Los métodos de Donald Trump se comparan a menudo con la estrategia de Viktor Orbán en Hungría, si bien existe otro paralelismo que resulta revelador: la experiencia de América Latina con líderes que amplían constantemente su poder más allá de los límites democráticos tradicionales.
Los manuales de derecho constitucional latinoamericanos enseñan que la región se ha alejado del modelo presidencialista clásico estadounidense, evolucionando hacia lo que se denomina un sistema «hiperpresidencialista» que rompe el equilibrio de lo que se entiende en Estados Unidos por separación de poderes.
Este modelo otorga más poderes legislativos a los presidentes, incluyendo herramientas para influir la agenda del Congreso, realizar numerosos nombramientos institucionales sin el consentimiento de una cámara legislativa superior, y caracterizarse por la existencia de tribunales y congresos más débiles.
Los hiperpresidentes populares de la región a menudo se posicionan por encima del sistema de partidos políticos construyendo una narrativa antipartidista y fomentando una conexión directa y personal con los votantes. Ejemplos notorios incluyen la estrategia de culto a la personalidad de Chávez en Venezuela, la moderna y joven marca personal inspirada en las redes sociales de Bukele en El Salvador, o las sesiones informativas diarias al estilo reality show de López Obrador en México.
En 1990, Juan Linz vaticinó una de las consecuencias del presidencialismo latinoamericano, al observar que los regímenes presidenciales podían convertirse en juegos de suma cero propensos a fomentar democracias inestables, ya sea mediante una situación en la que «el ganador se lo lleva todo» o mediante un conflicto entre facciones y partidos. En este contexto, las alianzas se centran en objetivos electorales a corto plazo, más que en acuerdos de gobierno basados en un programa compartido que incluya reparto del poder.
A pesar de los numerosos matices y debates en torno al influyente artículo de Linz (algunas de cuyas lecciones ya han quedado obsoletas), muchos ejemplos le han dado plausibilidad a su punto de vista en contextos latinoamericanos polarizados. Cuando los presidentes se enfrentan a una oposición fuerte, pueden reaccionar de manera antidemocrática. En Perú y Ecuador, por ejemplo, Alberto Fujimori y Rafael Correa lograron cerrar el Congreso y neutralizar a sus oponentes.
Fujimori lo hizo mediante un autogolpe en 1993, mientras que Correa instrumentalizó una asamblea constituyente en 2008. En el peor de los casos, los presidentes establecen una dictadura total o un régimen de partido hegemónico, como en Venezuela y El Salvador.
En el mejor escenario, presidentes moderados pueden llegar a acuerdos con mayor frecuencia, pero siguen siendo ineficaces e incapaces de construir coaliciones sólidas y sostenibles en el tiempo. La coyuntura más habitual es la parálisis legislativa en áreas sensibles, el conflicto interinstitucional sobre regulaciones, la política clientelista y la improbabilidad de crear coaliciones políticas que se extiendan más allá de un corto ciclo electoral. Esto explica en parte la inestabilidad política de países como el Ecuador pos-Correa (tres presidentes desde 2017) y el Perú pos-Fujimori (diez presidentes desde 2000).
En un sistema hiperpresidencial, los presidentes que carecen de una mayoría en el Congreso (algo habitual) tienen que recurrir a medidas extraordinarias que los obligan a elegir entre repartir beneficios (no siempre legales) para incrementar el número de aliados momentáneos, y buscar el modo de eludir el control político del Congreso.
Entre los fenómenos más extendidos se encuentran la ampliación de los poderes extraordinarios asociados a estados de excepción constitucional, dictar decretos unilaterales en vez de negociar proyectos de ley con la oposición (poniendo a prueba constantemente los límites de la autoridad presidencial), mermar las instituciones de control y judicializar la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo.
A menudo, jueces afines respaldan estas acciones en lugar de oponerse a ellas. Además, los presidentes de América Latina también recurren a argumentos legales o basados en el Estado de derecho para legitimar su autoridad, incluso cuando ello implica una instrumentalización de las instituciones jurídicas.
A veces, sacan de la chistera una teoría jurídica populista que justifica su poder, apelando directamente a la voluntad del pueblo. Un dicho popular en la región, a menudo atribuido al peruano Óscar Benavides, lo resume bien: «Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley».
No obstante, es más habitual el uso de narrativas legales que pretenden imponer la voluntad popular por encima de las instituciones y las normas. Destacan los infames ejemplos de las asambleas constituyentes de Chávez (1999), Correa (2008) y Maduro (2017), todas ellas justificadas por apelaciones directas al pueblo que perseguían mermar la capacidad de la oposición para ejercer un control real sobre el poder del presidente. Otros ejemplos recientes, aunque fallidos, incluyen las amenazas del presidente colombiano Gustavo Petro y del expresidente peruano Pedro Castillo de convocar una asamblea para sortear al Congreso.
Esta acumulación de poder hiperpresidencial extremo puede desembocar en lo que el politólogo argentino Guillermo O'Donnell ha denominado «democracia delegativa». O'Donnell formuló esta idea tras observar la transición de América Latina de regímenes militares a gobiernos democráticos a finales del siglo XX.
A medida que caían los dictadores militares, a menudo eran reemplazados por sistemas democráticos no institucionalizados que, a pesar de su falta de consolidación, lograban perdurar. Continuaron gobernando de manera autoritaria líderes civiles electos, quienes en muchas ocasiones emplearon herramientas represivas no muy diferentes que las utilizadas por sus predecesores. Estos mandatarios alegaban comprender mejor que nadie los intereses del pueblo, demostrando escasa tolerancia hacia los controles institucionales que limitaban su poder.
O'Donnell afirmó que este tipo de régimen democrático requería una segunda transición, en este caso, no de un régimen militar a un gobierno democrático, sino de un régimen democrático personalista a un gobierno democrático institucionalizado.
El problema es que esta segunda transición no está garantizada en absoluto; el régimen autoritario puede restaurarse o la incertidumbre prolongarse. Países como Perú y Ecuador parecen seguir viviendo con esa incertidumbre.
¿Se está convirtiendo Estados Unidos en una democracia delegativa? Y, de ser así, ¿cómo se rompe este ciclo?
Sin duda, Estados Unidos no está todavía viviendo bajo un régimen autoritario, pero la presidencia de Trump es un síntoma de una democracia defectuosa donde el manual del populismo presidencial está plenamente operativo. En el futuro, dicha democracia debe transitar hacia un gobierno institucionalizado, cuestión que está lejos de asegurarse.
Al igual que en otros países de la región, Estados Unidos hoy vive un ciclo de incertidumbre. Puede volverse más autoritario, mantener el populismo presidencial con ciertos límites, o institucionalizarse. El ciclo de la incertidumbre no es fácil de romper, como muestra la historia de América Latina. Para entender por qué, debemos comprender cómo se está arraigando el proceso de desinstitucionalización en Estados Unidos.
A diferencia de líderes latinoamericanos como Fujimori, Correa, Menem o Uribe, es poco probable que Trump sustituya o incluso modifique la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, está transformando el orden democrático estadounidense por otros medios menos visibles, principalmente a través de órdenes ejecutivas, nombramientos estratégicos y una retórica agresiva y polarizadora.
Trump promueve su propia versión de una teoría jurídica populista, sintetizada en una frase que se atribuye a Napoleón: «Quien salva a su país no viola ninguna ley». Junto con esta narrativa política que deslegitima el estado de derecho como eje central de una democracia constitucional, su agenda ofrece una «constitución alternativa». Esta transformación del orden constitucional —aunque sin enmiendas ni sustituciones— se asemeja a muchas experiencias latinoamericanas, impulsada por la intensa polarización en Estados Unidos y la influencia de las redes sociales.
Si bien es cierto que la Constitución sigue exigiendo la aprobación del Senado para los nombramientos clave y a Trump no se le han concedido nuevos poderes legislativos formales, estos controles institucionales han perdido efectividad. Trump considera que no necesita que el Congreso apruebe leyes para reorganizar las agencias gubernamentales.
Por otra parte, ha utilizado sus poderes de nombramiento para realizar designaciones partisanas en puestos clave en instituciones que deberían mantenerse independientes, como el FBI o el Departamento de Justicia.
También ha socavado a estas agencias, reduciendo su tamaño o presupuesto, cuando no eliminándolas por completo, y despreciando la legislación que las regula, por no hablar de sus planes respecto al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). En realidad, pretende gobernar con una autoridad cada vez más cercana a la de un monarca, acercando la democracia estadounidense a regímenes que apenas pueden considerarse democráticos. Como era de esperar, esto ha generado niveles de judicialización sin precedentes.
Trump es plenamente consciente de que muchas de sus acciones son ilegales o, al menos, rozan la legalidad. Su objetivo es poner a prueba los límites de su autoridad. Un ejemplo claro es su amenaza de revocar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, una medida que los juristas consideran ampliamente inconstitucional en virtud de la 14.ª Enmienda. La legalidad real de su amenaza era irrelevante. Más bien, buscaba demostrar a sus simpatizantes que hablaba en serio sobre su agenda, que, en su visión, debía anteponer a Estados Unidos por encima de cualquier restricción legal.
Muchas de las actuaciones de Trump para ampliar el poder presidencial se han apoyado en cambios recientes en el marco jurídico, especialmente la teoría del «ejecutivo unitario», que le otorga control sobre todas las agencias gubernamentales. La eliminación de la doctrina Chevron por parte del Tribunal Supremo (por nombrar solo un caso en un sistema legal más amplio aún en desarrollo), que anteriormente otorgaba deferencia a los organismos públicos en casos de ambigüedad jurídica, ha creado una creciente inseguridad legal.
Si bien Trump cuenta con un Tribunal Supremo afín gracias a los nombramientos que realizó durante su primer mandato, muchos jueces de rango inferior han comenzado a cuestionar sus políticas. Incluso aquellos designados por conservadores pueden verse obligados a hacer cumplir los límites legales.
Este escenario de incertidumbre, sumado a los anteriores nombramientos judiciales de Trump y el auge de nuevas doctrinas jurídicas de aplicación incierta (por ejemplo, el regreso de la doctrina Skidmore) son una oportunidad de oro para presionar a los jueces y, en caso de que al presidente le salga mal la jugada, culpar a una supuesta élite legal. Las batallas judiciales han escalado a un nivel sin precedentes. Al mismo tiempo, esto le permite a Trump medir hasta qué punto puede desafiar los límites legales y ampliar su autoridad.
Para los líderes de democracias delegativas, gobernar por decreto no es un fallo del sistema, sino una característica clave del modelo. En ocasiones, incluso lo justifican desde la perspectiva de la teoría jurídica populista que contrapone la ley a los intereses del pueblo. Sin embargo, este enfoque es insostenible en una democracia sana y competitiva. Los decretos pueden revocarse con la misma facilidad con la que se promulgan.
Esto representa tanto una ventaja como un riesgo para Trump, quien ha aprovechado ampliamente su autoridad para promulgar órdenes ejecutivas. Por un lado, su equipo legal puede explotar la flexibilidad de los decretos para ensayar nuevas teorías legales en los tribunales, presionando a los jueces y situándolos en el papel de agresores en lugar de víctimas de la polarizada política estadounidense. Trump puede crear y modificar los decretos a conveniencia poniendo a prueba hasta dónde pueden llegar sin ser bloqueados.
Sin embargo, el riesgo es evidente: la próxima administración podría revertirlos con facilidad. Y esto no solo es un problema para Trump, sino para todo el sistema democrático.
Eleva las apuestas en cada ciclo electoral, haciendo que el costo de la derrota sea mucho mayor para su sucesor político. Este escenario promueve el uso creciente y agresivo del poder ejecutivo para manipular las elecciones. A medida que los políticos de todos los bandos comienzan a responder fuego con fuego, las instituciones democráticas corren el riesgo de deteriorarse aún más. ¿Cómo se puede romper este círculo vicioso?
Las garantías tradicionales de la democracia estadounidense parecen frágiles ante esta situación. La mayoría de los republicanos en el Congreso no parecen dispuestos a desafiar a Trump. Los demócratas esperan a las elecciones de mitad de mandato para convertirse en una oposición más efectiva, pero el daño puede ser considerable para entonces.
Ni los medios de comunicación ni los tribunales, ni siquiera en su máximo nivel de eficacia, parecen capaces de frenar significativamente el proceso de deterioro democrático que Trump y sus principales aliados, como Elon Musk y el DOGE, posicionados en su flanco derecho, han puesto en marcha.
Sin duda, los jueces pueden, y deben, seguir imponiendo restricciones al incremento del poder ejecutivo. Sin embargo, las instituciones del cuarto poder, como los organismos públicos, los medios de comunicación y las instituciones electorales, parecen aún más vulnerables que los tribunales. No podemos depositar todas nuestras esperanzas en las instituciones jurídicas. Son útiles, pero la responsabilidad principal debe recaer en la capacidad de organización de la oposición. No obstante, confiar en la oposición, no solo para detener, sino también para revertir la recaída de la democracia, parece poco realista.
El sistema de partidos en Estados Unidos, una infraestructura clave de la democracia, se ha desmoronado, cediendo espacio a un liderazgo personalizado y a la fragmentación. Poco pueden hacer los medios de comunicación independientes en entornos polarizados, y su labor se ve aún más obstaculizada por las redes sociales y la proliferación de las noticias falsas. Las cámaras de eco y el aislamiento informativo están socavando el sistema de información.
La historia brinda cierta esperanza. Otros países han superado desafíos autoritarios similares, lo que Tom Ginsburg y Aziz Huq denominan «intentos fallidos»: procesos de erosión democrática que se han detenido, como el autoritarismo de Bolsonaro en Brasil o el del PiS en Polonia. En estos casos, los partidos de la oposición necesitan tiempo para reagruparse, y aquí las instituciones legales pueden desempeñar un papel crucial.
Instituciones como las comisiones electorales, los fiscales, los tribunales, los bancos centrales, los organismos de control y los reguladores de los medios de comunicación pueden, en determinadas circunstancias, actuar como frenos a la erosión democrática, permitiendo que los mecanismos de control sigan siendo lo suficientemente competitivos como para que la oposición se reorganice y construya una plataforma política creíble que le permita ganar las próximas elecciones.
La experiencia latinoamericana, en particular la de Brasil, ofrece lecciones valiosas en este sentido. La oposición logró reagruparse y organizarse con el apoyo de instituciones de control fuertes. Aunque Brasil contaba con jueces y organismos electorales sólidos dispuestos a desafiar a Bolsonaro (algo que aún no está garantizado en EE. UU.), la reagrupación de los opositores de Bolsonaro fue facilitada por esas instituciones, una de las cuales posteriormente impidió que Bolsonaro ocupara cargos públicos durante ocho años. A pesar de ello, el bolsonarismo sigue siendo un problema. Brasil debe abordar ahora las reformas políticas necesarias o de lo contrario, su proceso de democratización quedará incompleto.
Resulta primordial promover prácticas políticas consensuadas que puedan fortalecer instituciones clave una vez recuperado el poder. Ahora bien, no es fácil cumplir las condiciones necesarias para que dichas prácticas se pongan en marcha. Los demócratas deben reagruparse, tomar la iniciativa en las protestas contra el gobierno de manera que se tenga en cuenta al votante medio y demostrar que pueden presentar una alternativa mayoritaria convincente. Para ello, deberán actuar con celeridad. Aunque recuperar el poder es solo el primer paso en un proceso más amplio.
En caso de que los demócratas recuperen el poder, se enfrentarán a una decisión trascendental. La tentación será optar por tácticas agresivas al estilo de Trump, es decir, utilizar métodos confrontacionales para restaurar el quebrantado estado de derecho. No obstante, esto sería un alivio momentáneo que, a la larga, pospondría o incluso deterioraría aún más la democracia al extender el ciclo de incertidumbre democrático.
La principal lección de América Latina es que el ciclo no se rompe simplemente transfiriendo el poder de un líder a otro. Es cierto que se puede detener a un aspirante autoritario cuando las elecciones son competitivas y existe rotación en el poder, pero eso no garantiza una verdadera restauración institucional ni evitará el ciclo de polarización. Incluso puede traer nuevos desafíos democráticos. Basta con pensar en Perú y sus 10 presidentes desde el año 2000.
En su lugar, los demócratas deben, cuando llegue el momento, impulsar acuerdos bipartidistas que garanticen leyes políticamente sostenibles que restauren el sistema de partidos, fortalezcan los organismos independientes en áreas clave, regulen los medios de comunicación (incluidas las redes sociales), creen instituciones de control robustas e independientes, restablezcan la credibilidad del Tribunal Supremo y logren un sistema electoral más fiable, e incluso explorar la posibilidad de un sistema de voto obligatorio.
Sin duda, estas son agendas complejas de implementar, pero deben ser el objetivo principal, y deben crearse las condiciones políticas para alcanzarlo. Es posible que exista un impulso favorable en el contexto de una plataforma del Partido Republicano pos-Trump que busque reinventarse. En su caso, los demócratas tendrán que mostrar liderazgo y generosidad en ese momento.
Por supuesto, cuanto más se contengan los demócratas (como deberían) de incurrir en prácticas contrarias al Estado de Derecho para batallar jurídicamente contra el régimen de Trump una vez que Trump deje el poder, más se les acusará de ser ingenuos y blandos. Pero eso no debería ser un obstáculo. La cuestión es que deben acabar con el ciclo de polarización que alienta a todos a usar las mismas tácticas agresivas.
Los escenarios de polarización en los sistemas democráticos delegativos hacen que los políticos respondan al fuego con fuego, aprovechando todas las oportunidades sin importar las consecuencias. Esto significa que, por ejemplo, si un presidente abusara del poder de indulto o de la autoridad para promulgar órdenes ejecutivas, se consideraría una insensatez que el partido de la oposición no hiciera lo mismo cuando tuviera la oportunidad.
Esta lógica defensiva es peligrosa, sobre todo por lo tentadora que resulta. Los demócratas no deberían seguirla. En su lugar, deberían trabajar para que el país vuelva a encaminarse hacia un sistema democrático institucionalizado y sostenible. Esto es lo que muchos presidentes y partidos latinoamericanos se han negado a hacer, pero es precisamente lo que deberían aspirar a hacer los demócratas. La batalla para convencerlos comienza en los círculos intelectuales y académicos.
Artículo originalmente publicado en inglés en el portal de conocimiento de IE UNIVERSITY, IE INSIGHTS https://www.ie.edu/insights/es/articles/the-u-s-is-becoming-a-delegative-democracy-can-it-be-stopped/
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