(Artículo de Rodrigo Alvarez Litre, economista jefe de Ecolatina)
Después de meses en los que se respiraba sólo política, la economía vuelve a dominar la agenda pública. Es lógico, está llegando la factura de años en los que las correcciones de fondo se pospusieron en el afán de construir un capital político. Logrado el 54% de apoyo en las urnas, el Gobierno ha reaccionado atacando lo urgente: la fuga de capitales y el creciente desequilibrio en las cuentas públicas. Ninguno de los problemas es nuevo. Basta sólo mencionar que desde 2006 se han fugado más de U$S 82.000 millones y los subsidios han crecido al 50% anual. La dominancia política tuvo otros costos. La salida de capitales ha restringido el financiamiento de la inversión y el esquema de subsidios ha generado empresas semipúblicas con escasa independencia financiera. En este marco, previsiblemente las inversiones fueron insuficientes y la oferta de servicios públicos siguió siendo deficiente, en calidad y cantidad.
La poda de los subsidios es un avance en la dirección correcta: parece ser selectiva, contribuye al ordenamiento de las cuentas del Estado y estimula la racionalidad en el uso de la energía. Además, aunque las subas pueden resultar alarmantes, el impacto en el costo de vida debería ser manejable. Es obvio que al disminuir el ingreso disponible de las familias, hay que esperar cierto impacto en el consumo. El timming no es el mejor. En un contexto de rápida desaceleración global ningún ajuste es deseable. Lamentablemente, hoy se tiene que elegir el mal menor. La medida ratifica que el Gobierno, con estilo propio, busca cierto ordenamiento. La economía es y será su base de anclaje para 2013, primero, y 2015 después.
No constituye una señal aislada. El nivel de confrontación ha bajado, es notorio el acercamiento
con los empresarios y parecería estar apostando a una moderación en la carrera entre precios y salarios. También está buscando la sintonía con los Estados Unidos, clave si aspira al financiamiento externo. El tiempo dirá si se trata de un baño de racionalidad o de pragmatismo puro.
En este marco, preocupa cómo se atacó la fuga de capitales. Imponiendo la obligación de contar con autorización de la AFIP para comprar dólares, el Gobierno traspasó una barrera delicada. En una apuesta fuerte, se buscaba evitar que el Banco Central siguiera perdiendo reservas sin subir el tipo de cambio (TC). Si bien nadie puede estar en contra del combate a la evasión fiscal, el problema está en las señales. Reconoce públicamente que existe un problema y, en consecuencia, genera la “sensación” de que el dólar es un bien escaso a los precios del mercado formal. Además, la falta de criterios transparentes y las pocas autorizaciones por parte de la AFIP no hacen más que alimentar las suspicacias. Hay elementos objetivos para ser escépticos. El excedente de dólares comerciales, la oferta, es cada vez más reducida y la demanda se mantiene firme, no sólo por la fuga sino también por el uso de reservas internacionales para afrontar los compromisos en dólares del Estado. El previsible daño colateral está siendo el retiro de depósitos en dólares.
En octubre el BCRA había perdido en promedio U$S 53 millones diarios de reservas, monto que se duplicó después de la restricción. El Gobierno logró vender menos divisas al público pero la fuga de depósitos siguió golpeando al Central a través de la baja en los encajes. El balance es muy negativo. Las reservas ya se ubican en U$S 46.000 millones y probablemente a fin de año no superen los U$S 44.000 millones. Prácticamente el mismo nivel que hace 4 años, pero con el doble de pasivos monetarios a respaldar.
Precisamente la ventaja de un esquema de tipo de cambio flexible es que se pueden proteger las reservas, administrando la suba del TC y sin recurrir a la represión de la demanda. Rendido ante las evidencias, el giro táctico fue llevar tranquilidad al sistema financiero garantizando el aporte de todos los dólares depositados. No había otra alternativa. Sin embargo, debajo de la superficie las presiones se redoblaron. La orden para las empresas con activa participación en el comercio exterior es dejar de comprar dólares “por un par de semanas”: frenar las importaciones y posponer las transferencias de divisas al exterior. La pregunta obvia es qué va a pasar cuando venza ese plazo. De igual modo se operó sobre el dólar blue con el imperativo de que la divisa cotice a $ 4,50. La meta es bajar el spread con el mercado oficial, que superó 20% la semana pasada. La intervención logró su objetivo: bajar la cotización y también el volumen de las operaciones. Es lógico, muchos quieren comprar, pero son pocos lo dispuestos a vender a esos valores.
En el corto plazo este tipo de políticas puede restringir la demanda, pero hay que tener en claro que también lo hace con la oferta. El clima de inversión difícilmente puede escapar ileso frente a estas medidas. Para revertir este escenario de desconfianza es necesario terminar con la ambigüedad. Seducir siempre termina siendo más eficiente que reprimir. Por caso, la inflación creció a la sombra de los controles de precios. Es por ello que frenar la fuga requiere comenzar a trabajar en los cimientos mediante las señales correctas para atacar las expectativas y luego ratificarlas con acciones concretas. No sirve seguir atacando sólo las consecuencias de los problemas. Un buen punto de partida es acotar el ritmo de expansión de las variables nominales mediante la articulación de consensos entre las empresas, los trabajadores y el Estado. Se debe dar la señal de que los precios y salarios van a converger al ritmo de suba del tipo de cambio y no al revés. Lógicamente, luego habrá que plasmarlo en las paritarias. La política fiscal y la monetaria deben contribuir, aportando consistencia con estos objetivos.
En primer lugar, se debería explicitar cómo se cubre la brecha de financiamiento en dólares de 2012. Además, el gasto debe reducir su ritmo de crecimiento y la política monetaria debe generar los incentivos para restablecer la demanda por ahorro en pesos. Lógicamente en este proceso debe protegerse el financiamiento para la inversión, que puede resultar dañado en un escenario de reacomodamiento monetario. El desafío es mayúsculo, pero el Gobierno tiene todos los instrumentos a su alcance y el apoyo político para afrontarlo.
(De la edición impresa)
