Hay momentos en la historia económica de un país en los que convergen varios factores positivos de manera simultánea, y la tentación de subestimarlos por el peso del escepticismo acumulado termina siendo tan costosa como la de sobreestimarlos.
Argentina parece atravesar uno de esos momentos en 2026. La mejora de los fundamentos macroeconómicos, el giro hacia un esquema más favorable al sector privado, la apertura comercial, la desregulación y el fortalecimiento de los derechos de propiedad están configurando un cambio de régimen que, si logra sostenerse, puede desbloquear un potencial productivo que el país mantuvo reprimido durante décadas. El argumento para el optimismo estructural no descansa en promesas sino en transformaciones que los datos ya empiezan a registrar.
El punto de partida más relevante para calibrar la magnitud del cambio es la posición del balance externo. En 2023, la Argentina tenía un déficit de cuenta corriente del 3,2% del PBI y un resultado fiscal primario de -4,5% del PBI. Para 2026, ambas variables se habrían revertido simultáneamente: la cuenta corriente proyecta un pequeño superávit del 0,5% del PBI y el resultado fiscal primario alcanzaría 0,2% positivo.
Esa combinación —equilibrio fiscal y externo al mismo tiempo— es inusual en la historia argentina reciente y tiene un significado práctico concreto, ya que reduce de manera sustancial el riesgo de una crisis macroeconómica tradicional y mejora las condiciones para que el capital de largo plazo vuelva a considerar al país como destino de inversión. No es un detalle menor, pues la mayoría de las crisis argentinas de las últimas décadas se originaron en alguna combinación de déficit fiscal e insostenible déficit externo. Corregir ambos de manera simultánea es un logro que merece ser reconocido en su dimensión real.
La mejora del frente externo tiene un motor central que va más allá del tipo de cambio: el salto exportador. Las exportaciones totales de bienes se proyectan en US$ 100.010 millones para 2026, frente a US$ 66.789 millones en 2023 y US$ 87.111 millones en 2025. El incremento de casi US$ 13.000 millones respecto del año anterior se explica por la concurrencia de tres sectores en expansión simultánea. Las exportaciones agrícolas subirían US$ 2.777 millones, traccionadas por el trigo y el resto del complejo agroindustrial. El sector minero-metalífero y litio aportaría US$ 3.991 millones adicionales.
Pero el salto más significativo vendría de la energía.
Las exportaciones energéticas pasarían de US$ 11.100 millones en 2025 a US$ 20.956 millones en 2026, un incremento de casi US$ 10.000 millones en un solo año. Ese resultado combina el aumento del volumen físico exportado —especialmente petróleo crudo, con una proyección de 195 millones de barriles frente a 101 millones en 2025— con el efecto del precio alto del Brent, que promedia US$ 96 por barril para el año y se sitúa en US$ 110 en la actualidad. El saldo energético total proyectado para 2026 rondaría los US$ 17.922 millones, frente a un déficit de US$ 13 millones apenas en 2023.
El superávit comercial de bienes que emerge de esa dinámica exportadora apunta a unos US$ 21.000 millones para el conjunto de 2026, frente a US$ 11.320 millones en 2025 y un déficit de US$ 6.925 millones en 2023. Ya en el primer trimestre de 2026 ese proceso era visible: el saldo comercial alcanzó US$ 5.508 millones, contra US$ 1.061 millones en el mismo período de 2025. Las exportaciones totales del trimestre crecieron 16,9% interanual, con los productos primarios avanzando un 33,1% y la industria un 23,6%. Además, aún con un tipo de cambio real multilateral que hoy muestra una apreciación del 4,2% respecto de 2017, las exportaciones se ubican en niveles máximos históricos. Eso sugiere que la ganancia de competitividad no descansa solo en el precio relativo del dólar sino en una mejora genuina de la oferta exportable en sectores de alto valor agregado.
El caso de la minería ilustra con precisión dónde reside la magnitud de la oportunidad. Chile exportó más de US$ 63.000 millones en productos mineros durante 2025. Argentina, con una dotación de recursos comparable en varios segmentos —litio, cobre, oro, plata— exportó US$ 8.109 millones en el mismo período. La brecha entre ambos países no refleja diferencias geológicas sino décadas de inestabilidad institucional, inseguridad jurídica y ausencia de condiciones favorables para la inversión de largo plazo.
Esa es precisamente la brecha que el régimen de incentivo a grandes inversiones busca comenzar a cerrar. El pipeline de proyectos bajo ese esquema ya acumula compromisos por US$ 80.200 millones, incluyendo proyectos aprobados por US$ 27.200 millones y en evaluación por otros US$ 53.000 millones, con participación de empresas globales de primer nivel en litio, cobre, gas natural licuado y petróleo. Si una fracción significativa de esa cartera se concreta en los próximos años, el perfil exportador del país cambiará de manera estructural.
La apertura comercial y la desregulación en curso se suman a ese cuadro como factores que amplificarán el impacto de la mejora macroeconómica sobre la asignación de recursos.
Durante décadas, el proteccionismo y la intervención estatal generaron una economía de baja productividad, donde las empresas se organizaban para sobrevivir en un entorno de restricciones y no para competir en los mercados globales. Revertir esa lógica requiere tiempo, pero el cambio de señales que genera una apertura genuina tiene efectos sobre la inversión y la innovación que los modelos de equilibrio parcial subestiman sistemáticamente. El fortalecimiento de los derechos de propiedad, en particular, es una condición necesaria que ningún nivel de tipo de cambio competitivo puede suplir para atraer capital de largo plazo a sectores como la minería o la energía, donde la recuperación de la inversión inicial se extiende por décadas.
- El optimismo estructural que justifican estos datos no es un optimismo ingenuo ni incondicional. El tipo de cambio real muestra apreciación respecto de los niveles de 2017, los sectores más intensivos en empleo aún no sienten la mejora y la consolidación del proceso depende de sostener la consistencia macroeconómica en un año electoral con sus propias presiones.
Pero el punto de partida importa, y el punto de partida actual es considerablemente mejor que el de 2023. Una economía que pasó de un déficit de cuenta corriente del 4,9% del PBI en 2017 a un superávit proyectado del 0,5% en 2026, con exportaciones en máximos históricos y un pipeline de inversiones de largo plazo en sectores de alto valor, tiene bases para sostener una trayectoria positiva. Aprovecharlas o dilapidarlas dependerá, como siempre en Argentina, de la capacidad política para sostener el rumbo más allá del ciclo electoral.
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