El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, defendió la sanción de una ley provincial que declara al litio y sus derivados de interés público y como recursos estratégicos, y cuestionó que "la mayor porción de la torta se la llevan las empresas".
"Las empresas que tenían las concesiones no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, hicimos que caducarán todas las licencias y vuelvan a la propiedad de las provincias", afirmó Quintela en diálogo con la radio AM 750.
Si bien no precisó mayores detalles, indicó que con la ley los permisos "vuelven acá y, después cuando las empresas quieran invertir, con todo gusto, pero las condiciones las va a poner La Rioja".
La Ley 10.608, sancionada el 15 de diciembre último por la Cámara de Diputados riojana pero aún no promulgada, suspende por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas con ese mineral.
Hasta el momento en la provincia no hay proyectos ni minas de litio, dado que aún hace falta explorar su presencia, pero, menos de un mes antes de la sanción de la ley, en noviembre, el gobierno provincial le otorgó un permiso a la minera canadiense Origin Resources para explorar en un área de 21.000 hectáreas.
"La provincia está en condiciones de hacer la exploración y luego invitará a todas las empresas que quieran invertir, pero siempre que le convenga a los riojanos, a La Rioja, al país y a las empresas también" agregó el mandatario provincial.
Quintela señaló que la pretensión es que las empresas mineras "no se lleven la riqueza de nuestro país", y que el litio "vuelva como producto terminado".
"El Gobierno tiene que tener una fuerte presencia en la negociación de cómo industrializar la materia prima del litio en el país", manifestó el mandatario provincial, y criticó que "la mayor porción de la torta se la llevan las empresas".
Además subrayó: "Vamos a poner nuestras condiciones porque es nuestro el litio, de los argentinos, no de ellos".
El mandatario de La Rioja, sin embargo, reconoció el "fuerte malestar en los sectores vinculados con la minería" frente a la medida, que fue criticada por diversas entidades empresariales.
- "La promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones", afirmaron desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ayer en un comunicado.
- Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) consideró "fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en Argentina, para generar desarrollo socioeconómico de todas las regiones y contribuir a la transición energética".
- En la misma línea, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) manifestó que "el desarrollo de cualquier industria, para el trabajo existente y para posibles inversiones, se debe fomentar desde el respeto por el marco jurídico vigente", y bajo "condiciones adecuadas para lograr un desarrollo correcto y productivo".
