Las deudas se convirtieron una carga pesada, en muchos casos insoportable, para millones de argentinos. La combinación de ingresos deprimidos que no alcanzan a cubrir los gastos cotidianos y tasas de interés elevadas disparó en los últimos dieciocho meses los índices de morosidad tanto en créditos personales como en tarjetas de crédito. La irregularidad en esas líneas se multiplicó por cuatro y por seis respectivamente con relación a los niveles de fines de 2024. Fuera del sistema bancario, la situación es aún peor. Las entidades financieras no bancarias, entre las que están incluidas las billeteras digitales, registran una morosidad del 32,2%, tres veces más que la registrada un año y medio atrás.
Ese panorama dejó afuera del mercado de crédito formal, tanto bancario como no bancario, a casi 7 millones de personas, según estimaciones de la consultora 1816. No obstante, la acumulación de deudas provocada por la profunda crisis de ingresos que afecta a buena parte de la población no se limita a las contraídas con entidades financieras. Aún en un contexto en que las familias vienen recortando gastos para priorizar los más esenciales, los ajustes en muchos casos parecen no alcanzar. En los últimos dos años aumentó con fuerza el número de deudores –y de bajas- en obras sociales y empresas de medicina prepaga, al igual que en los clubes de barrio. A eso se suman niveles de morosidad record en los consorcios ante los incumplimientos en el pago de las expensas.
"Hubo un cambio muy profundo de los precios relativos en los últimos dos años y medio: servicios básicos, como la electricidad, el gas y el agua, dejaron de estar subsidiados, y esos gastos ahora se llevan una buena parte del presupuesto de los hogares con lo que el ingreso disponible para el resto de bienes y servicios es menor", dijo a El Economista Sebastián Menescaldi, director asociado en Eco Go Consultores. "En ese contexto, la gente ve qué es lo que puede pagar y qué no, y va descartando; en el caso de las prepagas, por ejemplo, se busca en una primera instancia bajar de plan y si no hay ya otra opción, eventualmente salir", agregó.
Desde la desregulación del sector a fines de 2023, las cuotas de las prepagas y obras sociales acumularon aumentos en torno al 420%, por sobre la inflación de ese período (318%) y muy por encima de la evolución de los ingresos. Con ese desfase, no solo el atraso en prepagas y obras sociales viene creciendo de manera sostenida. Si bien muchos afiliados están apelando a la opción de presentar amparos judiciales ante la imposibilidad de cumplir con el pago de las cuotas, ya más de 742.000 personas abandonaron el sistema en los últimos dos años, según un estudio del Instituto Argentina Grande, que lidera Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Los datos son similares a los que arrojó el informe "Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 conglomerados urbanos", del INDEC. Entre el segundo semestre 2023 y el mismo período de 2025, la población con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia bajó del 67,5% al 65,4%. Ante eso, más familias pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud, en un contexto en que el presupuesto para esa área, al menos a nivel nacional, sufrió un recorte real superior al 30% desde fines de 2023.
Hacia adelante, el panorama no luce más despejado. De acuerdo a un relevamiento realizado por la plataforma MiObraSocial a 2.000 personas entre abril y junio pasados, el 49,5% consideró alta la probabilidad de renunciar a la prepaga en los próximos seis meses.
Deuda en los consorcios
En los consorcios también se refleja con claridad la crisis de ingresos. Con el incremento de los costos de mantenimiento, además de las fuertes subas en los servicios, el alza de las expensas también viene creciendo a mucha mayor velocidad que la inflación. Según un relevamiento de la plataforma de gestión Octavo Piso sobre 200.000 consorcios, el año pasado el costo promedio de las expensas acumuló una suba promedio del 75% en la ciudad de Buenos Aires y del 60% en la provincia, más del doble del 31,5% de inflación.
Con eso, de acuerdo a datos de otra plataforma, ConsorcioAbierto, en base a información sobre 13.000 consorcios, el 17% de las unidades funcionales de un edificio tanto en Capital como en provincia poseía deuda. "Hace dos años empezó esto, pero el salto más abrupto se dio desde diciembre para acá", dijo a El Economista Miguel Ángel Summa, presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI). "Es un círculo vicioso: al haber más deudores, los copropietarios que pagan tienen que pagar más, y con eso se les hace cada más difícil cumplir", añadió. En las expensas los intereses corren desde el primer día de mora y rondan entre el 4% y 5% mensual.
En tanto, también se viene registrando un fuerte aumento de la morosidad en las cuotas de los clubes, sobre todo los de barrio. En muchos casos, la situación termina en la salida de los socios, lo que llevó a que la gran mayoría de los clubes medianos y chicos aumenten sus cuotas por debajo de la inflación para evitar cierres, además de recortar personal.
Ingresos menos disponibles
La montaña cada vez más alta de deudas imposibles de afrontar para un número creciente de personas es uno de los resultados más evidentes de la caída del ingreso disponible. La actualización de las tarifas de los servicios públicos por encima de la inflación como vía para reducir el monto de los subsidios viene recortando la porción del salario y de otros ingresos que quedan para ser destinados a alimentos, salud, educación o entretenimiento.
Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires-Conicet, la canasta de servicios públicos en el AMBA de junio representó el 15% del salario promedio registrado ($ 1.919.353) para ese mes. En noviembre de 2023, esa canasta representaba menos del 6% del salario promedio. Un rubro que refleja ese salto con claridad es el transporte: solo en los últimos doce meses, el gasto para trasladarse aumentó un 75%, muy por encima del 34% de inflación acumulada en ese período.
Ese salto de los gastos fijos ha venido forzando un reordenamiento de los presupuestos familiares en lo que va del gobierno de Javier Milei. En una primera etapa, entre el segundo trimestre de 2024 y mediados de 2025, el crecimiento de los préstamos personales y las tarjetas de crédito, además del financiamiento en entidades no bancarias, fue utilizado para sostener ciertos niveles de consumo. Sin embargo, tras la duplicación del nivel de las tasas de interés registrado en el tercer trimestre del año pasado, las deudas se volvieron mucho más difíciles de pagar.
Esa imposibilidad viene forzando, además de los recortes, a buscar nuevas deudas, en muchos casos con peores condiciones, para afrontar las anteriores. Según una encuesta a 1.301 hogares realizada por el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) –organización civil que mide la realidad socioeconómica en los barrios populares-, el 47% señaló que para llegar a fin de mes debe endeudarse; el 39% llega con dificultad ajustando gastos no esenciales; el 12% "llega justo, sin margen" y solo el 2% "llega cómodo y puede ahorrar".
En la clase media, la necesidad lleva a aplicar recortes incluso en gastos muy valorados como los relacionados con la salud y a posponer pagos como el de las expensas. "En el primer trimestre hubo una caída muy importante del poder adquisitivo de los salarios por la aceleración de la inflación, pero ya en abril hubo una mejora en los salarios registrados y quizás eso siga en lo que resta del año aunque en todo caso sería un proceso muy lento", dijo Menescaldi. "Se está viendo un trade off entre las deudas: mientras en el caso de las tarjetas es muy importante mantener ese crédito abierto porque permite, por ejemplo, hacer compras en el supermercado, en muchos casos se resigna el pago el pago de las expensas o de un impuesto municipal".
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
