"Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal, para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva".
Con estas palabras, el presidente Javier Milei dejó en claro la intención del Gobierno de avanzar con fuerza con el proyecto presentado a mediados de año, que busca incentivar a los que tienen dinero fuera del sistema a depositarlo e invertir.
Desde su presentación, con bombos y platillos, la iniciativa permaneció cajoneada por el Congreso de la Nación. Incluso, la aprobación de una propuesta para elevar los montos definidos de evasión simple y agravada en Diputados hizo pensar en el naufragio definitivo.
Hoy, vuelve a cobrar vida con las palabras de Milei. En este escenario, El Economista consultó con especialistas, quienes realizaron un repaso por la propuesta y plantearon la necesidad de sumar beneficios para los que saquen los canutos del colchón.
Los 4 ejes del proyecto
La propuesta que ingresó al Congreso en junio pasado tiene cuatro pilares bien definidos. El primero es el incremento de los pisos que definen cuándo la evasión se convierte en delito para la Ley Penal Tributaria.
Los montos actuales son realmente ridículos si se considera que pueden ir a prisión quienes evadan $1,5 millones. Con la iniciativa, el monto de evasión simple quedó fijado en $100 millones, mientras que el agravada estará en $1.000 millones.
Diego Fraga consideró que este es uno de los puntos más relevantes, ya que con estos cambios, y tal como lo estima la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las causas penales podrían reducirse sustancialmente.
"Se busca que el derecho penal se concentre en los casos realmente graves y deje afuera a las pequeñas y medianas empresas que hoy, por inflación, terminan criminalizadas por montos ínfimos en términos reales", señaló el socio de Expansion Business.
Por su parte, Jorge Gebhardt recordó que existe un proyecto para elevar estos valores, que fue presentado por Ricardo López Murphy y que ya obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados.
Desde el punto de vista del Director del Departamento de Impuestos de Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados, sería conveniente que sea aprobado por el Senado, "dado que hoy los importes involucrados son irrisorios por falta de actualización por inflación".
El otro pilar de Inocencia Fiscal es el fuerte incremento de los valores de las multas. En la actualidad, por ejemplo, quienes no presentan sus declaraciones juradas en tiempo y forma son pasibles de sanciones que van de los $200 a los $400.
De aprobarse la reforma, las multas que podrían aplicarse serán entre 220.000 y 440.000 pesos. Además, las sanciones por omisión de presentación de declaraciones juradas informativas pasarán a ser de entre 5 y 10 millones de pesos.
La más alta será la que se aplicará para quienes no cumplan con la obligación de información país por país, ya que el castigo aplicable -de aprobarse la propuesta tal como está- estará entre los 45 y los 67,5 millones de pesos.
El tercer pilar hace referencia a las prescripciones. El cambio más rutilante es la reducción del plazo de prescripción de 5 a 3 años para los contribuyentes inscriptos que hubieran cumplido en término con la presentación de las declaraciones juradas.
Esta reducción operará siempre que ARCA no impugne la declaración jurada presentada por detectar una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros.
Por último, la iniciativa busca instalar un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar regímenes de fiscalización como este.
Según el titular del fisco nacional, Juan Pazo, ya son 17 las jurisdicciones que adhirieron. No obstante, Gebhardt aclaró que, al no estar todavía aprobada la ley, es una acción declamativa más que concreta.
En tanto, Fraga hizo hincapié en la necesidad de sumar más voluntades, ya que "falta un número importante de provincias, lo que limita su alcance y genera desigualdades regionales".
¿Alcanza o no alcanza?
La idea de "inocencia fiscal" busca generar un cambio de paradigma, para que no se trate como potencial delincuente a todo contribuyente que se pueda equivocar en una declaración o que incumple con normativas que no son sustanciales.
Por este motivo, para Fraga "ese mensaje es saludable, porque descomprimiría la relación fisco-contribuyente y reduciría la litigiosidad". Sin embargo, apunta que "la gran contradicción es que ARCA mantiene su esquema de controles y sanciones impropias sin grandes cambios".
En efecto, según el socio de Expansion Business, continúan las retenciones y percepciones masivas, se aplican presunciones duras, se realizan fiscalizaciones exhaustivas y se mantiene un sistema que sigue funcionando bajo la lógica del "sos culpable hasta que pruebes lo contrario".
"En ese contexto, medidas puntuales como actualizar umbrales penales o simplificar Ganancias son necesarias pero no suficientes para que la gente saque sus ahorros ocultos", apuntó.
Para cerrar, manifestó que la inocencia fiscal "debería ser más que un slogan". "Tendría que implicar un cambio cultural en la administración tributaria", afirmó el profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral.
Y concluyó: "Si eso no ocurre, difícilmente alcance para revertir el instinto de refugiar el dinero 'en el colchón', salvo que el contribuyente tenga una necesidad de usar ese dinero en el circuito formal".
En la misma línea se manifestó Gebhardt, al considerar que el régimen propuesto "es muy riesgoso para incentivar el uso de dólares del 'colchón'". Además, dudó que presente un incentivo a que disminuya la economía informal (que hoy ronda en un 40%, aproximadamente).
Para el especialista, la propuesta tiene varios talones de Aquiles, "dado que si existieran 'diferencias significativas en más de un 15%', no se eliminan las demás presunciones existentes en la Ley de Procedimiento (diferencias de inventarios y otras importantes)".
Desde su perspectiva, "para que esto funcione se debería aplicar un nuevo blanqueo, liberando conductas penales tributarias, cambiarias y multas". Y si bien explicó que eso estaría en contradicción con la última amnistía fiscal, concluyó que "todo es posible si hay acuerdos políticos".
¿Qué pasa con el lavado?
Una de las incógnitas que aparecieron al momento de lanzar el paquete de medidas oficial, estuvo relacionada con el lavado de dinero. En particular, si estas iniciativas podrían colisionar con alguna norma antilavado.
Quien puso punto final a la discusión fue Teresa Gómez, socia de Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados, al afirmar que "el proyecto habla de dinero ahorrado y no declarado, lo cual indica que nunca sería dinero sucio".
Vale recordar que existe una diferencia entre el dinero sucio y el negro. Mientras el primero proviene de operaciones ilegales (narcotráfico, tráfico de armas, etc.), el segundo es generado por transacciones legales que no fueron declaradas ante el fisco.
Además, la experta consideró que el Gobierno apunta a fortalecer sus lazos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que no cometería el error de formular una propuesta legislativa que atente con el trabajo realizado hasta ahora.
La suerte ahora queda en manos del Congreso -que terminará de definir su estructura en los próximos días- y de la muñeca política que pueda tener el Gobierno nacional para lograr aprobar la iniciativa.
Pero, más allá de que reciba el visto bueno del Parlamento, todo parece indicar que la "Inocencia Fiscal" deberá ser el primero de muchos pasos para lograr que los canutos salgan del colchón.
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