Entidades del agro y de la industria semillera abrieron ayer el debate acerca de las distintas posturas para la modificación a la ley de semillas en la Comisión de Agricultura de Diputados. La iniciativa desató una fuerte polémica en el sector agrícola cuando el Gobierno Nacional inició una pelea con Monsanto por el cobro por el uso de tecnologías que la multinacional ejercía ilegalmente sobre los productores en las terminales portuarias. Desde ese momento, el Ejecutivo designó al Instituto Nacional de Semillas (Inase) como único organismo con la potestad para aprobar métodos de control sobre las semillas, y presentó una propuesta para accionar en materia de pagos y derechos, que también despertó críticas.
En ese sentido, la Asociación de Semilleros (ASA) expresó que espera que la normativa oficial no se apruebe, ya que aseguran que de ser así “nos expondrán a un apagón tecnológico que nos desacoplará de la región y del resto de los mercados”.
Según el directivo de la asociación, Alfredo Paseyro, “la industria semillera espera una nueva ley que permita contar con un marco regulatorio moderno, que brinde previsibilidad a toda la propiedad intelectual contenida en la creación de nuevas variedades”, y se refirió al texto original, que cuenta con más de cuarenta años. “Bajo el marco actual, un productor que adquiere dos bolsas de semillas fiscalizada para sembrar una hectárea de soja en 2016, podría sembrar 1.360 hectáreas en 2018, sin necesidad de comprar ninguna bolsa”, expresó.
Hablaron las entidades Con una mirada similar, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas también emitieron críticas. “Defendemos el uso propio, debe limitarse a la semilla originalmente comprada. Esto parece poco, pero en realidad es mucho lo que resignamos”, dijo el coordinador de la Comisión de Granos, Roberto Campi, y advirtió que exigirá que los “derechos que otorgan las patentes a las tecnologías se agoten en la misma semilla”.
