La prudencia fiscal (y, por ende, monetaria) del primer cuatrimestre fue ponderada por varios analistas. Más, incluso, que el propio Gobierno, probablemente porque piense que las palabras “ajuste” o “déficit” no sean movilizantes electoralmente.
Mayores ingresos (por la recuperación de la economía en un contexto de presión tributaria en alza) y un gasto real por debajo del nivel de 2020 hicieron que el déficit fiscal se redujera casi 40% en términos reales hasta el mes de abril.
Los analistas advertían, sin embargo, que esa prudencia fiscal iba a ser difícil de mantener. Por un lado, porque la propia dinámica futura de algunas partidas del presupuesto, como las de las jubilaciones, ya está determinada como consecuencia de las fórmulas automáticas de actualización. “El caso particular de las jubilaciones hace prever un incremento en estos gastos a partir del mes de septiembre próximo”, dice un informe de Invecq Consulting. Por otro lado, el “driver” pandemia y elecciones hacía prever una suba del gasto público.
En una línea similar se ubicó el último reporte de FMyA. Allí dicen que la mejora del resultado fiscal primario se explica por la extraordinaria recaudación de retenciones (con la soja a U$S 600) y, sobre todo, porque todavía no había nuevos anuncios de gasto público por “la segunda ola”.
A partir de mayo, los anuncios de mayores gastos fueron moneda corriente e impactarán en el segundo semestre. Por ejemplo, se duplicaron los beneficiarios de Tarjeta Alimentar (de 2 a 4 millones); se duplicó el Repro (de 300.000 a 600.000) y Potenciar Trabajo (de 700.000 a 1 millón); se anunció el extraordinario en mayo de $1.500 a jubilados (con la mínima) y beneficiarios de AUH; en junio, adelantaron $7.083 por hijo para beneficiarios de AUH para 1,3 millones de beneficiarios por la retención sujeta a condicionalidad de escolaridad y vacunación y, además, comienza a aumentar el gasto en salud (por caso, en vacunas) y, también, en Energía. En suma, el Gobierno anunció “gastos Covid” (versión 2021) por 1,3% del PIB.
En su último trabajo, para 2021 proyectan un déficit primario de 4,5% del PIB y de 3,5% si se incluyen el ingreso extraordinario de DEGs de FMI por US$ 4.300 millones. Si bien el déficit de 2021 es menor al record de 2020 (-6,5% del PIB), sigue lejos del nivel de 0,4% que tenía Argentina en 2019. Asimismo, el gasto público cerraría en niveles de 22,7% del PIB, casi 4 puntos más que el nivel de 2019.
Zonas frías, números rojos
Es decir, el temor era que la prudencia que Martín Guzmán habría conseguido mostrar durante los primeros meses del año desaparecería a partir de la segunda mitad debido a que “el ala política” tomaría el control mediante distintas herramientas de inyección fiscal. “No es otra cosa que eso lo que empezamos a observar en las últimas semanas y cuya mayor demostración fue la sesión de la Cámara Baja del jueves”, dice Invecq en referencia al proyecto de “Zonas Frías” (aunque algunas sean templadas y templadas-cálidas, técnicamente). Así, Guzmán sigue perdiendo influencia.
El subsidio del cual se benefician hoy las facturas de gas de unos 800.000 hogares de la Patagonia centralmente llegará, desde la entrada en vigencia de la ley (aún resta la media sanción de la Cámara Alta, que se descuenta), a más de cuatro millones de hogares cubriendo así a la mitad de los usuarios de gas de red del país.
¿Cómo se financiará ese subsidio, que será de entre 30% y 50% de la boleta? Desde hace ya varios años, todos los consumidores de gas del país pagan en sus boletas un cargo en concepto de Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas de la Patagonia (FFSCRGP) que tenía como destino el financiamiento del subsidio al régimen patagónico. Será este fondo el que se incrementará para atender el crecimiento de los subsidios.
“El incremento lo llevaría del actual 4,5% al 5,5% pero podría llegar al 7,5%, según lo defina el Poder Ejecutivo. Es decir que mediante un sobrecargo que pagarán los usuarios del resto del país que queda afuera del beneficio (zona gris) se financiaría la extensión del régimen patagónico al resto de las provincias”, dijo Invecq.
Los 4 problemas
Según el trabajo de Invecq, el nuevo esquema “dañará a las finanzas públicas y el buen funcionamiento general de la economía argentina” por cuatro motivos.
En primer lugar, porque, en contraposición a los argumentos utilizados por la mayoría de los diputados que votaron a favor, el esquema legislado está muy lejos de tener un sentido redistributivo positivo. Al contrario, serán los usuarios de las zonas más pobres del país (conurbano bonaerense, NOA y NEA) los que pagarán más para subsidiar a regiones menos pobres (Patagonia, Cuyo, sur de Córdoba, Santa Fe y casi todo el interior de la PBA).
En segundo lugar, porque análisis comparados demuestran que el consumo de los usuarios en la Patagonia, que ya goza del régimen subsidiado, es del doble que en cualquier otra parte del país a iguales temperaturas. “Es decir, algo obvio, subsidiar el costo del gas hará incrementar muy probablemente el consumo en toda la región beneficiada”, dice Invecq. Eso implicará más gasto fiscal vía subsidios y, también, sobre las importaciones (en dólares).
En tercer lugar, aun considerando que no aumentara el consumo, el incremento del FFSCRGP alcanzaría aproximadamente para financiar solo un tercio del aumento en los subsidios. “Esto significa que dos tercios de los nuevos subsidios deberán cubrirse con gastos generales del presupuesto, incrementando el déficit fiscal y la emisión monetaria. Si creemos que el consumo aumentará, entonces el panorama es más preocupante aún. Para terminar de agravarlo, el régimen estará vigente hasta el 2031, según la ley”, dice el trabajo. Las estimaciones arrancan en la zona de $3.000 millones anuales.
En definitiva, concluye Invecq, antes de lograr mostrar una consolidación fiscal que se extienda al menos por más de uno o dos trimestres, “el Gobierno ya está tomando 'medidas desajustadoras' nuevamente”. Antes de que Guzmán pueda mostrar un ajuste al FMI y lograr un buen acuerdo, agregan, “el kirchnerismo duro ha decidido volver a desajustar las finanzas públicas”. Curiosamente, el ministro no dijo nada sobre el proyecto.
Precedentes
Por último, el proyecto del Frente de Todos (FdT) genera un precedente para que surjan reclamos similares. Por ejemplo, el que están desarrollando los empoderados gobernadores del Norte Grande, liderados por el chaqueño Jorge Capitanich.
Allí reclaman, entre varias cosas, que los usuarios de electricidad del norte paguen un precio subsidiado en verano ya que, por las altas temperaturas, consumen más electricidad para la refrigeración.
