Por Alejandro Radonjic
Van trascendiendo los primeros detalles, en montos y rubros, del ajuste fiscal acelerado que pidió el Presidente, en la Quinta de Olivos, el pasado 17 de mayo tras el susto que causó la corrida contra la moneda nacional.
Ayer se conoció, por ejemplo, que se congelarán las vacantes del Estado, es decir, la Administración Pública Nacional, un dato que El Economista confirmó con altas fuentes oficiales y que venían reclamando varios economistas. Las universidades, el Conicet y el servicio exterior serían exceptuados del congelamiento.
Veinte medidas
Si bien son veinte medidas concretas (allí figura, por ejemplo, el fin de los viajes en business para quienes no ostenten rango ministerial), en la Casa Rosada explicaron que la más relevante, en términos presupuestarios, es esa: congelamiento de las contrataciones y, además, subas salariales por debajo de la inflación.
“Cada año se da de baja al 3% del empleo público a nivel nacional y, si congelás vacantes dos años, bajas 6% el empleo. Eso solo son unos $10.000 millones y si, además, los salarios estatales van por debajo de la inflación, y sumás otros recortes más, el número ronda esos $20.000 millones”, dicen desde Balcarce 50. Precisamente, la semana pasada trascendió que el Gobierno ofrecerá 12% para la paritaria de los estatales, un fuerte ajuste ante una inflación que se calcula en 25% o más en 2018.
Los $20.000 millones son reales y no es un monto irrelevante pero su valor, sobre todo, es simbólico y político. Es un gesto de que, en tiempos restrictivos para los presupuestos familiares, la política también ajusta sus cinturones. Hoy, todos los ministros han afilado sus lápices rojos puertas adentro para acelerar la austeridad, una necesidad impuesta por la realidad.
Las voces
“Están intentando recuperar la confianza, con medidas ejemplificadoras y el endurecimiento del sendero de ajuste gradual del principal desequilibrio macro a nivel local, con el objetivo de anclar las expectativas”, dice Gabriel Caamaño Gómez (Consultora Ledesma) y agrega que, también, se busca ganar legitimidad. “No es lo mismo hacerte ajustar a vos, que ajustarme también a mí”, razona. “Hasta ahora el ajuste venía fuerte en subsidios económicos y gasto de capital, y desde el lado del funcionamiento del Estado, poco y nada”, acota.
“Es una medida más de forma que de fondo. Si bien permitirá relajar ciertos gastos, su impacto sobre el déficit agregado será despreciable. Pensando en una meta para el rojo primario por debajo de 2% del PIB para 2019, como se comenzó a especular que pedirá el FMI, deberán tomarse más decisiones con impacto en el gasto agregado. Asimismo, dado que la economía crecerá menos por la suba del dólar de los últimos días -que impactará directamente sobre los precios y, de no mediar apertura de paritarias, sobre el salario real, atenuando el consumo de las familias- los esfuerzos en el terreno del gasto público deberán ser mayores, ya que el crecimiento real de la recaudación se morigerará. En conclusión, si bien estas medidas pueden ser 'positivas' desde el punto de vista de la percepción política, no tiene un impacto significativo en el rojo fiscal”, opina Matías Rajnerman desde Ecolatina.
En una línea similar se ubicó Luis Secco. “La Nación habla de un 'fuerte ajuste'del gasto del Gobierno. $20.000 Millones. Algo así como el 0.7% (7 por cada $1.000) del gasto presupuestado”, dijo, vía Twitter, sugiriendo que el ajuste no es tan potente.
¿Falta más?
En rigor, dada la nueva meta fiscal primaria (recordemos, pasó de 3,2% a 2,7% del PIB para 2018), el ajuste deberá ser mayor aún. Esos $20.000 millones representan 0,15% del PIB, es decir, algo así como un cuarto del esfuerzo incremental anunciado por Nicolás Dujvone hace algunas semanas. Falta más y la gran incógnita es cuál será la próxima “víctima” del lápiz rojo. Los fiscalistas creen que el déficit previsional, incluso tras el conflictivo cambio de la fórmula de movilidad de diciembre pasado, es uno de los candidatos. El Gobierno ya había anunciado un recorte adicional en la obra pública.
Los ingresos, también
Asimismo, un tema que preocupa es qué impacto tendrá el enfriamiento de la actividad sobre la recaudación tributaria. Eso explica los cortocircuitos que hubo con el regreso de la retenciones al maíz y el trigo y el fin de los recortes para el “yuyito”. Los supuestos fiscales, hace solo unos meses, cerraban con un crecimiento de 3,5% del PIB, pero esa cifra luego fue perdiendo impulso y hoy ronda la zona de 1-1,5%. Según calculan en el sector privado, son $72.000 millones menos de ingresos tributarios para todo el 2018. El dato positivo es que esa sangría se compensará con el “impuesto inflacionario”, puesto que la suba de precios será sensiblemente mayor a la estipulada hace algunas semanas atrás.
