A nivel mundial se da la discusión de la necesidad de asistencia que tienen los países ante una pandemia que golpea la economía. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) pide que los Estados asistan a los sectores más afectados por la pandemia. Estados Unidos con Joe Biden lleva la delantera con una asistencia considerable, por ejemplo, a través de un proyecto a 10 años que destinará US$ 1,8 billones a “mejorar la vida de millones de norteamericanos”.
En ese marco, Argentina, ante la crecida de casos de Covid-19, debió imponer nuevas restricciones a la circulación, afectando el normal funcionamiento de actividades no consideradas esenciales. Durante 2020 el llamado “gasto Covid” representó 3,5% del PIB, pero nuestro país no cuenta con el mismo margen para 2021.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el déficit primario terminaría 2021 en 2,7% del PIB mientras que, en el Presupuesto, para el período está previsto en 4,2%. Eso significa que el margen que maneja el Gobierno es de 1,5% del PIB. "Este sería el colchón fiscal para enfrentar al coronavirus en 2021 sin empeorar el déficit anual originalmente previsto. El mismo es equivalente a la mitad del 'gasto Covid' del año pasado", consignó el Iaraf.
Sin duda, la segunda ola de la pandemia y las restricciones a la movilidad generarán la necesidad de transferencia de ingresos a las familias, empresas y trabajadores afectados. Ya hay algunas presiones para eso. Asimismo, ese freno a la economía podría afectar los ingresos tributarios y empeorar el resultado fiscal. “El punto es que el piso para el déficit se estima en un nivel alrededor de 1,5 puntos porcentuales más bajo que el presupuestado”, aseguró el informe.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo “hoy la economía no podría soportar un nuevo cierre total” y “una cuarentena estricta, como la que se implementó en marzo de 2020, está prácticamente descartada”. Entonces, queda clara la necesidad de que las ayudas y las restricciones sean lo más focalizadas y eficientes posibles porque, de lo contrario, peligraría el orden fiscal que busca Guzmán.
¿Qué pasó en 2020?
Para comprender la dimensión del gasto, es necesario tener en cuenta lo que sucedió el año pasado. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “gasto Covid” disponible fue de $941.328 millones, de los que se utilizaron $917.793 millones. Esto representó, según las estimaciones, 3,5% del PIB. Claramente la mayor participación la tuvieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con $262.281 millones y el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), con $226.281 millones.
A esto se sumaron los fondos de garantía para sostener préstamos a las pymes por parte de los bancos, como el Fogar y el Fondep ($126.261 millones), aportes al Tesoro Nacional ($65.731 millones) y asistencia financiera a las provincias ($54.011 millones). Además, las políticas alimentarias y los gastos del Ministerio de Salud y organismos dependientes comprometieron $38.077 millones y $32.893 millones, respectivamente.
Además, por el efecto de la pandemia y la cuarentena, la recaudación no fue la esperada. Para la OPC, la AFIP dejó de recaudar alrededor de $510.000 millones. Esto influyó en el aumento del déficit que complicó las cuentas públicas.
Ante esto, el déficit primario del Sector Público Nacional No Financiero de 2020 fue del 6,5% del PIB, menor al 8,3% proyectado en el Presupuesto 2021 que se presentó en septiembre pasado. Los intereses de la deuda fueron equivalentes a los previstos, cerca de 2% del PIB. “En efecto, el déficit fiscal efectivo fue del 8,5% del PIB y, con estos ratios, la pandemia derivó en el déficit fiscal más alto de los últimos 27 años”, afirmó el Iaraf.
El “gasto Covid” en 2021
Durante el primer trimestre de 2021, el déficit financiero fue el más bajo de los últimos seis años, según los datos oficiales del Ministerio de Economía. El rojo del período fue de $184.408 millones, es decir, 0,5% del PIB. La merma fue explicada por el alivio en las obligaciones de pago que generó la reestructuración de la deuda.
Para el Iaraf, con los datos disponibles de ingresos y gastos del sector público en los primeros tres meses del año, y teniendo en cuenta la estructura temporal habitual de los diferentes rubros, “se puede estimar que el resultado primario se ubicaría en un déficit de 2,7% del PIB, algo más elevado que el déficit del presupuesto 'corregido' por cierre efectivo 2020, pero definitivamente más bajo que el 4,2% que figuraba en la ley escrita para 2021”.
“Esta diferencia de 1,5% del PIB sería el pulmón o colchón fiscal para enfrentar al coronavirus en 2021 sin empeorar el resultado deficitario originalmente previsto”, agregaron.
Sin tener en cuenta ese “colchón”, para este año estaba previsto un “gasto Covid” significativamente más bajo que el de 2020. Según la OPC, los montos autorizados para este año son de $164.591 millones. En el presupuesto la asignación era de $94.556 millones, pero ante el avance de la segunda ola fue ampliada.
En los primeros tres meses del año se ejecutó el 35,3% de lo previsto, es decir, $58.032 millones. Los gastos principales fueron el Repro II ($14.012 millones), vacunas ($14.148 millones) y salario complementario ($10.296 millones). A eso se sumarán las medidas de asistencia anunciadas por el Gobierno, a mediados de abril, para los sectores afectados tras las nuevas restricciones.
La decisión oficial, ante este escenario, fue aplicar un bono para empleados sanitarios ($14.430 millones), la ampliación del Repro II ($6.000 millones) y el bono de $15.000 para beneficiarios de AUH y monotributistas de las dos categorías más bajas (alrededor de $14.000 millones). Así, el gasto total de estas medidas será cercano a los $34.500 millones que, sumado a lo ejecutado, totaliza un gasto para paliar la pandemia un poco por encima de los $92.000 millones. Teniendo en cuenta la última ampliación, el margen (sin tener en cuenta el 1,5% del PIB extra) sería cercano a los $70.000 millones.
Los especialistas
“La segunda ola constituye un desafío cierto. Todo indica que la asistencia, grande o chica, continuará impulsando las tasas inflacionarias”, consideró el director de Invenómica, Pablo Besmedrisnik, ante El Economista. “El menor nivel de actividad comenzará a hacerse sentir en la recaudación, y ciertamente la Argentina hoy no dispone de líneas de financiamiento para poder asistir a los sectores sociales más vulnerables y a los más impactados por un potencial paro más importante, sin recurrir a la emisión”, aseguró.
Para el economista, no se puede obviar que los servicios públicos y la energía han tenido ajustes mínimos en los últimos meses, sufriendo una caída real muy fuerte, “que seguirán impactando de forma creciente en las necesidades de subsidios y por lo tanto generando presión en las cuentas fiscales”.
“Las tasas de inflación de los últimos meses dejan en claro que las necesidades de asistencia en los sectores rezagados serán muy altas, pero las arcas públicas no contarán con gran espalda para financiarla”, añadió Besmedrisnik.
El economista de Ecolatina, Joaquín Waldman, dijo a El Economista que “la recaudación viene muy bien en los primeros meses de 2021, en contraste a lo que pasó en lo peor del año pasado.
“Hay cierto margen fiscal para atender sectores específicos y no tan generalizado como los de la primera ola”, agregó.
“El Tesoro está tratando de financiar el gasto con más deuda que emisión, pero no hay margen para una asistencia como la del año pasado, eso no sería viable”, destacó Waldman. “Considerando que habrá gasto para atender la pandemia porque la cuestión fiscal se viene sobrecumpliendo”, concluyó.
