La Justicia realizó hoy varios allanamientos en el marco de una causa en la que se investigan tres denuncias contra la organización Generación Zoe en la ciudad cordobesa de Villa María, detuvo a una persona y emitió orden de captura de otras ocho por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
De acuerdo a la información oficial suministrada hasta el momento, la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, ordenó la detención de Gabriela Álvarez.
En tanto emitió el pedido de captura internacional del titular de la compañía espiritual Generación Zoe, Leonardo Cositorto, además de las de Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez.
- Los procedimientos se realizaron a partir de denuncias por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema “ponzi” o “piramidal”, que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.
La sede de Generación Zoe se encontraba cerrada esta semana, en tanto en los últimos días los clientes venían reclamando por las demoras en el pago de utilidades.
Días agitados para Cositorto
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó el pasado 11 de febrero por supuestas maniobras de estafa a Cositorto, y solicitó una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
- El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo e incluye referencias a una denuncia derivada por el ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y a otra que desató primero una investigación por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching”.
Allí se señaló que el objetivo del holding era “captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan sólo invirtiendo 1.000 dólares”.
La misma denuncia detallaba que como contrapartida de la inversión inicial se prometían “ganancias superiores a los 100.000 pesos mensuales sin hacer nada” y que para quienes no pudieran invertir debían “captar a 5 o 10 víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”.
- También se señalaba en la presentación judicial que, a los fines de atraer inversores, “Leonardo Cositorto promete respaldar las operaciones con oro, aseverando ser propietario de una mina ubicada en la provincia de Jujuy”, según surge del requerimiento de instrucción.
Días atrás, se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia efectuada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).
Esa ONG tiene un área de legales que desde hace tiempo que sigue "las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables”, según fuera oportunamente informado a través de un comunicado.
"Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como 'Esquema Ponzi' o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado", señalaron entonces desde la ONG Bitcoin Argentina cuando presentaron una denuncia contra Generación Zoe ante la Procelac.
La denuncia apuntaba a “la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".
La ONG Bitcoin Argentina es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain y que en aquel comunicado puntualizó que "uno de los objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain".
