YPF, el cepo patriótico

4 de mayo, 2012

YPF, el cepo patriótico

(Columna de opinión del economista Iván Torre)

En mayo de 1982 Raúl Alfonsín escribió un artículo llamado “Malvinas, el cepo patriótico” en el que argumentaba que la causa Malvinas –y la guerra en curso– ponían un cepo a la necesaria transición democrática. ¿Cómo exigir un cambio de gobierno si la Junta Militar estaba llevando a cabo una verdadera gesta patriótica que los argentinos apoyaban con virtual unanimidad? Hoy en día se vive en la Argentina un clima similar, aunque de ninguna manera idéntico.

El Gobierno de Cristina Kirchner fue electo en elecciones libres y con el mayor porcentaje de votos desde que nuestro país volvió a vivir en democracia. Pero la legitimidad de una decisión de gobierno –la nacionalización de YPF en este caso– no impide hacer un paralelismo con el clima que se vivía hace 30 años. Al igual que entonces, el Gobierno toma una decisión que toca una vena sensible del sentimiento patriótico argentino: el manejo de los recursos hidrocarburíferos encarnado en la emblemática YPF.

El discurso público entonces se tiñe de celeste y blanco y se alinea rápidamente en función del eje patria-antipatria. De un lado se encuentran los defensores de la soberanía energética y la independencia económica. Del otro, están los lacayos de los intereses foráneos y los cipayos que desprecian ser argentinos y prefieren ser colonia extranjera. Una opinión contraria a la nacionalización recibe inmediatamente la acusación de “vendepatria”: hay un único camino hacia la plena soberanía energética y pasa por la nacionalización de YPF.

¿Esta medida ayudará a lograr el autoabastecimiento energético? La primera evidencia es histórica e indica que las dos oportunidades en las que el país logró satisfacer sus necesidades energéticas fueron, justamente, los dos momentos en que fue mayor la inversión privada en el sector: a principios de los años ‘60, gracias a la firma de los contratos petroleros hecha por Arturo Frondizi y durante los años ’90, gracias a la privatización parcial de YPF, anterior a la compra de la empresa por parte de Repsol en 1999.

Si la Historia nos deja una lección, entonces, es que el autoabastecimiento energético se logró, al menos en nuestro país, aumentando la participación de los privados y no reduciéndola. Pero con la Historia no alcanza. Mucho se ha hablado que el nuevo modelo de gestión de YPF no será el anterior a 1992 sino que será similar al de la afamada Petrobras. Pero, ¿cómo es que esa empresa brasileña llegó a ser lo que es? No fue precisamente porque el Estado avanzó sobre una empresa privada sino al contrario: Petrobras fue privatizada parcialmente y gracias a las inversiones privadas que esa medida atrajo, la empresa adquirió el colosal tamaño actual.

Por último, la experiencia reciente de gestión estatal de una gran empresa –me refiero al caso de Aerolíneas Argentinas– deja bastante que desear. El Estado ha gastado hasta ahora U$S 2.000 millones en financiar las pérdidas corrientes desde que fuera reestatizada en 2008. Lo que la Historia y la comparación con otras experiencias nos dejan es que no necesariamente una mayor presencia estatal garantiza el autoabastecimiento energético.

Los últimos años

Pero esta es sólo una parte de la cuestión. Si hasta principios de la década del 2000 el país se autoabastecía energéticamente, ¿por qué dejó de hacerlo en los últimos años?

Voy a responder brevemente al cínico argumento que fuera presentado en el Senado por el viceministro, Axel Kicillof, en respuesta a una pregunta de la senadora María Eugenia Estenssoro: primero de todo, el autoabastecimiento energético en los ’90 no se logró gracias a la desindustrialización del país (que habría, supuestamente, bajado la demanda energética, algo que los números desmienten) sino gracias al aumento en la producción hidrocarburífera y, en segundo lugar, la pérdida del autoabastecimiento energético no se debió a una demanda que crecía (la supuesta reindustrialización del país cuando, hoy en día, el porcentaje de la industria manufacturera sobre el PIB es prácticamente el mismo que en la década de los ’90) y una oferta que no reaccionaba, sino que se debió directamente a una caída en la oferta: esa curva descendente en la producción petrolera y de gas que en tantos PowerPoint oficiales ha sido expuesta.

La pregunta es válida porque sólo de un diagnóstico certero puede desprenderse una solución verdadera. El argumento detrás de la respuesta oficial es claro: YPF, la principal empresa hidrocarburífera del país, no invirtió lo suficiente, distribuyó sus dividendos en su totalidad y los remitió íntegramente a la casa matriz de Repsol. Esa descripción es absolutamente cierta: los números de los balances de YPF así lo demuestran. La posición oficial parte de allí y asume que, entonces, la única salida para recuperar la inversión en hidrocarburos es reemplazar al controlante privado –interesado exclusivamente en sus ganancias– por uno estatal –guiado por el interés general–. Pero lo que el argumento oficial omite es que el Estado juega un rol clave en cualquier actividad económica aun cuando no esté presente en forma directa en ella. El rol del Estado como regulador y único policymaker es permanente.

Así, cabe preguntarse tanto sobre la responsabilidad del Estado en la pérdida del autoabastecimiento energético en los últimos años como sobre si esta medida cambia la actitud que el Estado ha tenido en cuanto a política energética. El viceministro Kicillof expuso claramente los lineamientos de la política energética del Gobierno Argentino: disponer de combustibles baratos para la población y para la actividad productiva. La vía en la cual el Gobierno ha trabajado hasta ahora en lograr ese objetivo consistió en el congelamiento de tarifas, por un lado y el otorgamiento de subsidios, por el otro.

En cuanto al petróleo, se estableció un régimen de retenciones móviles que prácticamente congeló el precio del barril en U$S 42 desde hace unos años. Esto último es clave para entender el comportamiento empresarial. En efecto, al tiempo que en los mercados internacionales el barril de petróleo superaba los U$S 100, en el mercado interno argentino estaba congelado a menos de la mitad de ese valor. Lo que Repsol hizo con YPF siguió los principios básicos de la maximización de ganancias de una firma privada: un dólar de ganancias en YPF tenía más retorno si era invertido en otra filial en un país extranjero, donde el barril valía más de U$S 100 dólares, que si era reinvertido en la misma filial, donde el barril estaba congelado en U$S 42.

Esto es tanto verdadero hoy como lo era hace nueve años, cuando comenzó la administración kirchnerista. Nueve años de una política así equivalen a nueve años de remisión de utilidades al exterior para su reinversión en otros países y a nueve años de desinversión en el sector de petróleo y gas. Si el Gobierno hubiera deseado impedir esto, la nacionalización de YPF no debería haberse hecho ahora, cuando las importaciones energéticas son de U$S 11.000 M por año, sino hace varios años.

¿No se hizo porque no se pudo o porque no se quiso? Mi impresión es que se trata de lo segundo. La administración kirchnerista ha tenido una visión bastante particular sobre la actividad económica privada: los referentes oficiales han repetido una y otra vez la necesidad de contar con un empresariado “con sentido nacional” que apueste por el desarrollo del país y que esté comprometido con un proyecto. Esta es una idea que peca de ingenuidad: el compromiso principal de una firma privada es con sus accionistas y, por ende, con sus propias ganancias.

Cambiar eso se asemeja a la ambición guevarista de crear un “Hombre Nuevo” (aunque en este caso sería más apropiado hablar de un “Empresario Nuevo”) con una moral ajena al capitalismo. La realidad es que los empresarios brasileños invierten en Brasil no porque tienen “sentido nacional” sino porque les reditúa hacerlo. El caso argentino no es una excepción.

La pretensión de crear un “Empresario Nuevo” en una sociedad capitalista no es inofensiva: cuesta recursos y hasta vidas humanas. El desempeño del sector energético es ejemplo de lo primero: por más programas “Petróleo Plus” o “Refino Plus” que haya, si el precio interno del barril está congelado cualquier empresa reinvertirá sus ganancias allí donde pueda obtener un mayor retorno: las multinacionales, como Repsol, lo harán en otro país y las nacionales lo harán en otro sector de la economía. Vale la pena leer un artículo de Fernando Navajas publicado en el blog Foco Económico: allí se puede observar que, al menos en 2011, la caída en la producción hidrocarburífera fue común a casi todas las empresas del sector. YPF no se distingue del resto.

Por lo segundo –el costo en vidas humanas– me refiero a la tragedia de Once. El pésimo historial de inversión en mantenimiento de infraestructura y material rodante de TBA es consecuente con la política oficial en transporte: en un contexto en el que más del 70% de los ingresos de un concesionario provienen de subsidios otorgados en forma discrecional por el Gobierno, es lógico que dicha empresa destine sus ganancias a invertir en “relaciones públicas” con el poder político –esto es, a comprar un avión privado para el secretario de Transporte, como fuera el caso de Ricardo Jaime– y no en prestar un mejor servicio para los usuarios. El error de la política oficial ha sido pretender que los empresarios se comporten de una manera distinta a su naturaleza. La decisión de nacionalizar YPF marca un cambio en la estrategia oficial. La figura ascendente de Kicillof así lo representa: si los empresarios funcionan de una sola manera –maximizan sus ganancias–, entonces debemos reemplazarlos por el Estado.

Pero, ¿puede el Estado reemplazar satisfactoriamente a los privados en el sector energético? Ya expuse evidencia que arroja dudas sobre ello. La gran pregunta es quién hará las inversiones necesarias para extraer los recursos, por ejemplo, del yacimiento de Vaca Muerta, si el Estado Argentino carece de la tecnología y los recursos correspondientes. Más aún si la idea, como indicó el viceministro, es que haya combustible barato para todos en la Argentina. Aún no queda claro quién será. Lo que hay que esperar es que sea alguien.

(De la edición impresa)

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