4 diciembre de 2025
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El Gobierno avanza con la primera privatización audiovisual de la era Milei: el INCAA abrirá en los próximos días la subasta para vender CineAr TV y la plataforma CineAr Play, con el objetivo de adjudicarlas en abril de 2026.
- La medida busca reducir gastos por US$ 1 millón anual y obtener ingresos adicionales por derechos de exhibición, sin necesidad de una ley específica para su ejecución.
El proceso se habilitó tras el Decreto 821/25, que revirtió la transferencia de CineAr y CineAr Play a Contenidos Artísticos e Informativos. Con esa decisión, ambos medios volvieron al INCAA, que quedó facultado para llevar adelante su privatización. CineAr TV registró 150.000 espectadores en Flow en lo que va del año, mientras que CineAr Play cuenta con más de 3.000 películas argentinas y 2,6 millones de usuarios registrados.
La reestructuración se suma al fuerte ajuste del organismo: el INCAA pasó de 770 empleados a unos 200, incluida la reducción del personal de CineAr, que cayó de 50 a solo 10 trabajadores. Desde su llegada, la gestión libertaria sostiene que eliminó un déficit anual de US$ 2 millones y que acumula un excedente cercano a US$ 30 millones, invertido en títulos públicos, lo que generó críticas por presunta subejecución del fondo de fomento.
El anuncio de privatización ya había provocado un duro conflicto con la industria del cine en septiembre, cuando entidades como DAC, CAIC y Argentores denunciaron el cierre y privatización de "la única vía gratuita para acceder al cine nacional".
- Las organizaciones advirtieron que la medida profundiza el deterioro del sector y señalaron el recorte de políticas que históricamente sostenían la producción audiovisual.
El impacto ya se refleja: la producción nacional cayó de 241 largometrajes en 2023 a poco más de 200 este año, y se espera una curva aún más descendente. Según cifras oficiales, de las 205 películas estrenadas en 2025, 50 no recibieron apoyo estatal y apenas 14 se filmaron bajo la nueva normativa del INCAA. La privatización de CineAr promete tensar aún más la relación entre el Gobierno y la industria, que acusa un proceso de desfinanciamiento estructural.
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