Decenas de barcos extranjeros pescan a poco más de 200 millas náuticas de las costas argentinas y eso le representa una importante pérdida económica al país, aunque no se trate de una actividad ilegal. Según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), firmada en 1982, se reconoce como zona económica exclusiva (ZEE) de un Estado a un área situada más allá del mar territorial adyacente y que no puede extenderse más allá de 200 millas marinas (370 km). Por fuera de ese límite, son aguas internacionales y poco puede hacerse para evitar la pesca extranjera. Pero, aun así, no son pocos los buques pesqueros que cruzan ilegalmente.
Se dan entonces distintas situaciones. Por un lado, la pesca ilegal dentro de la ZEE argentina implica que el Estado se haga cargo de la captura de quien cometa el ilícito. Recientemente han aumentado las multas y se firmó un convenio entre la Armada y la Prefectura Naval por el cual en buques de la primera van embarcados prefectos y un inspector de la Subsecretaría de Pesca, que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Y en febrero de 2021 se creó el Comando Conjunto Marítimo, bajo dependencia orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que realiza las actividades de vigilancia y control con medios navales y aéreos.
Sergio Eissa, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UBA en defensa y seguridad internacional, dice que "ha disminuido" la cantidad de buques que ingresan al Mar Argentino. "Cancillería busca acordar con los países a los que pertenecen los barcos que no ingresen. El último buque chino que fue detectado, se entregó voluntariamente por una coordinación entre autoridades argentinas y chinas", dijo.
A esto se le suma la concentración: a 2022, el 70% de las exportaciones pesqueras argentinas corresponden a tan sólo 20 grupos empresarios, en su mayoría, de capitales chinos y españoles.
La segunda situación se da más allá de las 200 millas náuticas, en donde la pesca extranjera no es ilegal pero no hay mayor regulación para evitar la sobreexplotación que puede afectar a la vida marina. En ese sentido, a principios de marzo se presentó en las Naciones Unidas el primer acuerdo internacional legalmente vinculante de protección de alta mar, que colocaría el 30% de los océanos del mundo en áreas protegidas. Pero resta ver qué Estados firmarán dicho tratado y cómo se aplicará.
Asimismo, en 2016 Argentina extendió el lecho y subsuelo de las áreas submarinas más allá de su mar territorial, lo que significó la incorporación a la Plataforma Continental de 1.782.500 km² sobre los que el país mantiene soberanía. En otras palabras, el lecho marino es intocable sin autorización más allá de las 200 millas. Pero, aun así, hay buques que utilizan redes de arrastre que afectan el suelo marino y el Estado difícilmente puede actuar y chequear cada embarcación y la actividad que desarrolla.
Existe también una tercera situación que afecta a la actividad: la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Las autoridades británicas han otorgado licencias de pesca y, en 2021, se detectaron 149 embarcaciones, entre ellas 72 con bandera de Taiwán, 30 de Corea del Sur, 11 de España y 19 con bandera británica de Malvinas, que Argentina no reconoce.
El abogado y especialista en Intereses Marítimos Nicolás Tripicchio aclara que "la Convemar, deja abierta la posibilidad de extender el límite para proteger especies altamente migratorias, que es claramente nuestro caso. Ahí el problema es geopolítico: hay que negociar con Brasil, Uruguay y Malvinas. Nadie quiere reconocerle soberanía a Malvinas, entonces no se trata el tema". Por otro lado, agrega que Argentina podría secuestrar cargas y buques con licencias de pesca ilegales emitidas por las autoridades británicas, muy probablemente forzando el accionar del Tribunal del Mar y obligando al Reino Unido a responder ante la ONU. "¿Pero quién se anima a hacerlo? Se necesita voluntad y peso político porque te ganás una pelea contra China, España o Corea del Sur, los que más pescan en la zona. Entonces Argentina no hace más que protestar", opina.
Por otro lado, el Estado argentino difícilmente se enfrentaría a los pesqueros chinos, tanto a aquellos que reciben licencias para le ZEE argentina como a quienes las reciben de Malvinas o incluso a quienes pescan ilegalmente. ¿Argentina quiere pelearse con su principal comprador de agroindustria? Es más fácil mirar otro lado.
El problema, entonces, tiene muchas aristas, pero uno de los puntos más relevantes es que los asiáticos reciben fuertes subsidios de sus países para pescar en el Atlántico Sur, mientras que Argentina tiene una falta de pesqueros propios en la zona.
Eissa dice que "en los '90 se destruyó la industria naval y ahora perdemos por no tener pesca, no porque nos estén robando. Y no pescamos porque no tenemos pesqueros ni capacidad para competir con los grandes subsidios que esos países aportan a sus pesqueros".
