6 junio de 2025
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El "Principio de Inocencia Fiscal", impulsado por el Gobierno, busca proteger a los ahorristas, permitiéndoles disponer de sus fondos sin necesidad de justificar su origen.
Entre sus objetivos, se destacan la elevación de los montos mínimos para perseguir delitos tributarios, la reducción de plazos de prescripción y la creación de un régimen simplificado de Ganancias para contribuyentes con ingresos y patrimonio limitados, fomentando así un sistema fiscal más flexible y accesible.
En materia de delitos tributarios y de seguridad social, se incrementaron significativamente los montos mínimos para iniciar acciones penales. Por ejemplo, la evasión simple tributaria pasa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que en seguridad social, la evasión simple sube de $200.000 a $7.000.000.
Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no formulará denuncias penales si el contribuyente paga la deuda e intereses antes de la denuncia, o si abona un 50% adicional dentro de los 30 días hábiles tras la imputación, incentivando la regularización sin consecuencias penales.
Se introducen cambios para agilizar los procesos y evitar dilaciones. La extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral queda prohibida, eliminando acuerdos extrajudiciales y promoviendo el pago del 50% adicional para resolver la deuda. Asimismo, ARCA no iniciará denuncias en casos donde el contribuyente justifique su criterio técnico-contable o presente declaraciones juradas antes de una fiscalización, ofreciendo mayor seguridad jurídica.
El régimen simplificado de Ganancias beneficia a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos hasta $1.000 millones y patrimonio hasta $10.000 millones, excluyendo a grandes contribuyentes. Este régimen presume la exactitud de las declaraciones juradas de Ganancias y IVA no prescriptas, salvo discrepancias significativas, y otorga un efecto liberatorio al aceptar y pagar la declaración propuesta por ARCA, salvo fraudes. Además, se reducen los plazos de prescripción de 5 a 3 años para tributos y de 10 a 5 años para seguridad social, siempre que se cumplan las condiciones del régimen.
Finalmente, el proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar regímenes simplificados similares, promoviendo una armonización fiscal a nivel nacional. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento tributario, reducir la litigiosidad y fortalecer la confianza de los contribuyentes en el sistema, mientras se refuerza la persecución de irregularidades graves mediante un marco legal más claro y eficiente.
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