Tras la publicación de los Pandora Papers, una investigación que vincula a varios mandatarios con paraísos fiscales, muchos líderes políticos se tambalean.
Uno de los nombres que figura en la lista es el del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Por ello, ayer un comité conformado por legisladores de la oposición presentó ante la Cámara Baja una acusación formal para llevarlo a juicio político.
"Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación", explicó el diputado socialista Jaime Naranjo.
Según los datos revelados por los Pandora Papers, en el 2010 la familia Piñera vendió el megaproyecto Minera Dominga a Carlos Alberto Délano, empresario y amigo del actual mandatario. La transacción se realizó por un valor total de US$ 152 millones, de los cuales US$ 138 millones de ellos figuran en un acta firmada en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes.
La investigación también reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural. Esa decisión, que hasta la fecha no ha ocurrido, depende del presidente, quien en aquel entonces era justamente Piñera.
Según Naranjo, el mandatario habría “violado abiertamente la Constitución (?) comprometiendo seriamente el honor de la nación".
Ahora, de acuerdo a la legislación chilena, para que el proceso prospere, la Cámara de Diputados deberá aprobarlo con 78 votos a favor sobre 155, es decir una mayoría absoluta. Si supera esa barrera, pasará al Senado, donde sólo podrá ser convalidado si reúne dos tercios de los votos (29 de 43).
