Los uruguayos interactúan cotidianamente con sus entes comerciales e industriales del Estado: son las que les suministran electricidad (UTE), combustibles (Ancap), agua y saneamiento (OSE), telecomunicaciones (Antel), así como servicios postales (ANC), bancarios (BROU), créditos hipotecarios (BHU) y seguros (BSE). Otros organismos autónomos y descentralizados también participan en un país y su economía con alta injerencia pública, enraizada a comienzos del siglo XX.
En los últimos días, se incorporó a la conversación política la idea de que estas organizaciones coticen acciones en la bolsa en Uruguay, aunque luego la propuesta fue mutando.
Alejandro Pacha Sánchez, secretario de la Presidencia, planteó en La diaria Radio el lunes 9 "agarrar a las empresas públicas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero" para "darles recursos para que sean empresas transnacionales". Hasta mencionó una: "Capaz que lo que se tiene que generar" son "condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel".
Aunque el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había hecho un planteo muy similar en una entrevista en enero con la revista Búsqueda, en la voz de Sánchez -para algunos, un probable candidato presidencial en las elecciones del 2029- se instaló el debate.
El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, declaró que le "encanta" la iniciativa, varios políticos de la oposición aplaudieron -"lo venimos planteando desde hace años", indicó Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional, de centroderecha- , y algunos think tanks liberales y autoridades de la Bolsa de Valores de Montevideo se sumaron al coro respaldando.
Otros recordaron que, hace unos años, figuras de fuerte peso en la izquierda oriental hoy fallecidos, como José Mujica -presidente entre 2010 y 2015- y Danilo Astori -ministro de Economía y vicepresidente de la República-, estaban de acuerdo con abrir una parte minoritaria del capital accionario de las empresas públicas, aunque entonces no hubo ningún avance en ese sentido.
Por otro lado, frente al planteo de Sánchez surgieron voces en contra desde el ala ortodoxa del oficialismo y un legislador socialista recalcó que lo propuesto "no está en el programa" de actual gobierno del Frente Amplio. "Es evidente que sus preocupaciones son funcionales a la clase que oprime. Aplaudido por la derecha privatizadora, debería darle vergüenza. Que alguien ate al perro burgués", reclamó por su parte en la red X Florencia Leymonié, dirigente del Partido Comunista del Uruguay, consignó el portal El Observador.
A su vez, el Sindicato Único de Telecomunicaciones expresó preocupación por lo que puede ser una eventual privatización de la compañía estatal del rubro.
¿Marcha atrás?
Avanzando la semana, el secretario de la Presidencia devaluó su propuesta original. Entrevistado en el streaming Dopamina, Sánchez dijo que su planteo es vender "acciones de proyectos de inversión, no acciones de la empresa, porque las empresas hoy no tienen acciones, porque son estatales, y para eso deberíamos hacer un trabajo normativo" reformulando el estatus jurídico.
Financiar "proyectos de inversión" a través de acciones que cotizan en la Bolsa de Montevideo es algo que ya ha hecho UTE para, a través de una sociedad anónima, construir y operar el parque eólico Valentines.
Aunque esa aclaración parece una marcha atrás, ahora el asunto tendrá una instancia legislativa.
El senador del Partido Nacional Javier García convocará a Sánchez a la Comisión de Hacienda para preguntarle por el alcance de su propuesta. "Nos parece bien, pero hay que salir de lo que puede ser una idea tirada al vuelo", dijo en una rueda de prensa.
Es probable que en esa instancia decante si el planteo de Sánchez y del ministro Oddone toma fuerza o termina de desinflarse.
"Vacas sagradas"
Una parte del Uruguay adora a sus entes estatales como a "vacas sagradas". Además, los sindicatos de trabajadores son relativamente poderosos y han logrado frenar algunas transformaciones (actualmente, por ejemplo, en el área de producción de pórtland, que desde hace décadas le provoca pérdidas a Ancap).
En el pasado, reformas privatizadoras como una ley de 1991 -durante el gobierno del presidente Luis Lacalle Herrera, del Partido Nacional- referida a la empresa de telecomunicaciones Antel, fue derogada por amplio margen en un referéndum. Luis Lacalle Pou, su hijo y mandatario entre 2020 y hasta febrero del 2025, no se animó a tanto: puso en vigor una norma que alienta a que las sociedades anónimas con participación estatal promuevan la apertura de una parte minoritaria de su capital "mediante la suscripción pública de acciones". Sin embargo, hasta ahora ese artículo no tuvo aplicación.
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