La mitad de los niños menores de catorce años viven en situación de pobreza y esto debería ser inadmisible desde el punto de vista moral”, opina Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social de Cippec en diálogo con El Economista y agrega que “como sociedad estamos cubriendo más a los sectores acomodados que a los necesitados”.
¿Qué evaluación hace de los datos del Indec?
Es el sinceramiento de una situación que todos esperábamos, pero es un sinceramiento que hay que festejar porque no es menor poder saber dónde estamos, porque eso informa mucho sobre cómo hacemos para revertir esta tristísima noticia de que uno de cada tres argentinos vive en situación de pobreza. En segundo lugar, lo que se vio a partir del informe del Indec es algo que ya sabíamos, que es la concentración que existe en Argentina de la pobreza en los niños. Según los datos, la mitad de los niños menores de catorce años viven en situación de pobreza y esto debería ser inadmisible desde el punto de vista moral.
¿Cuáles son las políticas prioritarias?
Es necesario primero recordar que esta situación de pobreza va más allá del nivel de ingreso y, en ese sentido, la respuesta que se requiere es multidimensional. No puede ser un único sector o un único ministerio responsable de combatir la pobreza, sino que se necesita una labor articulada que va desde el Ministerio de Trabajo en la generación de empleo, hasta los ministerios sectoriales de Educación y de Salud brindando servicios sociales y, obviamente, una fuerte presencia de Desarrollo Social y de la Anses, que deberían articular mucho más fuertemente en la provisión del ingreso básico, pero sobre todo en el aseguramiento de estándares básicos de vida. Es evidente que la respuesta es compleja y no se va a dar de un día para otro, pero no por eso es menos urgente. Es importante resaltar que hay algunos factores institucionales que pueden ayudar a traccionar estas políticas, como puede ser el nombramiento del defensor del niño, figura se creó en 2006 con la ley que instauró el Sistema de Protección Integral a la infancia y que todavía no fue designado.
Mencionaba que como medida sería importante un “ingreso básico”. ¿Se refiere a ampliar las transferencias de recursos que ya existen?
No sé si ampliar, pero sí reformular. Hoy en Argentina las familias que tienen niños pueden percibir una transferencia por parte del Esado mediante tres vías. Una es la Asignación Universal por Hijo (AUH), otras son las asignaciones familiares contributivas que reciben todos los trabajadores formales con hijos y la tercera es una transferencia tácita que reciben los que pagan Ganancias y pueden hacer una deducción por cada hijo que tienen. El sistema que tenemos hoy es inequitativo, en primer lugar porque no cubren a todas las familias que viven en el país, sino que hay un cuarto que quedan afuera. Una parte chiquita de ese cuarto eran los monotributistas, que fueron incluidos, pero hay una gran parte que son familias que estarían en condiciones de recibir la AUH y no lo hacen por cuestiones administrativas ?por no tener el documento, por vivir en zonas alejadas? y pertenecen al 40% más pobre de la sociedad. Además de ser un sistema fragmentado es inequitativo en términos de lo que se transfiere, porque una persona que puede hacer una deducción del impuesto a las ganancias puede hacerlo hasta $21.000 por año, que es casi el doble de lo que puede llegar a recibir una persona que cobra la AUH, con $966 por mes. En definitiva, como sociedad estamos cubriendo más a los sectores más acomodados que a los más necesitados.
¿Cuáles son los obstáculos más rígidos?
Hay una cuestión fundamental que es el financiamiento. La infancia en términos generales no tiene un fondo de financiamiento garantizado y esto obstaculiza la generación de políticas específicas que puedan contribuir a revertir esta situación. Sí lo hay con educación, el 6% del PIB asegurado con la Ley de Financiamiento Educativo, que igual no es que se cumpla a rajatabla, pero es un avance importante. A partir de este ejemplo se podría impulsar la creación de un fondo específico para la infancia, que debería ser coparticipable también.
Observando las políticas en marcha, ¿qué se puede esperar?
Es un desafío. Hay una buena noticia, que es que este Gobierno priorizó al menos la primera infancia, que son dentro del grupo de la infancia quienes más postergados están. De todos modos, el Plan Nacional de Primera Infancia debería ser articulado con otras intervenciones como la reforma en las transferencias, la ampliación de las licencias por paternidad, intervenciones desde el sector de salud y la reversión de la situación de mala alimentación que tenemos en nuestro país.
A veces se dice que es difícil monitorear las políticas sociales. ¿Es así?
Coincido con esa premisa, pero sobre todo por las cuestiones estructurales que tenemos en Argentina. En el país no existe ni una agencia nacional de evaluación, ni una cultura de hacer monitoreos sistemáticos a las políticas, ni un sistema de información y menos unificado. Hay registros aislados de distintos programas, ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social tiene un registro unificado y eso dificulta muchísimo la gestión concreta y termina obstaculizando que los programas logren su cometido. Ese sería un valor más que podría traer la figura del Defensor del Niños, que tiene una función específica destinada a monitorear las políticas dirigidas a la infancia.
