La alianza del peronismo Frente de Todos pidió hoy a la justicia que deje sin efecto la contratación de la empresa Smartmatic para la transmisión y contabilización de los resultados provisorios en las PASO del domingo, los comicios generales del 27 de octubre y una eventual segunda vuelta el 24 de noviembre.
A través de apoderados, entre ellos el abogado Jorge Landau, y “para que no se torne ilusorio el derecho de la ciudadanía y los partidos políticos a elecciones transparentes”, el frente reclamó a la jueza federal María Romilda Servini una medida cautelar ordenando el “apartamiento inmediato” de esa firma del proceso electoral.
El objeto de la acción de amparo contra el Estado Nacional, el Correo Oficial de la República Argentina y Smartmatic International Holding B.V. es que “se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización los resultados provisorios, desde un centro especialmente equipado en cada local de votación -Centro de Transmisión Electoral (CTE)”.
Según el FdT, “la implementación del servicio contratado lesiona, restringe y altera en forma actual e inminente derechos y facultades de los partidos políticos representados en la alianza, sus legisladores, afiliados y los candidatos que competirán en las elecciones referidas”.
A lo que agregaron que “la contratación por parte del Correo Argentino S.A. de la empresa Smartmatic para la implementación del nuevo sistema de digitalización y transmisión, afecta los derechos de toda la ciudadanía a la información y a participar de una elección transparente, que genere certeza sobre los resultados y, por tanto, la legitimidad de la autoridad de los representantes que resulten electos”.
En forma subsidiaria, solicitaron que “se ordene al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio del Interior de la Nación, Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino S.A. y Smartmatic no alterar directa ni indirectamente, ni demorar ni suspender el envío y/o recepción desde los centros de votación hacia los centros de procesamiento de los telegramas confeccionados por las autoridades de mesa”.
Asimismo, según el texto,"para asegurar la transparencia del proceso" se pidió la designación de “interventores, veedores judiciales”, para que presencien “todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías”.
Y se exhortó a “entregar a las fuerzas políticas con suficiente antelación, la documentación que acredite los procedimientos y los componentes de software y hardware que se utilizarán tanto en el proceso de digitalización y transmisión de telegramas como en el de recuento provisorio”.
“Es necesario ?consignó la demanda- contar con todos los dispositivos físicos y virtuales (direcciones MAC e IP) que intervienen en el proceso”, con firma responsable, lo cual “debe ser presenciado por los fiscales informáticos de las agrupaciones políticas”.
La demanda cuestionó que para las elecciones de 2019 se “utilizarán dos sistemas diferentes que ha contratado a la misma empresa Smartmatic: uno de digitalización y transmisión de telegramas desde los centros de votación, y otro en los centros de procesamiento del Correo Oficial para el recuento provisorio de resultados.
La alianza concluyó que “el dato que llega para su carga no es el archivo original, sino que sufre una transformación en la transferencia de un sistema a otro, lo que hace imposible constatar la integridad y la trazabilidad” del verdadero.
“Es conocida la mala reputación de la empresa Smartmatic alrededor del mundo, denunciada por irregularidades de los servicios que prestó en las elecciones en las que intervino en Filipinas, El Salvador, Uganda y sospechas en Bélgica”, consignó el escrito tras repasar detalles de la contratación.
El Gobierno, según los demandantes, “dispuso la utilización de un sistema nuevo, contratado a una empresa denunciada por manipular sistemas informáticos de elecciones, que sigue siendo modificado y corregido, que no fue auditado por las agrupaciones políticas, para la elección de las más altas magistratura del país”.
“Otro de los puntos que es altamente preocupante es que el Correo Argentino habría contratado de manera temporaria un número indeterminado de ciudadanos, unas 12.000 personas, las que estarían afectadas a las distintas tareas relativas a la transmisión digital de los telegramas”, pero “sin ningún tipo experiencia en la tarea”, agregó.
La acción de amparo, un escrito de medio centenar de carillas, fue firmada por el equipo de abogados integrado por Landau, Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft, Graciana Peñafort y Gerónimo Javier Ustarroz.
