La “guerra contra la inflación” que, como anunció el martes el presidente Alberto Fernández, iba a comenzar el próximo viernes terminó desatándose antes de lo esperado con los exportadores de carne que quisieron salirse del programa oficial “Cortes Cuidados”.
Los empresarios habían denunciado que, como los cortes subsidiados valen entre 20% y 30% menos que los valores de mercado, y además los precios de la hacienda para producirlos han seguido aumentando, prácticamente trabajan a pérdida o con márgenes casi inexistentes.
Además, también habían criticado las restricciones que todavía existen para exportar carne vacuna y la competencia que se generó en los últimos tiempos con el sector informal o menos regulado (los operadores “sin planta”) en la comercialización de carne al mundo.
“Hay cupos de hecho que no tienen ninguna resolución. No hay estadística de quién exporta y cómo. Hay semanas que dan (los permisos para exportar) y otras no o todas de golpe. Es un caos”, señaló una fuente del sector al diario La Nación.
Ayer, se conoció que el Gobierno pudo conseguir un resultado favorable en esa primera batalla. Finalmente, los frigoríficos integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) seguirán dentro del programa para comercializar los siete cortes de mayor consumo popular a precios accesibles en los grandes supermercados.
La marcha atrás en la decisión fue anunciada por el presidente de la entidad empresaria, Mario Ravettino, quien comunicó a la prensa la intención de mantener la oferta de 6.000 toneladas mensuales en las bocas de expendio que integran “Cortes Cuidados”.
Dicho plan se estableció hasta fin de año, con revisiones a lo largo del período. La próxima se iba a llevar a cabo en abril. A la fecha, los precios acordados, por kilo, eran la tira de asado de $699; vacío a $749; matambre a $779; falda a $449; tapa de asado a $639; nalga a $799 y paleta a $649.
Primera batalla
El general a cargo de esa batalla fue el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien tuvo una larga reunión con ABC y les advirtió que los frigoríficos que decidan retacear la provisión a supermercados serían impedidos de poder exportar los productos permitidos.
En la mañana de ayer, Domínguez había informado a través de su cuenta de Twitter que "quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne". De esta manera, la cartera agropecuaria se sumó a la intimación formulada ayer por la Secretaría de Comercio Interior para que los frigoríficos exportadores cumplan con el compromiso asumido.
En un nota, la secretaría conducida por Roberto Feletti calificó a la decisión adoptada por ABC de "unilateral, intempestiva e irrazonable" y dijo que "implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de Ley de Abastecimiento acarreando un impacto grave sobre el normal abastecimiento de los cortes de carne referidos en las bocas de expendio de consumo masivo minoritario".
Es por esto que se las intimó a "mantener el adecuado cumplimiento del abastecimiento de los cortes de carnes referidos a los precios oportunamente establecidos bajo apercibimiento de aplicar las medidas pertinentes contempladas en dicho cuerpo normativo".
Domínguez subrayó que la situación actual forma parte de un contexto extraordinario debido al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, "que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos" que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de un millón y medio de cabezas".
Fuego cruzado
Desde la cartera agropecuaria también criticaron dichos de integrantes de ABC reproducidos en diferentes medios respecto a la falta de "transparencia" en la asignación de permisos de exportación, entre otros puntos.
En ese sentido, fuentes del ministerio indicaron a Télam no sólo que las exportaciones se desarrollan sin inconvenientes, sino que ABC participa en el seguimiento de los procesos.
Además, remarcaron que si bien las cámaras exportadoras acordaron destinar unas 6.000 toneladas por mes al mercado interno de carne de buena calidad a precios reducidos, "en febrero el consorcio ABC incumplió el acuerdo" ya que "sólo se destinaron unas 2.500 toneladas".
Por su parte, el presidente de ABC, Mario Ravettino, dijo que en el encuentro que mantuvieron con Domínguez, "cada uno pudo exponer con tranquilidad y tiempo nuestras posiciones. Quedamos en una mesa de trabajo para poder avanzar en los diferentes temas".
Ravettino dijo también que le transmitió al ministro la necesidad de que se amplíe la participación en el programa a otras cámaras empresarias.
Posibles medidas
El dato de inflación correspondiente a febrero que dio a conocer el martes cayó como un balde de agua fría. El índice general marcó una suba de 4,7% y el segmento de alimentos 7,5% influido por frutas y verduras, sumado al impacto de carnes.
El diagnóstico del Gobierno es que estos alimentos frescos, en particular frutas y verduras, vienen incidiendo mucho en la inflación. Se buscará poner en marcha un fondo de estabilización de papa, cebolla y tomate, en conjunto con el Mercado Central.
En diálogo con El Economista el experto en el sector frutihortícola, Mariano Winogard, resaltó que las subas registradas en estos productos responden a situaciones “circunstanciales”.
“La ola de calor y sequía fue un factor determinante en las subas”, explicó.
El también presidente de "5 Al Día", organización que promueve la ingesta de frutas y hortalizas, resaltó que “hay que tener en cuenta que las verduras y hortalizas pueden tener escaladas en sus precios, pero también hay bajas y muchas pueden reemplazarse por otros”.
Respecto a la posibilidad de controles y medidas que analiza el Gobierno, Winogard resaltó que “nuestro mercado es muy atomizado, por lo que estas iniciativas no tendrían buenos resultados y esto es una cuestión de oferta y demanda”.
En cuanto a la suba de granos, la primera medida oficial será la suba del diferencial que pagan el aceite y la harina de soja, de 31%, con el que se abona por el poroto de la oleaginosa, de 33%. Con esos ingresos extra, que los analistas estiman de entre US$ 400 y US$ 450 millones, se podría financiar la compra de trigo por parte del Estado o algún mecanismo similar a los fideicomisos que subsidien el precio local del trigo hasta fin de año.
Así, se acordaría un valor de referencia para la bolsa de harina y precios máximos para el pan y los fideos. Eso serviría para reforzar el fideicomiso de 800.000 toneladas de trigo acordado con los exportadores, quienes advirtieron que lo dejarían sin efecto ante una suba de retenciones.
Tampoco está descartado buscar una ampliación de los 1.300 productos incluidos en Precios Cuidados. Sobre este punto, Comercio Interior ya venía trabajando en algunas medidas. En detalle, la Secretaría que conduce Feletti acelera para acordar una canasta de 75 productos dentro de +Precios Cuidados que esté disponible en los comercios de proximidad, garantizando el cumplimiento de los precios y el margen de rentabilidad de estos comercios.
Habrá que esperar para ver cuál será la predisposición de las empresas para acordar en un contexto donde el porcentaje de subas acordado en enero (2% mensual) parece quedar corto.
La implementación definitiva de la Ley de Góndolas y de Abastecimiento jugarán un papel central en la coerción a empresas.
El viernes, se conocerán los detalles finos del plan oficial. Sin embargo, el primer balance de la guerra (el IPC de marzo) se anticipa negativo para la tropa oficial.
