Por Jorge Colina (*)
El Ministerio de Trabajo produce unos datos interesantes sobre las características de las empresas privadas que dan empleo asalariado registrado en Argentina. Es una serie larga que comienza en 1996 y llega hasta 2019. Un aspecto que permite ver es la severidad de las crisis económicas destruyendo empleadores. Por caso, si se toma la crisis del período 1998?2002, se observa que la economía cayó 18% en todo el período y se destruyeron 50.000 empleadores. Esto significa que la tasa de destrucción fue de 3.000 empleadores por cada punto de caída del PIB.
Si se toma la actual crisis en el período 2017?2019, aparece que la caída del PIB fue de casi 5% y la pérdida de empleadores se ubicó en las 30.000, con lo cual la tasa de destrucción de empleadores subió a 6.000 por cada punto de caída del PIB. Es decir, la crisis actual es más severa en términos de destrucción de empleadores que la de comienzo del Siglo XXI.
Sobre este panorama cayó la pandemia. Con estos datos se puede hacer un ejercicio de prospectiva. Si en el 2020 la economía cayó 10% del PIB y la tasa a la que se venía destruyendo empleadores era de 6.000 por cada punto de caída del producto, no es arriesgado señalar que la cantidad de empleadores destruidos por la pandemia debe estar en el orden de los 60.000.
Antes que comenzara la crisis, en el 2017, la cantidad total de empleadores era de 600.000. Con lo que cayeron en 2018 y 2019 y lo que habrían caída en el 2020, el número actual debe ser de unos 500.000. O sea 100.000 empleadores menos. De esta forma, la cantidad de empleadores se asimila al que había en el 2005?2006.
¿Se podrán recuperar esos empleadores?
Para responder a esta pregunta hay que mirar las características de los empleadores en
Argentina. El 85% es un microemprendimiento con menos de 10 trabajadores y la mitad son personas físicas. La otra mitad son alguna forma de sociedad. Siendo así es claro que quienes más sufrieron la destrucción de sus empresas fueron pequeños emprendedores que tuvieron que afrontar los costos del cierre con su propio patrimonio. En ese sentido, se quemó mucho capital de pequeños empleadores que de por sí eran muy vulnerables.
Más grave aún es que, antes de la pandemia, el contexto regulatorio ya era muy agresivo con el emprendedor que trabaja en la formalidad. Para habilitar la empresa hay que superar muchas trabas burocráticas que demandan tiempo improductivo y terminan generando costos de honorarios para gestores e intermediarios. El sistema impositivo impone altas cargas tributarias, pero además se aplican retenciones y percepciones a cuenta de futuros pagos de impuesto que se comen el capital de trabajo.
Un párrafo aparte merecen las regulaciones laborales. En condiciones normales hay que pagar cargas sociales equivalentes al 50% del salario de bolsillo del trabajador. Si el puesto de trabajo no rinde como se esperaba y hay que apelar a la disolución del vínculo, este pequeños empleador tiene que pagar casi 3 salarios por sumas indemnizatorias, con apenas 4 meses y menos de 1 año de antigüedad. Con más antigüedad, eso sube.
En crisis, las reglas laborales se vuelven todavía más agresivas contra el empleador. Desde la crisis del 2001?2002 en materia laboral se instaló la idea de que, cuando sobreviene una crisis, hay que reforzar la rigidez con prohibición de despido, duplicación de indemnizaciones y la imposibilidad legal de ajustar los salarios a la baja para preservar la empresa y los empleos. Esto se agrava con la centralización de la negociación colectiva que impide a las empresas entablar un diálogo de supervivencia con sus trabajadores.
Toda negociación debe hacerse con el sindicato central, cosa que para las pequeñas empresas es imposible. Si la empresa busca sobrevivir reduciendo el personal, con alta probabilidad recibirá varios juicios laborales que termina siendo el tiro de gracia al intento de supervivencia.
Si se quiere recuperar el empleo asalariado privado registrado o, mejor aún, multiplicarlo hay que recuperar los empleadores perdidos y multiplicarlos. Para esto, hay que modernizar las regulaciones comerciales, tributarias y laborales. Hay que hacerlo teniendo en mente que el 85% de las empresas que dan trabajo son pequeñas unidades con menos de 10 trabajadores, donde el que pone el capital es un emprendedor que en realidad está poniendo sus exiguos ahorros. No es el dueño de un gran capital.
(*) Idesa
