A pesar de las críticas por parte de la oposición y algunas industrias, el proyecto de ley de gestión integral de envases ya está listo para ser tratado en la Cámara de Diputados.
Tras su presentación, fue debatido en la Comisión de Recursos Naturales y, hoy, en la de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Carlos Heller (FdT). Así, con firmas de 27 de los 49 integrantes, obtuvo el aval para seguir avanzando en su aprobación. Los 27 votos fueron solo del FdT.
Este proyecto fue impulsado desde el oficialismo y, por tanto, en el próximo paso tendrá un fuerte apoyo del Gobierno y de una red nacional que nuclea a aproximadamente 150.000 trabajadores del reciclaje.
¿Qué dice el proyecto?
Esta iniciativa apunta a crear una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases que se ponen en el mercado y, así, generar un sistema propio de recolección y reutilización.
Para ello, se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que serviría para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promovería la inclusión de recicladores y fomentaría el desarrollo del ecodiseño. Con todo esto, se busca dar respuesta a uno de los problemas que el país tiene hoy en día: los residuos sólidos urbanos.
En Argentina se producen 50.000 toneladas de residuos diarios, de los cuales 20% son desechos sólidos urbanos que se generan a partir del uso de envases. A su vez, sólo el 9% son aprovechados para reciclarse, mientras que, el resto, terminan en uno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país.
Las posturas
Desde la bancada oficialista, Itaí Hagman comentó que “Argentina tiene hoy, según el Ministerio de Ambiente, 5.000 basurales a cielo abierto que expresan las tendencias que venimos teniendo como sociedad a la acumulación y al mal uso de residuos. Esta ley que incorpora y crea estas instituciones es una manera de complementar todos los trabajos y políticas medioambientales”. Añadió también que “tiene un doble objetivo, por un lado, desincentivar el uso de envases sobre todos los más contaminantes, y por el otro lado, una forma de compensar el daño ambiental que produce la utilización de estos envases”.
Sin embargo, Luciana Laspina, por el Pro, criticó la medida: “Tenemos algunas objeciones de fondo respecto al proyecto, primero porque lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso. Por eso, sería sumar una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores, cuando la canasta alimentaria está por las nubes”.
También agregó que esto es un impuesto, no es una tasa. "Es un impuesto de asignación específica que se hace para montar un sistema de supuesto reciclado a nivel nacional que va a centralizar el Gobierno nacional a espaldas de las provincias casi sin participación. Muy pocos países utilizan una tasa como quieren poner acá”. Por todo esto, concluyó que presentarán un dictamen en minoría.
Por último, Luis Mario Pastori, por la UCR, volvió sobre la cuestión de la tasa y explicó que “hay una incongruencia porque el punto cinco hace referencia a una tabla del punto cuatro que no existe en el texto que estamos tratando”. Además, señaló que “hay una delegación impropia que no corresponde. ¿Por qué la tasa del 3%? Estamos en contra de seguir generando nuevos tributos, es un tributo porque es obligatorio”.
