La Justicia de Estados Unidos aceptó el pedido argentino y dejó sin efecto, por ahora, la orden de entregar el 51% de YPF. La Corte también consideró el respaldo del gobierno norteamericano.
El juicio continúa y los intereses siguen corriendo.
En una decisión clave, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que exigía al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.
Sin embargo, el fondo del conflicto sigue en pie: la sentencia que obliga a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones, más de US$ 2 millones diarios de interés, continúa firme, a la espera de definiciones en una causa que lleva más de una década de litigios.
La resolución judicial, breve pero estratégica, permite que la Argentina continúe con su apelación sin ceder uno de sus activos más valiosos, en medio de un contexto económico frágil y con un gobierno que busca señales positivas para volver a los mercados internacionales.
Uno de los puntos que llamó la atención fue la mención favorable al amicus curiae (amigo del tribunal) presentado por el gobierno de los Estados Unidos, un gesto que potencia los argumentos de la defensa argentina basados en la inmunidad soberana y en la doctrina de los actos de Estado.
Aunque celebrada por el oficialismo como una victoria, la medida tiene sabor a pausa más que a alivio.
La Corte solo suspendió la entrega de las acciones de YPF mientras se resuelven las apelaciones en curso. De hecho, la audiencia clave para discutir el fondo del fallo será la semana del 27 de octubre.
Desde el Gobierno, la Procuración del Tesoro destacó que la decisión "preserva la participación estatal en un activo estratégico". Sin embargo, la jueza Preska ya había advertido que la Argentina no presentó garantías ni mostró voluntad de pago, a pesar del tiempo extra concedido.
En este escenario, el riesgo más inmediato no es legal, sino reputacional. Si Argentina incumpliera una futura orden judicial definitiva, podría profundizar su aislamiento financiero en momentos en que busca reabrir el acceso al crédito internacional. La amenaza de ser considerada un deudor poco confiable no es menor.
Además, el caso expone las debilidades estructurales de la estrategia jurídica del Estado argentino frente a fondos especializados en litigios como Burford Capital, que compró los derechos de demanda tras la quiebra de las firmas Petersen, ligadas a la familia Eskenazi.
El conflicto judicial tiene origen en la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó el control del 51% de la empresa sin lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), como exige el estatuto presentado en Wall Street en 1993.
La propia jueza Preska utilizó declaraciones del entonces viceministro Axel Kicillof para justificar su fallo. En el Congreso, el actual gobernador de Buenos Aires había afirmado que cumplir con esa norma sería "una estupidez", frase que ahora se volvió en contra del Estado nacional.
Hoy, la Argentina enfrenta no solo una deuda potencial multimillonaria, sino también una disputa simbólica sobre cómo ejercer soberanía sin vulnerar reglas de mercado que voluntariamente aceptó al cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Mientras el reloj financiero sigue corriendo con intereses millonarios, el país intenta defender su posición ante una justicia extranjera que, si bien concedió un respiro, aún no dijo su última palabra.
La defensa argentina tiene plazo hasta el 25 de septiembre para presentar su escrito formal en la causa por la entrega de acciones.
Recién después de la audiencia de octubre, se sabrá si el país logra revertir la condena o si deberá negociar con los fondos litigantes cómo pagar una factura que crece cada día.
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
