Finalmente, se aprobó la ley del arrepentido
Se agregó a última hora y fue el primer tema a tratarse en la maratónica sesión. Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que incluye la figura del arrepentido en causas de corrupción. Se ratificaron, a su vez, las modificaciones agregadas por el Senado en la revisión. Así, el Gobierno contará dentro de menos de diez días, con una iniciativa que creen puede ayudar a destrabar varias causas de corrupción. La figura ya existe para otros tipos de delitos, como el narcotráfico y el lavado de dinero.
Alrededor de las 13, y con un vacío importante en el recinto por el paro de mujeres que se desarrollaba en las afueras del palacio, 135 escaños respaldaron, por segunda vez, uno de los proyectos anticorrupción impulsados por la cartera de Seguridad. La iniciativa fue presentada en la Cámara Baja a mediados de abril, pero fue aprobada por los diputados recién el 23 de junio, donde recibió 193 votos a su favor y apenas cinco votos negativos. A partir de ese momento, el proyecto sufrió otra etapa de dilatación. Apenas arribó al Senado fue duramente cuestionada por los legisladores de la oposición, que integran la mayoría de la Cámara. Llegó en su momento, acompañada por el proyecto de extinción de dominio, que sigue demorada y sin fecha de tratamiento. El 9 de septiembre fue aprobada por 57 bancas pero, al haber sido retocada debió regresar a Diputados, donde fue finalmente aprobada, ayer, sin rechazos.
Los puntos principales del proyecto establecen que el acusado que decida ingresar al régimen podrá verse beneficiado con hasta quince años de reducción en la pena, y se le agregarán de cuatro a diez si la información brindada es falsa. El tiempo en el cual la persona podrá arrepentirse, deberá ser desde el momento en que es imputado hasta que esa causa es elevada a juicio. Tiene que ser exclusivamente de un hecho del que haya sido parte, y contra involucrados con mayores o iguales responsabilidades. A su vez, el imputado que brinde información estará alcanzado por las disposiciones del Programa Nacional de Protección de Testigos.
Asimismo, el Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto que penaliza el desvío de precursores químicos a la producción legal de estupefacientes.