Tras el segundo rechazo a un proyecto de una nueva Constitución, está confirmado que, en Chile, durante varios años más, continuará vigente la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El domingo, con el 55,76% de los votos, los chilenos rechazaron una nueva constitución y el presidente, Gabriel Boric, confirmó que no impulsará un tercer proceso durante el resto de su mandato, que finaliza en marzo de 2026.
En septiembre de 2022, los chilenos habían rechazado una propuesta de izquierda, a diferencia de este segundo intento, que estuvo liderado por la derecha más conservadora.
Según Fitch Ratings, el resultado cierra el proceso de reescritura, pero "pone de relieve las actuales divisiones políticas y la polarización social y podría aumentar las presiones fiscales".
"La incertidumbre política seguirá pesando sobre la inversión en sectores clave y sobre el crecimiento económico, mientras que es probable que aumente el gasto social para abordar algunas de las demandas que llevaron a las propuestas de reforma constitucional", agrega la agencia.
Por su parte, Moody´s detalla que "tras las protestas sociales de 2019, Chile se embarcó en un proceso de reforma constitucional para reemplazar la Constitución predemocrática de 1980 y abordar reclamos sociales legítimos".
"Ese proceso puso de relieve la fortaleza del marco institucional y de gobernanza de Chile al encauzar un descontento social a través de vías institucionales, pero ahora tendrá que seguir con un texto que en 2020 una gran mayoría de chilenos votó por reemplazar", añade.
"Aun con el giro hacia políticas más enfocadas en aspectos sociales tras las protestas de 2019, el descontento continúa entre los chilenos", sentencia Moody's, esperando que "el gobierno de Boric se centre en abordar el descontento social mediante cambios en las políticas".
Para Moody´s, en un momento en el que se espera que la economía chilena tenga un crecimiento nulo este año, la principal prioridad debe ser aprobar el llamado pacto fiscal.
