo provocará un impacto ambivalente: por un lado, grupos de profesionales con altas competencias e ingresos considerables y, por otro, legiones de trabajadores y empleados que verán precarizar sus condiciones, al tiempo que cambian los procesos y el entorno en el que ejercen su actividad.
Por supuesto, los schumpeterianos dirán que se trata de un proceso de “destrucción creadora” y que a la mejora en la productividad y en la organización económica le seguirá la creación de nuevas modalidades laborales en campos hoy incipientes o desconocidos.
Todo está por verse, desde ya, pero el presente y el corto plazo preocupan. Las estimaciones en los países desarrollados insinúan que en los próximos años la renovación tecnológica destruirá empleos y creará otros, pero el resultado conprovisional será de pérdida neta de puestos de trabajo.
Naturalmente, América Latina asoma desde atrás a este debate. Según datos de la Cepal, la inversión regional en investigación y desarrollo es equivalente a un escaso 0,5% del PIB, cuando en el mundo industrializado supera el 2%. Los mismos estudios de la Cepal recuerdan que hace quince años América Latina y China participaban cada una con el 1,6% de la investigación y desarrollo en el mundo. Hoy, América Latina araña una participación del 2,8% de toda la I+D global, pero China trepó nada menos que al 12%. La dinámica es muy ilustrativa.
Es complejo pensar el mediano o largo plazos en sociedades con muy altos niveles de demandas insatisfechas o abrumadores parámetros de exclusión. Pero no detenerse a reflexionar sobre estos cambios, en los que la intervención estatal deberá jugar un papel relevante, es exponerse a un futuro con mayores desigualdades y marginación.
Los países desarrollados ya están discutiendo ?para algunos con cierta pereza? cómo enfrentar esta transición hacia la actualización de las capacidades laborales básicas, que no serán las mismas que rigen hoy. Los países en desarrollo, en cambio, evidencian un retraso peligroso en la generación de nuevas habilidades laborales. Este escenario puede derivar ?como se ve en muchas regiones? en la coexistencia de escasa oferta laboral especializada o altamente calificada, por un lado y desempleo juvenil masivo, por otro.
El panorama demanda respuestas veloces e imaginativas. La combinación de volatilidad financiera, lento crecimiento económico y cambios rupturistas en los procesos productivos que se verifica hoy en el mundo abre serios interrogantes sobre el futuro del trabajo. Después de todo, empleos de calidad y fortaleza salarial son la contrapartida del consumo firme y sostenido, uno de los motores del crecimiento económico y social.
(*) Miembro de la Fundación Embajada Abierta
