Impuesto o tasa

El FdT sostienen que la Ley de Envases no crea un “nuevo gravamen” y crecen críticas de la oposición

El proyecto fue rechazado por la oposición y sectores industriales y aseguran que un impuesto así solo se aplica en 4 países

Debates por la Ley de Envases
22-11-2021
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La semana pasada comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto por la Ley de Envases que impulsa el Gobierno. Ya obtuvo el aval de la comisión de Recursos Naturales, Presupuesto y Hacienda y seguirá su tratamiento en la Cámara. Sin embargo, esta iniciativa presenta fuertes críticas por parte de la oposición y los sectores industriales ya que sostienen que, con ella, se establece un nuevo gravamen que redundará en mayores precios.

La propuesta apunta a promover la gestión de envases en el país y reducir el impacto en el medio ambiente. Se calcula que el 25% de la basura del país son envoltorios, de los cuales solo el 8% es reciclado.

Para ello, uno de los puntos establece la creación de una tasa ambiental que los productores deberán abonar por los envases que ponen en circulación. Así, se fomenta el uso de materiales más sustentables -ya que a menor impacto ambiental, menor será la tasa- y, para quienes no se ajusten a esto, se promueve un sistema de recolección y reutilización de los materiales.

Con el dinero recaudado de esta tasa se creará un fideicomiso -administrado por la banca pública- que fortalecerá el trabajo de los recicladores, que hoy son aproximadamente 200.000. 

Daniela Vilar, del bloque del FdT, explicó que “la ley incorpora el principio de responsabilidad de los productores” y apuntó contra el sector industrial al afirmar que “las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado”.

La diputada Vilar (FdT) dijo que "la ley incorpora el principio de responsabilidad extendida de los productores" y "en todo el mundo las empresas se hacen responsables del impacto ambiental que generan sus envases"

Por su parte, el diputado del FdT, Itai Hagman, comentó que el proyecto apunta, no solo a reducir el impacto ambiental sino que, a su vez, a “financiar el sistema de reciclado que llevan adelante los recicladores urbanos que es muy importante porque genera puestos de trabajo y permite, además, generar un insumo muy importante para la industria”. 

Argentina importa materiales reciclados por lo que se podría satisfacer esa demanda local e impulsar la generación de empleo genuino.

Desde el arco opositor sostienen que se trata de un “mal proyecto” y, según Luciano Laspina, diputado de Juntos por el Cambio, es “un impuestazo porque no es una tasa ya que no se contempla una contraprestación, con lo cual es un impuesto de asignación específica”, entre otras críticas.

Además, señaló que, si se implementa la propuesta, se “estatiza el reciclado” y que el impacto recaerá en los mayoristas y lo terminarán pagando los consumidores: “Son $ 300.000 millones que caerán sobre las espaldas de los consumidores”. 

Tuit Luciano Laspina

El diputado Gustavo Menna se sumó a este argumento y dijo: “El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”. 

Mediante un tuit, el pasado 17 de noviembre, el diputado electo Ricardo López Murphy, también se refirió al tratamiento de este proyecto y se mostró en contra ya que no considera que esta sea la salida de los problemas que atraviesa el país.

Tuit Ricardo López Murphy

Por su parte, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) también se mostró en contra de la medida y expresó: “Ante la presentación de esta iniciativa, y su tratamiento en comisiones, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina  expresa su preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma".

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