Tal como lo había prometido meses atrás, finalmente el Ministerio de Agroindustria de la Nación dio a conocer sus lineamientos y objetivos para la modificación de la ley de semillas 20.247, uno de los temas que más preocupa al sector agropecuario desde hace ya bastante tiempo. La problemática tocó su punto más alto en mayo de este año, cuando Monsanto amenazó al Gobierno con irse del país si no le permitía cobrar a los productores por el uso de la propiedad intelectual, algo que la multinacional realizaba en las terminales portuarias de manera ilegal. Por eso, después de designar al Instituto Nacional de Semillas (Inase) como la única autoridad con potestad de habilitar métodos de control, el Ejecutivo decidió avanzar en un nuevo proyecto que “se adecúe a la actualidad productiva del país” y que “procure un equilibrio entre los intereses de todas las partes”, según expresa el texto que se presentó el viernes ante la Comisión Nacional de Semillas (CONASE).
Qué dice la ley
El borrador ? que será debatido en el Congreso Nacional en los próximos días ? apunta a que el pago incluya todos los conceptos por los derechos de propiedad intelectual de la semilla y sus productos derivados, así como también el acotamiento del uso propio, dado que se propone mantener la gratuidad a quien desee guardar parte de su producción para volver a usar la semilla con excepción de las variedades reproducidas durante las tres primeras campañas posteriores a la compra, salvo que se utilice en forma incremental, es decir, que si después de ese lapso se supera la superficie cultivada anteriormente, también habrá que abonar un canon. Quienes estarán exentos serán los agricultores familiares inscriptos en el Renaf (Registro Nacional de Agricultura Familiar), los pueblos originarios y los productores que facturen menos de la suma de tres monotributos de la máxima categoría, estén inscriptos o no.
“Agroindustria, a través de este proyecto, tiene por objeto principal la búsqueda del consenso mediante el diálogo en un marco institucional y democrático, luego de años sin una solución concreta. Esta reforma permitirá regularizar el mercado de semillas, transparentar todos los eslabones de la cadena de producción, y equilibrar los intereses de cada uno de los actores”, expresó la cartera que preside Ricardo Buryaile.
La palabra de las entidades La decisión trajo reacciones dispares por parte de la Mesa de Enlace, que representa al sector primario. Es que el monto máximo para no pagar regalías es de $ 1.800.000, lo que equivale a alrededor de cuatrocientas toneladas de soja y ochocientas de trigo, según los precios actuales en el mercado. En ese sentido, la Federación Agraria Argentina (FAA), que también elaboró un plan, fijó el monto a casi el triple al referirse a una producción de hasta 1.500 toneladas para uso propio no oneroso. “El proyecto oficial es bastante más restrictivo de lo que estamos proponiendo nosotros”, expresaron desde la entidad
. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en tanto, adhirió a FAA, aunque reconoció que se trata de “una negociación y todas las partes tenemos que ceder”. En esa línea, sostuvo que es “fundamental fortalecer los organismos como Inase y Conase así como incentivos de desgravación en la compra y procesos de investigación y desarrollo local”. En cuanto al conflicto con Monsanto, señaló que “la patente AR026994B1 podría ser nula, por defectos formales y por proteger un gen ya usado en Argentina con anterioridad (1996) a la solicitud en 2000”. Con esto, busca “proteger un gen no patentable por medio de una yuxtaposición”, al contrario de lo que ocurre con la legislación vigente.
