Uno de los desequilibrios que deberá corregir el Gobierno en 2022 será la abultada cantidad de recursos que se vuelcan en subsidios energéticos, que según estimaciones privadas representarán US$ 10.000 millones en 2021, equivalentes a 2,5% del PIB. Quienes son proclives a avanzar con el recorte de subsidios, como Martín Guzmán, buscan preparar el terreno argumental: señalan que son “pro ricos” y señalan que una segmentación sería el mejor camino.
Esta semana, a través de una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, el secretario de Energía, Darío Martínez, extendió el congelamiento de las tarifas de electricidad hasta abril de 2022. El funcionario había comentado en agosto ante El Economista que se avanzaría a una segmentación de tarifas, pero que estas “no pueden aumentar por encima de la inflación”.
En esa línea, el proyecto de Presupuesto 2022 proyecta para el año próximo un gasto sobre el producto de 1,4% en materia de subsidios energéticos. Sin embargo, la partida original será del 1,8% del PIB pero el Gobierno contempló una implementación de la segmentación.
Muchas veces se cuestiona cuánto se gasta, pero se pierde el foco de hacia dónde van esos recursos. El ministro Guzmán señaló en mayo pasado, en un mensaje puertas adentro: “Tenemos que ser autocríticos. Los subsidios energéticos son pro ricos en un país con 57% de pobreza infantil. Estamos gastando subsidios de luz y de gas en un sector que no es prioritario, en barrios donde vive gente de altos ingresos”.
Guzmán es el principal impulsor de la segmentación, que hasta el momento viene llevando mucho tiempo. Ese retraso revela, entre otras cosas, un Estado limitado para conocer la realidad de los ciudadanos.
Un ejemplo claro se vio cuando comenzó la pandemia y el Gobierno lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), donde muchos de los cerca de 9 millones de beneficiarios no estaban bancarizados, o no tenían siquiera algún servicio o factura a su nombre. Como sostuvo en su momento el presidente Alberto Fernández, el Estado “no sabía dónde estaban”.
¿Cuánto se gasta en subsidiar la energía?
Un trabajo realizado por Alejandro Einstoss, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE) y publicado por Econométrica, sostuvo que desde que asumió el Gobierno, y comenzó la pandemia, los subsidios corrientes al sector energético “se duplicaron”.
“Desde enero de 2020 los subsidios energéticos (acumulados en 12 meses) crecieron 113% pasando de US$ 4.400 millones a US$ 9.488 millones a septiembre de 2021 con proyecciones de terminar el año por encima de los US$ 10.000 millones, el equivalente a 2,5% del PBI”, repasó Einstoss. Además, consignaron que, si se suman los subsidios al transporte, la cuenta llega al 3% del producto.
El autor además detalló cómo se distribuyen esos recursos, en donde el principal destino (65%) va hacia a la empresa Cammesa, que cubre con fondos públicos la brecha entre el costo de generación y el precio mayorista que paga la demanda de energía eléctrica.
Tal como explicaron, la tarifa eléctrica actual cubre sólo el 30% del costo, mientras el otro 70% lo paga el Estado Nacional mediante transferencias a Cammesa. Esas erogaciones alcanzaron los US$ 6.300 millones en los últimos 12 meses. En el caso del gas la cobertura de subsidios alcanza al 50% y el costo fiscal acumulado en los últimos 12 meses suma US$ 2.900 millones, que representan el 30% de los subsidios totales.
¿Qué sucede con el gas?
En el caso del gas natural, el informe comentó que la producción es creciente a fuerza de fuertes subsidios a la oferta vía sucesivos “planes gas” implementados desde 2014 y que “demandaron a la fecha más de US$ 10.000 millones”. En concreto, la demanda doméstica se cubre en un 80% con oferta local, mientras el 20% se importa a través de GNL (barcos) o gas natural de Bolivia.
La salida de la pandemia implicó un aumento generalizado del gas natural y del petróleo a nivel mundial, luego de que tocaron mínimos históricos durante lo peor de la pandemia en 2020 por la baja demanda. “La recuperación de la demanda de gas no fue acompañada por la oferta lo cual ha derivado en precios más altos de los esperados para el gas en Europa y Asía”, dijo Einstoss.
“¿En qué nos afectan los elevados precios del GNL en el mercado mundial? En el precio de las importaciones del próximo invierno. El mercado de futuros ya nos informa que las compras del año 2022 esperan precios que dupliquen los del año 2021 y que sean cinco veces superiores a los del año 2020”, estimó.
En tanto, el estudio resaltó que las importaciones de GNL (barcos) que realizó Ieasa (ex Enarsa) para 2021 suman 9.7 MMm3/día, mientras que las importaciones desde Bolivia alcanzaron los 14 MMm3/día en los últimos doce meses. Es decir, “las importaciones cubren el 20% de la demanda”.
Entonces, subrayó el especialista, bajo el supuesto de que el año siguiente se importen las mismas cantidades de GNL a un precio promedio de US$ 15 por millón de BTU, las importaciones de gas por barco alcanzarán un monto cercano a los US$ 3.000 millones mientras que el gas natural de Bolivia podría sumar otros US$ 1.000 adicionales.
Por tanto, Einstoss proyectó que importar US$ 4.000 millones en concepto de gas en 2022 implicaría aumentar 70% el monto importado y la consiguiente demanda de dólares. “Pero el efecto de esta situación no se termina en las cuentas externas ya que Ieasa vende en el mercado local a precios inferiores al costo de importación y por lo tanto también impactará en los subsidios energéticos del año próximo”, concluyó el economista.
Gastar mejor
Muchas discusiones se dan a nivel político sobre la magnitud del gasto en subsidios y transferencias, incluso más allá de las tarifas energéticas. Resulta difícil, sobre todo para un Gobierno como el actual, pensar cómo salir de ese esquema en un país que tiene el 40,6% de su población bajo la línea de la pobreza y 10,7% no cubre una alimentación básica.
Un informe reciente del CEQ de la Tulane University, realizado por Nora Lustig, Juan Cruz López Del Valle, Caterina Brest López, Joaquín Campabadal, Julieta Ladronis, Valentina Martínez Pabón y Mariano Tommasi, analizó la estructura tributaria de Argentina en 2017 y sostuvo que nuestro país “es un caso atípico en cuanto a la reducción de la desigualdad y la pobreza a través de la redistribución”.
“El sistema fiscal en general reduce el coeficiente de Gini en 16,9 puntos y la pobreza en 5 o 6 puntos porcentuales, según la línea utilizada. Las transferencias directas de efectivo son el principal impulsor de este resultado”, señala el trabajo.
No obstante, Lustig y sus co-autores señalan que el gran impacto positivo del sistema tributario se debe principalmente a su tamaño, y no a su progresividad. El Estado de Argentina es el más grande de América Latina y muy similar a países avanzados con grandes niveles de bienestar.
Sin embargo, apuntó el estudio, algunos de los componentes del gasto exhiben un desempeño pobre en términos de progresividad y gastan recursos significativos en los “no pobres”: “La clase media y los ricos reciben casi el 54% de lo que se gasta en transferencias directas y tanto como el 76,4% de las subvenciones”, afirman los autores.
Además, mencionan que niveles tan altos de gasto tienen grandes costos en términos de estabilidad macroeconómica, eficiencia y crecimiento, que a su vez se retroalimentan en una mayor pobreza, haciendo que parte de este esfuerzo distributivo sea contraproducente. Una problemática que hoy sufre el Gobierno del FdT.
Una de las conclusiones del trabajo es que los subsidios van de manera desproporcionada a los ricos, ya que a pesar de ser (marginalmente) igualadores y progresivos, se concentran en los deciles superiores de la distribución del ingreso. “Este patrón se deriva principalmente de los subsidios a la electricidad, que representan más de la mitad del gasto en subsidios. Una excepción es el subsidio al gas envasado, que es el tercer rubro de gasto más progresivo”, consignó el documento.
Por otro lado, el análisis consideró que los impuestos también son regresivos en general, debido a cobros indirectos. “Los impuestos sobre consumos específicos, los impuestos sobre los combustibles y los impuestos sobre el valor agregado son una total desigualdad”, enfatizó.
“En conclusión, Argentina tiene un gran estado redistributivo con muchas fugas e ineficiencias que representan una amenaza para la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y la propia sostenibilidad de la redistribución. Por lo tanto, es de suma importancia pensar cómo se deben aplicar los impuestos, las transferencias y los subsidios”, concluyen Lustig y equipo.
