Por Héctor Rubini (*)
Colombia ya lleva un mes de protestas. Un escenario difícil de controlar por las autoridades, y que refleja en buena medida los costos de la estabilidad política y económica posterior al controvertido “Plan Colombia” de lucha contra el narcoterrorismo.
Si bien no es un narcoestado en sentido estricto, el Gobierno colombiano (bajo Alvaro Uribe y luego Iván Duque) enfrenta serias limitaciones para resolver los problemas distributivos que en gran medida han incentivado los históricos enfrentamientos internos, la expansión del narcotráfico y sus alianzas con grupos guerrilleros que en varias regiones del país gozan, aunque las autoridades no lo admitan, de mayor credibilidad y apoyo popular que las formales.
Previo a la crisis del Covid-19 la economía colombiana exhibía una envidiable baja de la tasa de inflación, de la mano de uno de los “inflation targeting” más exitosos de la región. El crecimiento económico parece ser la regla, al menos hasta la caída de 6,8% el año pasado por la pandemia, pero varios otros indicadores sugieren que los logros macro básicos muestran una inequívoca fragilidad: a) la economía colombiana muestra déficits de cuenta corriente todos los años desde 1992, salvo en 1999 y 2000, b) la mejora de términos de intercambio del período 1999-2011 pasó a un sendero de caída permanente desde entonces hasta fines de 2019, c) la volátil, pero creciente, inversión extranjera directa entre 2003 y 2011 mutó a una caída permanente desde entonces, d) la deuda pública pasó de una relación deuda/PIB estable en torno del 20% y 44% en 2000-201, a un sendero creciente a partir de 2015, cuando desde entonces se encuentra por encima del 45% del PIB, e) el menú exportador terminó concentrándose en 2019 en materias primas de actividades simplemente extractivas: petróleo crudo (34% del total) y carbón (13%), f) la tasa de desempleo desde 1995 no logra perforar el “piso” de 8% de la población económicamente activa, y en la última década, salvo algunos trimestres aislados, entre 2013 y 2017, ha oscilado en torno del 10%, mostrando un giro ascendente a partir del primer trimestre de 2019.
Inmigración y Covid
La dinámica previa a 2020 podría atribuirse a la inmigración de poco más de 1,6 millón de venezolanos, pero hasta el presente los diversos trabajos analíticos disponibles indican que su influencia sobre la tasa de desempleo de Colombia es mínima.
La pandemia y las restricciones a la actividad económica sí tuvieron impacto en la destrucción de puestos laborales llevando la tasa de desempleo a niveles superiores al 12%, alcanzando picos de 21,4% en mayo de 2020 y 20,2% en julio del año pasado. El descenso registrado luego, hasta noviembre de 2020, no se sostuvo y desde el 13,3% de entonces volvió a aumentar hasta el pico de 17,3% en enero, cerrando el primer trimestre con un desempleo promedio de 15,8% (12,6% un año antes).
La pobreza de la población urbana mostraba una tendencia declinante, de 49% en 2002 a 25,5% en 2015, y de la población en extrema pobreza, de 17,1% en 2002 a 7,2% en 2015. Pero desde entonces, ambos indicadores muestran un incremento exacerbado por la pandemia en 2020, en que la población urbana en situación de pobreza saltó de 32,3% en 2019 al 42,4% del total, pero en el caso de la población rural se registró una leve baja de 47,5% en 2019 al 42,9% en 2020.
En cuanto a la población urbana en extrema pobreza, las cifras oficiales de 2020 indican un porcentaje de 15,1% del total (7.470.000 personas), superior al registro de 2019 (4.680.000 personas, o 9,6% del total), y con una caída de los ingresos en casi un 25%. La población de ingresos medios, a su vez, cayó según los datos oficiales de 42,5% al 35,7%.
Todo para peor
Las restricciones aplicadas por la pandemia empeoraron todo. En el informe del Banco Central colombiano de abril pasado la proyección de inflación para todo 2021 se incrementó de 2,3%-2,7% (del informe de enero de 2020) a 2,8%-3,1% y la de crecimiento de PBI de 4,6% a 6%, pero la de desempleo se estabilizaría entre 12,8 y 15%. Esto es apenas un poco por debajo de los registros del último trimestre de 2020 (13,8%) y el primero de este año (15,8%).
Las transferencias oficiales permitieron evitar que la pobreza urbana aumentara otros 3-4 puntos porcentuales. Si bien el gobierno impulsó asistencia crediticia a las pymes para pago de salarios, la ayuda ha sido percibida como insuficiente. Y ya en el primer trimestre de este año, varias estimaciones privadas estiman que el PIB habría sufrido una caída de 3% interanual, por las medidas de aislamiento aplicadas en Bogotá, Medellín y otras ciudades.
La aguda contracción económica disparada por la reacción de los gobiernos ante la pandemia hizo reaccionar a la mayoría de los gobiernos con expansionismo fiscal y monetario. Los argumentos del Gobierno colombiano para lanzar una reforma fiscal restrictiva en las circunstancias actuales, ¿habrían respondido a cierto “susto” algo exagerado por el escenario a fin de 2020?
Colombia viene aplicando desde 2011 una regla fiscal que pone límites estrictos al aumento del gasto público para así tener estabilizado el cociente deuda pública/PIB. La pandemia obligó a suspender su aplicación, que apuntaba a lograr el año próximo un déficit fiscal de 1% del PIB.
El aumento del gasto público y la asistencia estatal al sector privado en 2020 hizo saltar el déficit fiscal al 7,8% del PIB, y la deuda que ya venía in crescendo trepó hasta el 52% del PIB.
Las alertas de las calificadoras de riesgo en el sentido de bajar la nota a los bonos colombianos si no se aplican reformas duraderas y que alivien las finanzas públicas tal vez también tuvieron fuerza como para optar por una suba de impuestos con recorte de gastos, lo más lejos posible de las elecciones del 29 de mayo del año próximo.
Pero las circunstancias actuales tornaban desaconsejable un cambio que afecte al ya golpeado ingreso disponible de los colombianos.
Aun así, se presentó oficialmente el proyecto en marzo, y una vez conocido en detalle en el mes de abril, no quedaron dudas de que apuntaba a reducir el déficit en 1,5% del PBI fundamentalmente vía aumento del IVA, salvo para alimentos básicos, y la extensión del impuesto a la renta a contribuyentes de ingresos medios, sin tocar la incidencia sobre empresas y personas de altos ingresos.
Las protestas iniciadas del 28 de abril obligaron al presidente Duque a retirar la reforma y al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla a presentar su renuncia, y al Congreso a archivar una controvertida reforma del sistema de salud. Pero las protestas continúan, no se han interrumpido y se repiten a diario aun hasta hoy. La reforma sirvió de válvula de escape para una diversidad de reclamos sobre el sistema de salud, la corrupción de los políticos (en general), la precariedad laboral, el narcotráfico, los asesinatos de líderes sociales y ex combatientes de las FARC en zonas rurales donde la ausencia del Estado se mantiene sin cambios, y diversos reclamos de las comunidades indígenas.
El presidente Duque ahora ha tratado de calmar las aguas cediendo en algunos reclamos puntuales, pero la sucesión de reclamos, paros generales y marchas violentas probablemente no va a detenerse. Quizás se termine calmando todo en pocos meses, pero no va a ser fácil sobre todo por la irritación adicional provocada por las denuncias de desapariciones, asesinatos y delitos sexuales atribuidos a efectivos policiales.
El clima político ahora difícilmente contribuya a la mejora de la actividad, del empleo y de los números fiscales. El grave error de apurarse a un ajuste fiscal en una recesión no concluida ahora deviene en un horizonte político más adverso para el oficialismo.
El Gobierno colombiano se autoinfligió con su intransigencia fiscal inicial un daño probablemente irreparable. La debilidad política actual le permitirá llegar a 2022 en un clima muy caldeado que para las elecciones presidenciales significa un casi inevitable cambio de humor de los ciudadanos. ¿Terminará la elección de 2022 en un plebiscito entre dos candidatos de centroizquierda o izquierda, por caso, entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo, quedando el Centro Democrático gobernante condenado al tercer lugar? ¿Giraría en ese caso Colombia a un “modelo” como el de Venezuela? ¿Agitará ese fantasma el actual oficialismo hasta los comicios del año próximo, y en caso afirmativo, contribuirá a una mayor inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro?
Preguntas que generan un mar de dudas sobre un Gobierno hundido ahora en un desmanejo político y económico generado por él mismo.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
