La Comisión Económica de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó hoy que en los próximos seis meses cerrarán en la región 2,7 millones de empresas formales y se perderán 8,5 millones de empleos, por lo que la entidad llamó a reforzar las “políticas insuficientes” que están aplicando los Gobiernos del área.
Al presentar en Santiago de Chile el informe “Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y reactivación”, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, precisó que se espera el cierre del 19% de las empresas formales de la región.
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“La crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Esto significa que, si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región”, advirtió Bárcena.
Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.
Además, el impacto de la pandemia de coronavirus alcanzará inclusive a grandes empresas, de las que se prevé que desaparezcan 406 que hoy emplean a 231.724 trabajadores.
Pese a ello, las más impactadas serán las microempresas, ya que se prevé que cierren 2,6 millones (con 6,3 millones de trabajadores), destino que también se espera que corran 98.700 pymes (1,5 millón de empleados) y 5.943 firmas de mediano tamaño (390.000 empleos).
Bárcena estimó que las más afectadas serán las firmas de comercio (1,4 millón locales y 4 millones de trabajadores) y las de turismo (290.000 agencias y un millón de empleos). En ese contexto, la funcionaria aseveró que “muchos irán a una informalidad muy precaria”.
“Más de un tercio del empleo formal y un cuarto del PIB se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis. Más aún, menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada”, puntualizó la Cepal.
Frente a esta crisis, Bárcena propició “una respuesta a gran escala para evitar destrucción de empresas y empleos, porque si no, no va a alcanzar”. En ese sentido, el informe advirtió que muchas medidas ya adoptadas “suponen una recuperación rápida, que las empresas pueden generar utilidades, que van a poder devolver créditos y pagar impuestos más pronto de lo que puede suceder, cuando las perspectivas indican que esto va a tardar un par de años”.
“Se deben postergar o cancelar pagos de impuestos y aportes previsionales hasta fines de 2020 y suspender pagos de servicios básicos (como la luz, el gas e internet) sin pago de multas”, señaló Bárcena.
También propuso “mejores condiciones de acceso al crédito”, con períodos de gracia de un año (“la Unión Europea ya concede más de cuatro en algunos casos”) y plazos de devolución de 5 años o más.
El informe de la Cepal impulsó además el cofinanciamiento de la nómina salarial por 6 meses, lo que representaría el 2,7% del PIB para cubrir las nóminas laborales del 80% de las microempresas; 60% de las PyME; 50% de las medianas y 30% de las mayores.
También respaldó los subsidios de entre US$ 300 y US$ 500 mensuales a 15 millones de cuentapropistas y autónomos latinoamericanos por seis meses, lo que implicaría el 0,8% del PIB (0,9% en el caso de la Argentina).
Por último, la Cepal propició el apoyo a empresas de todo tamaño, incluidas las grandes, ya que serán en gran medida las que condicionarán la reactivación en el futuro.
“Debe analizarse inclusive la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización en sectores estratégicos, como ocurre en el caso de las empresas de transporte aéreo en Chile, Colombia y México”, afirmó Bárcena.
Y concluyó: “Los Gobiernos nacionales tendrán que ayudar a las industrias aeronáuticas, que deben rescatarse o apoyarse ya sea con garantías estatales, liquidez o con alguna participación estatal como en Alemania y Francia”.
