El rechazo al Presupuesto 2022 encontró en las objeciones al realismo de las pautas macroeconómicas uno de los argumentos más fuertes. Pero también se objetó la falta de información en relación con la negociación con el FMI, que sin dudas tendrá efectos en los fundamentos económicos de los próximos años.
En su último comunicado en relación con Argentina, el FMI sostiene que se han llegado a entendimientos sobre “la necesidad de mejorar de forma gradual y sostenible las finanzas públicas, abordar la inflación que implica una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, una política monetaria adecuada con tasas de interés positivas?”. Nada de esto estaba presente en el proyecto del Presupuesto 2022.
Pero las negociaciones con el FMI seguirán avanzando y la mejora de las finanzas públicas tendrán a los subsidios económicos en el centro del debate.
El año cierra con un déficit primario de 3,5% del PIB y los subsidios corrientes en el entorno de 3% del PIB (2,5% destinados al rubro de energía y 0,5% a transporte). Es decir, los subsidios explican casi 90% del déficit primario de la Administración Pública y más del 11% del gasto público.
El Gobierno pretende un ajuste de esa partida equivalente a 1% del PIB. El recorte se concentra en los subsidios a la energía, que crecieron 140% entre 2020 y 2021 y, por lo tanto, la reducción los subsidios a la energía estarán sobre la mesa de discusión de cualquier programa con el organismo.
El 70% de esos subsidios se destinan a Cammesa, que canaliza los subsidios a la tarifa eléctrica que hoy reconoce menos del 30% del costo de generar energía eléctrica, y poco menos del 25% de los subsidios se destinan a subsidiar el precio del gas, que es el principal combustible de generación de energía.
El Gobierno apuesta a reducir el gasto en subsidios aumentando las tarifas en forma segmentada y en base a criterios discutibles: capacidad patrimonial, de ingresos o por nivel de gastos de las familias. Una segmentación que se viene anunciando desde el discurso inaugural de la actual administración (2 años) y del que todavía no se conocen detalles.
¿Qué implica segmentar?
Recordemos que la factura final incluye, además del precio de la energía consumida, los cargos por distribución, que por ser actividades monopólicas son regulados por el Estado. Luego se suman los impuestos.
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Pero la tarifa que hoy pagamos ya está segmentada por niveles del consumo en nueve categorías (en el AMBA) pero solo alcanza a los cargos por distribución. Es decir, el precio del kWh y el m3 de gas tienen el mismo valor para todas las categorías: el precio de la energía es único.
Pero como el precio no alcanza a cubrir el costo de abastecimiento energético, se subsidia la diferencia y es en este segmento donde se acumulan los más de US$ 10.000 millones de subsidios a la energía del año 2021.
El marco normativo vigente es claro y le pone restricciones a la segmentación. Las tarifas deben reconocer costos eficientes de prestación de los servicios públicos y prohíbe expresamente los subsidios cruzados.
Por lo tanto, son varios los interrogantes que surgen en relación con la anunciada segmentación. ¿Se piensa segmentar el precio de la energía por familia/usuarios? ¿Es posible la discriminación en base a parámetros como ingresos o gastos sin vulnerar los secretos fiscales o bancarios? ¿Dicha discriminación no vulneraría criterios elementales de igualdad ante la ley en relación con el cobro de un servicio? ¿Será necesario la reforma de las leyes vigentes que enmarcan el funcionamiento del sector energético? Y, finalmente, ¿por qué no se profundiza y mejora la herramienta vigente que es la Tarifa Social?
Muchos interrogantes que a la fecha y luego de dos años de Gobierno no encuentran respuestas.
¿Y en distribución como estamos?
La distribución de energía en el AMBA presenta una situación difícil: no recibe subsidios, enfrenta un cuasi congelamiento de tarifas desde principios del 2019 y un atraso tarifario superior al 100%.
Con ingresos casi congelados (salvo por una recomposición parcial de agosto) al 3er trimestre del 2021 las mayores distribuidoras eléctricas del país anunciaron perdidas acumuladas de casi $15.000 millones para Edesur y mas de $13.000 millones en Edenor. ¿Cómo se financian? Acumulando deudas por la energía vendida con Cammesa por casi $80.000 millones.
Pero Edenor y Edesur no son las únicas que registran deudas con Cammesa. Según el reporte de cobranzas al 31 octubre 2021, el total de los distribuidores del país debe $220.000 millones por energía vendida a sus clientes. Con un índice de cobranza del 70%, seis empresas explican el 60% de dicho endeudamiento: Edenor y Edesur (36,2%), EMSA (Misiones) 8,2%, Secheep (Chaco) 6,7%, Edemsa (Mendoza) 5,2% y EPEC (Córdoba) 3,8%.
Una situación a todas luces insostenible, que no sólo representa una vía de subsidios indirecta, sino que pone en riesgo la calidad de prestación y la sostenibilidad de un servicio publico esencial.
Finalmente, 2022 nos espera con una cuenta de importaciones más cara producto del aumento de los precios internacionales, que triplicaran a lo pagado en 2021, una cuestión tampoco prevista en el presupuesto pero que les pone piso a los subsidios del año próximo en el entorno de los US$ 11.500 millones, aun con los aumentos de tarifas implícitos en el fallido proyecto de Presupuesto. Panorama difícil que configura un 2022 como un año de dientes apretados.
