La Unión Industrial Argentina (UIA) sostuvo que el proyecto de ley “Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo”, que está siendo tratado en el Congreso, impactará negativamente en el sector productivo. Además, propuso “diez puntos de consenso” para una normativa con perspectiva amplia.
El departamento de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la entidad consideró que entre los aspectos más perjudiciales se destacan la falta de representación sectorial en la norma, la ausencia de un abordaje que permita construir una economía circular más integrada como propone el sector industrial y la creación de nuevas imposiciones tributarias que afectan a la actividad industrial.
Por otro lado, los representantes de la junta directiva de la UIA coincidieron en la importancia de darle participación al sector productivo en el debate del proyecto de ley “para generar un esquema que promueva de manera sustentable la economía circular y no genere nuevos sobrecostos que afectan la competitividad del sector”.
El debate
Luego de tres horas de debate, el oficialismo logró hoy un dictamen favorable para la iniciativa en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. Ahora resta que el proyecto sea debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y eso será mañana a partir de las 13, ya que fue incluido en la agenda.
El punto más objetado es la creación de una “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep)” que prevé la iniciativa, más allá de que el viceministro de Ambiente, Sergio Federvisky, defendió que se aplicará a aquellos productores que no implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización de envases debidamente aprobado el Ministerio.
Durante el encuentro, la diputada radical Brenda Austin cuestionó que el proyecto no haya sido girado a la Comisión de Industria, una crítica compartida con la UIA, y que “al llegar aquí nos anoticiamos con que había una lista de invitados”, teniendo que convocar en muy poco tiempo a expositores que tienen una opinión distinta sobre la iniciativa.
Claudio Terrés, presidente del Departamento de Ambiente de la UIA, estuvo hoy en la comisión y se refirió a la importancia de la economía circular: “Es una cuestión ambiental realmente importante. Hoy en día, en Argentina, se reciclan un millón de toneladas de papel y cartón y se podría reciclar el doble, hay capacidad para poder crecer”, sostuvo. Sobre el texto, Terrés consideró que la nueva tasa va a “encarecer los productos” y perjudicaría a los consumidores al absorber ese costo.
Entre los objetivos, el proyecto busca aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos y minimizar el impacto ambiental de los residuos; al tiempo de alentar a los productores a asumir las responsabilidades extendidas de recolección, reciclaje y diseño de productos y envases con mayor nivel de reciclabilidad, mediante distintos incentivos.
El destino de la Tarep irá a crear un fideicomiso que será administrado por la banca pública y será destinado a fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.
Desde el bloque de la UCR anticiparon que presentarían un dictamen de minoría, basado en un proyecto de Gustavo Menna y la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) criticó la normativa del Ejecutivo y pidió “no poner al Estado en el rol de vigilante, que lamentablemente nunca cumple”
Diez puntos de consenso
En primer lugar, la UIA reclamó que la normativa sea una ley de presupuestos mínimos para asegurar la uniformidad y homogeneidad de criterios y pautas que son aplicables en cada jurisdicción. Por eso sería necesario que haya un marco regulatorio nacional, que establezca presupuestos mínimos.
En caso contrario, advirtieron, cada jurisdicción quedaría libre para definir la regulación a aplicar localmente, lo que pondría en riesgo hasta hacer imposible, “en algunos casos”, el logro de los principales objetivos ambientales que serían la prevención y reducción del impacto en el medio ambiente de los residuos de envases posconsumo.
También solicitaron que se limite a los residuos de envases utilizados asimilables a domiciliarios. Este punto tiene que ver con la necesidad de disponer de una solución integral para resolver la problemática que se genera por la disposición final de residuos sólidos domiciliarios de centros urbanos, que “debería focalizarse en evitar la acumulación de residuos de envases posconsumo”. “La adecuada valorización de estos residuos contribuirá a reducir los costos de gestión”, afirmaron.
A su vez, la entidad pidió que incorporen al proyecto los conceptos de gradualidad, progresividad y razonabilidad. “Estos tres conceptos son los pilares para que la normativa sea técnica, económica y socialmente sustentable, teniendo en cuenta que su implementación y aceptación implica un profundo cambio cultural que requiere tiempo, a la vez de tener que montar instalaciones e infraestructuras específicas de clasificación y recuperación, además de generar un mercado para el reciclado y la valorización”, apuntaron.
Otra preocupación es que se respete la libertad en el diseño de los envases. La industria considera que debe existir libertad en las definiciones sobre el diseño de envases, teniendo en cuenta los requisitos de una gestión ambiental responsable. Asimismo, estas decisiones contemplan otros requisitos, tales como las normas de seguridad internacionales para que los envases sean seguros en condiciones de transporte y uso.
Por otro lado, la UIA indicó que los objetivos de la ley de residuos deben estar basados sobre el principio de jerarquía de gestión de residuos: reducir la generación, promover la reutilización, el reciclado y cualquier otro tipo de valorización, incluida la valorización energética mediante procesos de combustión controlada o incineración.
“Para el cumplimiento de dichos objetivos es indispensable asegurar los conceptos y principios de la economía circular, en el entendimiento de que los materiales recuperados puedan transformarse en insumo de otros procesos productivos”, agregaron.
Asimismo, explicaron que la ley debe prever algunos elementos básicos de los sistemas integrados de gestión asociados a asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. “El sector privado tendrá la responsabilidad de gestionar y administrar, mientras que el sector público tendrá la responsabilidad de controlar el Sistema Integrado de Gestión (SIG)”, mencionó la entidad empresaria.
En ese sentido, la UIA dijo que para asegurar el buen funcionamiento de cualquier sistema de gestión de residuos de envases, es necesario definir los roles y responsabilidades de todos los actores involucrados: “fabricantes o importadores de materias primas para la producción de envases, fabricantes de envases, envasadores, comerciantes, distribuidores, consumidores, recuperadores, industria recicladora y el Estado”.
Además, pidieron que el SIG debe estar exento por normas impositivas. El valor del aporte debe estar expresado en "una cantidad dineraria". “El proyecto debe dejar claro que este aporte, idéntico en todo el territorio de la Nación, no tendrá la consideración de precio ni estará sujeta a tributación alguna”, señalaron.
Según consideraron, el importador también debe ser considerado el responsable de la primera puesta en el mercado de un producto fabricado fuera del territorio nacional, por lo tanto, es el sujeto residente en el país obligado al cumplimiento de la ley para los productos que comercializa y debe ser alcanzado por la obligación del aporte al punto verde. En el caso del exportador, solicitaron que quede excluido del aporte dinerario, ya que tendrá que hacer frente a las leyes del mercado del destino.
Con relación a las actividades de recuperación y valorización, “el régimen a adoptar deberá establecer, en igualdad de condiciones, los instrumentos de promoción necesarios para que tanto las cooperativas, las Mipymes, las Pymes, así como toda otra forma jurídica pertinente, puedan ser integradas por trabajadores recuperadores y recicladores, garantizando así su libertad de elección laboral y permitiendo la multiplicidad de actores involucrados en ello”, concluyeron.
